Información de Xavier González
El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista Tamara Dávila pasaran hasta 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial Ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores tildándolos de “traidores de la patria”.
El exdiputado sandinista Yasser Martínez tiene toda una historia de enredos judiciales por incumplimientos de contratos de construcción o pagos bancarios.
Una fuente que conoce de cerca las andadas del también expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), facilitó a Articulo 66 las pruebas del caso que enfrentó a una de las empresas que estarían relacionadas con el exlegislador, contra las autoridades de la Universidad Centroamericana (UCA) por un contrato incumplido.
De acuerdo con el contrato que facilitó la fuente, en el año 2014, la asociación momentánea de construcción entre las empresas identificadas como Conedca-Cocisa, representada por Edgar José Sánchez Sosa y el rector de la UCA, padre José Alberto Idiáquez Guevara, firmaron un contrato para la construcción del edificio de informática de dicha casa de estudios superiores.
Según la fuente, Sánchez Sosa es hermano de la esposa del exdiputado.
Ese contrato fue por un monto de 18 millones, 728 mil 144 córdobas, de los cuales Conedca-Cocisa recibió un anticipo del 30 por ciento y la obra debía ser culminada en un plazo de 210 días calendarios.
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Las autoridades de la UCA fueron consultadas al respecto, y en una nota hecha llegar a esta redacción, las autoridades indican que efectivamente hubo un incumplimiento de contrato y un proceso administrativo que ya fue resulto.
Yasser Martínez saliendo de la Asamblea Nacional cuando todavía era diputado. Foto: La Prensa.
“Mediante licitación pública, en 2014 se adjudicó la construcción de un nuevo edificio para oficinas de la Dirección de Informática de la Universidad Centroamericana (UCA) a la Asociación Momentánea CONEDCA-COCISA, entre cuyos representantes legales, de acuerdo a documentos presentados por el adjudicado, no figura el Sr. Martínez”, dice la nota de la universidad.
“En efecto hubo un incumplimiento en los plazos de ejecución del contrato, por lo cual la UCA demandó el pago de las fianzas de cumplimiento y adelanto. Después de un proceso de arbitraje y de apelación del resultado arbitral por parte de CONEDCA- COCISA, la Corte falló a favor de la UCA y la afianzadora procedió con el pago de las fianzas a la Universidad”. Explicaron las autoridades universitarias.
En la respuesta oficial de la UCA a nuestra consulta, la universidad deja claro que el incumplimiento fue pagado y que en este momento ya “no existe ningún proceso pendiente o actuación legal en marcha con relación a este caso”, aclaran.
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Este contrato fue incumplido y las empresas supuestamente relacionadas al exdiputado, fueron demandadas por la vía administrativa ante la Dirección General de Contrataciones del Estado, y el caso fue radicado con el número de expediente DGSE-UN 132605-15 y procesado por incumplimiento de contrato.
El abogado que representó a la parte demandada fue Alejandro César García Tijerino, se trata del mismo abogado que ha aparecido como representante jurídico de la empresa Emdeco, la constructora en la que es socio el hermano de Yasser, Jenner Martínez Montoya y que se vio envuelta, en el 2014 en un escándalo de tráfico de influencias dentro del Estado para obtener contratos tanto en la Alcaldía de Managua como en el Ministerio de Educación, institución estatal al que también esa empresa le incumplió un contrato de más de 48 millones de córdobas.
Artículo 66 contactó al abogado García Tijerino, pero en cuanto el periodista se identificó y le explicó que “estamos buscando su versión sobre un tema”, inmediatamente el representante legal de CONEDCA-COCISA, dijo en tono airado que “no puedo hablar”, e inmediatamente colgó el teléfono, sin siquiera dejar espacio a que se le dijera cuál era la razón de la consulta.
De enredo en enredo
El exdirigente estudiantil no ha dejado de meterse en dificultades, según indicó la fuente, pues además del problema con el Ministerio de Educación en el que fue señalado por incumplir con la construcción de cinco escuelas rurales, también se vio envuelto en una demanda legal que terminó en subasta de dos de sus casas, por una entidad bancaria.
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La subasta fue pública, se trató de dos casas en zonas residenciales, una de ellas ubicada en residencial La Ermita, en Esquipulas y fue subastada con un precio base de 105 mil 641 dólares. Se desconoce cuál era el precio real de la casa ni en cuanto fue vendida finalmente, pero de acuerdo con lo que se acostumbra en las subastas, ese precio era solo un porcentaje con que es tasado el bien como precio base para iniciar la puja durante la venta al martillo. Es decir, el precio real del bien puede ser mayor.
La otra vivienda, también en zona residencial exclusiva que perdió el exdiputado por incumplimiento de pago con un banco, está localizada en Valle Santo Domingo, en las cercanías de Las Colinas, y su precio base fue de 87 mil 49 dólares, también es solo un porcentaje para iniciar la subasta. El precio de dicho inmueble podría ser mucho mayor.
