La organización Nicaragüenses en el Mundo dirigió una carta de protesta al Senado de Hamburgo, a quien solicitan que detengan su cooperación financiera de 20 mil euros, es decir, cerca de 27 mil dólares, hacia la Alcaldía de León en Nicaragua por considerar que es una entidad cómplice del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la represión a los ciudadanos leoneses.
El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista Tamara Dávila pasaran hasta 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial Ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores tildándolos de “traidores de la patria”.
La misiva con fecha del 17 de junio de 2020 se detalla que la Cancillería del Senado de Hamburgo aprobó 20 mil euros como «ayuda de emergencia de Corona a petición de la Alcaldía de León».
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A la vez, indica que la Asociación Nicaragua Verein e.V. Hamburg desde diciembre 2019 consta que «desde abril de 2018 la persecución y la supresión de las opiniones de la oposición forma parte del quehacer diario del FSLN en León».
Haydée Castillo, defensora de derechos humanos y miembro de la organización, explicó a Artículo 66 que la carta de protesta «ya se hizo llegar a la Cancillería del Senado de Hamburgo en Alemania, porque consideramos que esa donación va en contra de la sanciones que la Unión Europea ha determinado para el régimen, allegados y cómplices (…) todo el pueblo de Nicaragua sabe que esa alcaldía ha sido cómplice de los crímenes de la expulsión de los estudiantes y despidos de médicos leoneses».
Por ello, protestan contra la concesión del dinero a partes del aparato represivo en Nicaragua y exigen el cambio para que ese apoyo sea destinado a las «autoorganizaciones del pueblo nicaragüense» y precisan que «estos opositores, muchos de ellos han sido forzados a huir de su país, organizan la educación sobre medidas de protección y la atención médica para afectados y sus familias». La propuesta es que esas donaciones las destinen al grupo de refugiados en Alemania.
También remarcan que es necesario «congelar toda cooperación con el régimen de inmediato y al máximo posible hasta que la libertad y la democracia hayan sido restauradas en Nicaragua. Cualquier proyecto social que se lleve a cabo en cooperación con una institución estatal, independientemente del nivel, es principalmente un apoyo político para la dictadura: ¡Detén estos proyectos que supuestamente son de nuestro interés!».
En cuanto a la situación del manejo de la pandemia del COVID-19, por parte de la administración Ortega Murillo, mencionan que «(el gobierno de Ortega) ha dejado claro desde el principio de la crisis de coronavirus que no quiere tomar ninguna medida para contener la pandemia y proteger a la población. Además de la represión ya existente organizada por el Estado, el virus se está utilizando como un arma contra el pueblo».
La más reciente decisión de la dictadura que evidencia la falta de beligerancia frente a la crisis sanitaria es la situación que atraviesan más de 500 nicas que están trancados en la frontera de Peñas Blancas por que Ortega les ha negado la entrada a su territorio, según por no presentar un certificado de COVID-19, dicho test que está siendo comercializado por las autoridades sanitarias de Nicaragua a un costo de 150 dólares.
Hay que hacer un llamado internacional a cancelar todo recurso a este régimen asesino del pueblo de Nicaragua