En su comparecencia semanal, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, pidió a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que done pruebas de COVID-19 al Gobierno de Costa Rica para que se las realicen a los más de 500 nicaragüenses que tienen más de una semana de estar trancados en la frontera de Peñas Blancas por la negación del régimen Ortega-Murillo de permitirles el ingreso.
Los opositores Nelson Lorío, padre del niño Teyler Lorío, menor de año y medio asesinado en la represión de 2018 presuntamente por agentes policiales, y el exatrincherado Balbino Colleman fueron encerrados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote en Managua. El régimen los señala de robar un vehículo, aunque los familiares de los detenidos dicen que los dos acusados ni siquiera saben conducir.
Con la solicitud, Aguerri evidencia la desconfianza que tienen los nicaragüenses en cuanto al manejo de la pandemia del COVID-19 por parte del régimen.
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«Al parecer el gobierno de Nicaragua no tiene el recurso y la capacidad para hacer gratuitamente estas pruebas, ahora que tienen bastante (…) Por eso, hacemos un llamado a la Organización Panamericana (OPS) a que pueden hacer donación de 500 o 600 pruebas para estas personas y que si se pudiera hacer esta donación al Gobierno de Costa Rica para que se pueda hacer esta gestión y de esta manera se le dé respuesta a esta crisis», señaló el empresario.
Agregó también que la pronta solución a los connacionales varados en la frontera sur de Costa Rica aportaría a la seguridad de los ciudadanos y a evitar un conflicto xenofóbico entre los costarricenses.
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El titular del Cosep además cuestionó el informe semanal que la dictadura presenta sobre la situación del coronavirus en el país a través del Ministerio de Salud (Minsa). insistió en que deben de transparentar la información, porque lo que se demuestran en esos datos es una «aparente reducción de casos, lo que hace amenazar con un rebrote del virus».
Añadió que por eso la ciudadanía decide bajar la guardia en cuanto a la adopción de medidas de prevención del virus como el uso de las mascarillas, practicar el distanciamiento social.
Hasta el 28 de julio, el régimen orteguista reconoce 3,672 casos confirmados, 116 fallecidos y 2,731 recuperados. Sin embargo, fuera de esa lista hay centenares de denuncias de ciudadanos que afirman que sus familiares fueron víctimas del virus, pero que la institución ordenó colocar otro diagnóstico en la epicrisis aunque mandó a que se realizara el entierro de forma exprés y en caja sellada.
El Observatorio Ciudadano COVID-19 registró en Nicaragua hasta el 22 de julio un total de 8,755 casos de coronavirus y 2,487 decesos, de los cuales el 94% identifican como muertes sospechosas por el virus y solo el 6% por neumonía.
La empresa privada tiene tanto dinero que no necesita pedir una donación de 600 pruebas del covid19, que son para ellos esa cantidad? que den muestras de que de verdad están con el pueblo y sobretodo con la gente más vulnerable y necesitada.