En su intervención de este viernes, 24 de julio, la vicepresidenta de Nicaragua y vocera gubernamental, Rosario Murillo, informó sobre el ingreso de 100 nicaragüenses provenientes de Panamá la noche del jueves, 23 de julio, pero ignoró a los más de 500 compatriotas que llevan casi una semana varados en las fronteras de Peñas Blancas, aguantando sol, hambre, sed, lluvia y expuestos al contagio del COVID-19.
Murillo manifestó que los 100 connacionales fueron recibidos por las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, mismo donde los cientos de nicaragüenses claman por ingresar al país. La vocera de gobierno dice que es «importantísimo que todos nuestros hermanos que quieran regresar a sus hogares junto a sus familiares -y que tienen derecho a regresar a su patria- cumplan con las medidas, porque debemos protegernos».
Asimismo, afirma que su gobierno continúa cumpliendo con el acuerdo tripartito con Pánamá y Costa Rica, que establece brindarle a los compatriotas su retorno seguro. «En estos acuerdos que se han tomado y se han venido poniendo en práctica, no solo garantizamos su retorno seguro sino el derecho de todos a resguardar la salud y la vida, de ellos mismos, de las familias, de las comunidades donde ellos viven. A resguardarnos todos, a proteger todo en el nombre de Jesús», agregó Murillo.
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Mientras la vocera gubernamental se la pasa hablando sobre el supuesto compromiso del gobierno con su pueblo, en otro escenario los nicas permanecen varados en la frontera de Peña Blancas, rodeados por agentes antimotines del régimen, sin permitir que los compatriotas den un paso adelante.
Los nicaragüenses no podrán pasar al otro lado de la frontera mientras no presenten su prueba negativa de COVID-19, esa es la orden del dictador Daniel Ortega. Cabe destacar que en días anteriores se conoció que el Ministerio de Salud (Minsa) estaría comercializando los test a un precio de 150 dólares. Esa suma es inalcanzable para los nicaragüenses que retornan a su país ante la falta de empleo en las naciones donde residían.
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Los connacionales continúan esperando que la dictadura de Nicaragua se compadezca y los dejen pasar. Ellos ya no pueden volver al país vecino, todos renunciaron a su carné de refugiados y los que se arriesgan quedarán en situación irregular.
Raquel Vargas, directora de Migración de Costa Rica, detalló que según sus registros son un aproximado de 300 los ciudadanos nicaragüenses varados en las fronteras, y que en su mayoría tenían trámite migratorio o residencia en el vecino país del sur.
«Es importante hacer este llamado y evitar la conglomeración en la zona de Peñas Blancas, es un espacio pequeño y no es un espacio que se pueda habitar o que tenga servicios para poder mantener a la población en ese sector. Así que rogamos a las personas nicaragüenses no acercarse a Peñas Blancas de no ser que ya tengan su examen de COVID-19 negativo solicitado por las autoridades nicaragüenses.
