Ante la difícil situación que se vive en la frontera sur entre Costa Rica y Nicaragua, donde hay más de 500 nicaragüenses trancados e impedidos de ingresar a su país, la organización costarricense «Fundación Arias para la Paz» dio a conocer a la plataforma digital Nicaragua Investiga que donarán pruebas de COVID-19 para aplicarlas a los compatriotas.
De acuerdo con la información brindada por la directora de la Fundación, Lina Barrantes Castegnaro, la realización de los test se hará «solamente para las personas que están en la línea fronteriza desde hace dos semanas» y que el espacio que utilizarán para hacerlas será en la frontera de Peñas Blancas.
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Barrantes también agregó al sitio multimedia Nicaragua Actual que entregarán 500 pruebas de COVID-19 y señaló que la clínica bíblica dejó el precio en menos de 60 dólares y actualmente se está haciendo un censo de cuántos niños, adultos y mujeres están en el grupo y los que salgan «positivos y tengamos que someterlos a cuarentena» serían trasladados a un albergue para que pasen la cuarentena.
A la vez, indicó que la organización está recibiendo apoyo de la Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica y sin dar más detalles manifestó que en las próximas horas brindarán información sobre la donación.
La negación del gobierno de Nicaragua de no permitirles el ingreso a los connacionales los ha obligado a permanecer por casi diez días, en el puesto fronterizo, en condiciones precarias, durmiendo en la intemperie, sin alimentos, con sed, aguantando sol y lluvia.
El régimen Ortega Murillo basa su decisión con que los nicas procedentes tanto de Panamá, Guatemala y Costa Rica no presentan un certificado de COVID-19 negativo, un test que el Ministerio de Salud (Minsa) está vendiendo a $150, un dinero con el que los compatriotas no cuentan ante la situación de desempleo, crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus a nivel mundial.
Este martes, 29 de julio, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, cuestionó la decisión del régimen orteguista al negarles el ingreso a sus ciudadanos, que está siendo denunciada hasta por organismos internacionales de derechos humanos.
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«No hay país creo yo, y hay que validarlo, que no entienda que la obligación que tiene en derechos humanos es de ayudar a los connacionales», indicó el empresario a la vez pidió a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que done pruebas de COVID-19 al Gobierno de Costa Rica para que se las realicen a los más de 500 nicaragüenses varados en la zona fronteriza.
«Al parecer el gobierno de Nicaragua no tiene el recurso y la capacidad para hacer gratuitamente estas pruebas, ahora que tienen bastante (…) Por eso, hacemos un llamado a la Organización Panamericana (OPS) a que pueden hacer donación de 500 o 600 pruebas para estas personas y que si se pudiera hacer esta donación al Gobierno de Costa Rica para que se pueda hacer esta gestión y de esta manera se le dé respuesta a esta crisis», señaló el empresario.
Hasta el 28 de julio, el régimen orteguista reconoce 3,672 casos confirmados, 116 fallecidos y 2,731 recuperados. Sin embargo, fuera de esa lista hay centenares de denuncias de ciudadanos que afirman que sus familiares fueron víctimas del virus, pero que la institución ordenó colocar otro diagnóstico en la epicrisis aunque mandó a que se realizara el entierro de forma exprés y en caja sellada.
