El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó este viernes en la lista de delincuentes internacionales a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y considerado el predilecto de Rosario Murillo.
Artículo 66 te presenta las razones que motivaron a la Casa Blanca a imponer el castigo al «Chigüín», quien se perfilaba como el «sucesor» de la dinastía. El heredero del trono de los Ortega Murillo.
Juan Carlos Ortega se lanzó a las calles cómo «líder político» en novimebre de 2019 con el llamado «Movimiento 4 de Mayo». Su debut lo hizo en un «piquete exprés ligth», rodeado de su club de amigos y su nueva pareja, la exreina de belleza Xiomara Blandino, en las afueras del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), por la noche y rodeado de escoltas.
Juan Carlos, en ese momento, leyó una diatriba que a penas se le entendió. Amenazó a los empresarios y ofreció balas a quien se atreviera a desafiar su reinado. Para ser su lanzamiento, en realidad generó más pena que gloria.
Al lanzarse al ruedo político, desde el año pasado, y perfilarse como el «ungido de papi y mami», Juan Carlos Ortega ya había reactivado las posibilidades de que la Casa Blanca lo fichara como delincuente internacional. Aunque también ha hecho méritos delictivos para eso.
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Ortega Murillo tiene un amplio historial de corrupción y tráfico de influencias, compra de bienes con dinero venezolano, que ha sido manoseado a sus anchas por el círculo de poder del orteguismo; usar fondos públicos para costear sus aficiones cinematográficas y ordeñar los presupuestos de las instituciones para engordar su empresa audiovisual con millonarios contratos publicitarios, producción de videos y publicidad en buses.
El protagonismo del «Chigüín» parece responder a la estrategia política del dictador Daniel Ortega, que a sus 74 años busca concentrar el poder de Nicaragua en su familia y asegurarse un relevo en la presidencia. En uno de sus últimos videos, Ortega Murillo se esfuerza por imitar la voz vetusta y cansada de su padre.
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Previo a las sanciones contra Juan Carlos, la exguerrillera y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Dora María Téllez, lo perfilaba como el sucesor de Daniel Ortega en el poder, dado que los relevos establecidos ya habían sido afectados gravemente con las sanciones impuestas por Estados Unidos, como es el caso de Rosario Murillo, Laureano y Rafael Ortega Murillo.
«Juan Carlos tiene la característica de un parecido físico con su padre y eso creo yo que lo están buscando deliberadamente, además le agregan su relación con Xiomara Blandino que fue una reina de belleza y ellos quieren vender el paquete de Juan Carlos junto a esta exreina de belleza que en su época tenía gran cantidad de seguidores», señaló la opositora después del lanzamiento del “Movimiento 4 de Mayo”.
Corrupción para los caprichos de «El Chigüín»
El fundador del Movimiento Sandinista 4 Mayo, es aficionado al rock y es miembro de un grupo musical de ese género, pero además se declara un aficionado del cine. En el 2015 el Instituto Niaragüense de Turismo (INTUR) desembolsó 400 mil dólares para el rodaje de una película llamada «Drunk Wedding» (boda borracha), a cargo de la productora de cine Paramount Pictures de Hollywood.
El INTUR propuso a Paramount Pictures invertir en el filme con la condición de que Juan Carlos Ortega participara en la producción, con el pretexto de «promover el turismo en Nicaragua».
La película fue un fracaso taquillero y solo recaudó un poco más de 3 mil dólares de los 400 mil invertidos, sin incluir los gastos de boletos y hospedaje de 70 actores que formaron parte de la película grabada en las playas del pacífico de Nicaragua.
Compra del canal 8 con dinero venezolano
En enero de 2010, tres años después de tomar el poder, la dictadura de Daniel Ortega desembolsó al menos 10 millones de dólares para comprar el Canal 8, que era propiedad del ya fallecido Carlos Briceño. El medio de comunicación fue adquirido con dinero proveniente de la cooperación venezolana a Nicaragua y manejado a manos llenas y sin ningún tipo de rendición de cuentas por el círculo económico de Ortega.
El canal 8, incluso fue concebido en sus inicios como una filial de la cadena venezolana chavista Telesur, de la cual el mismo Juan Carlos Ortega también es directivo.
Tras la compra, Ortega Murillo asumió la dirección del canal de televisión, mientras que su nueva compañera sentimental Xiomara Blandino funciona como “subdirectora”. El canal 8 saca jugosas ganancias en contratos de publicidad de instituciones públicas, de los cuales también mantienen en secreto los procesos licitatorios que por ley deben hacer.
En el 2018, según el Programa Anual de Compras del Estado, en 46 instituciones gastaron un total de 131,760,835 córdobas en publicidad. Las cinco entidades que más gastaron en este rubro fueron el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), Telecomunicaciones y Correos (Telcor), y en la quinta posición la Lotería Nacional.
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De estas instituciones, la única que publicó una resolución de adjudicación por “contratación simplificada” fue la Lotería Nacional. La entidad repartió 6.2 millones de córdobas, entre los canales 2, 4, 6, 8, 13 y Radio Ya.
Solo el canal 8, que administra Juan Carlos, recibió 3,500 dólares en concepto de pago por servicio de publicidad. El contrato establecía un total de 42 spot que se transmitirían durante la programación regular de la televisora.
La maquinaria que chupa el presupuesto publicitario de las instituciones
Entre el engranaje de empresas del hijo preferido de Rosario Murillo también está la empresa de publicidad Difuso Comunicaciones S.A, misma que fue sancionada este viernes por Estados Unidos. La compañía se encarga de realizar la producción audiovisual de todas las instituciones del Estado.
Aunque en Nicaragua está prohibido el uso de drones, según una resolución ilegal de Aeronaútica Civil, Difuso Comunicaciones S.A es la única empresa de publicidad que tiene el privilegio de usar este tipo de sistema aéreo para filmación, lo que le permite una amplia ventaja competitiva en el mercado, en comparación a otras empresas de publicidad.
«El Chigüín» no solo ofrece espacios en televisión, porque su empresa Difuso Comunicaciones S.A también brinda servicios de publicidad en las traseras de las unidades de Transporte Urbano Colectivo (TUC), que le deja millonarias ganancias a través de los contratos con entidades del Estado.
Este monopolio le otorga el poder a Difuso de decidir a qué clientes les brinda el servicio y quién no, de acuerdo con el contenido de la publicidad que desean mostrar. Además, sus precios no tienen competencia en el mercado publicitario.
En el reporte presupuestario del gasto del 2018, de las 46 entidades que reportaron gastos en publicidad, tres instituciones declararon en el Sistema de Contrataciones Administrativas del Estado (Siscae), el alquiler de traseras de buses para ubicar publicidad.
El Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) gastó en ese rubro 450,000.00 córdobas, la Lotería Nacional, 149,847.39 córdobas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) con 126,200.00 córdobas.
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Según el Siscae, la contratación de una trasera de bus por un mes es de 293.25 dólares. En la resolución de adjudicación 176-2019 de la Lotería Nacional, el equipo detectó que se le otorgó como proveedores de este servicio a Difuso Comunicaciones S.A. por un monto de 2 mil 346 dólares y a Tatiana Nadina Álvarez Ruiz por 2 mil dólares, ambos con IVA incluido, generando un total de 4 mil 346 dólares.
Más canales de televisión y radio
Además, el predilecto tiene en su poder otros medios de comunicación televisivos y radiales. Se trata del canal 22 de televisión, que lleva el mismo nombre de su productora audiovisual (Difuso), donde presenta programas infantiles y comedia. Asimismo es propietario de Radio Rock Fm y Radio Uno.
En agosto de 2018 catorce senadores y congresistas enviaron una carta al presidente de Estados Unidos Donald Trump, solicitándole que investigue y ponga en la lista negra de la Ley Magnitsky a los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Laureano Ortega y Juan Carlos Ortega.
En dicha carta los legisladores señalan que los hermanos Ortega-Murillo son corruptos y violadores de derechos humanos. Juan Carlos, es señalado por la adquisición de medios de comunicación con el dinero de los nicaragüenses y con los fondos provenientes de la cooperación venezolana. El documento se refiere específicamente a la compra turbia del canal 8 de televisión.
