Las sanciones de Estados Unidos contra el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, pone en una «encrucijada» a la institución armada, si debe o no mantener en su cargo al comandante en jefe para evitar ser sancionada por parte del gobierno norteamericano.
Artículo 66 consultó con analistas políticos y expertos en temas de seguridad sobre las acciones que debe emplear el Ejército de Nicaragua o el dictador Daniel Ortega como jefe supremo de la institución tras las sanciones contra Avilés. Algunos de los entrevistados coincidieron que esta medida no traerá afectaciones al órgano armado, pero sí recomiendan apartar a Avilés de la jefatura.
La socióloga y experta en temas de seguridad Elvira Cuadra advierte que existe la probabilidad que la institución castrense sea sancionada, «ya que el gobierno de los Estados Unidos demostró que puede y tiene la voluntad de avanzar otros pasos en esa dirección» y asegura que ahora mismo el Ejército entró en un dilema sobre qué puede hacer para evitar ese castigo.
«Yo no creo que vayan a sustituir al general Avilés de su cargo, creo que van a mantenerlo en su cargo y esa es una decisión de Daniel Ortega a partir de lo que está definido en el Código Militar y no creo que quiera hacer ese cambio (…) Como las sanciones son indivuduales no afecta el funcionamiento del Ejército como tal, pero sí hay un efecto político que tanto Avilés como la institución y el mismo Daniel Ortega deben valorar seriamente», agregó la socióloga.
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Por su parte, el experto en temas de defensa y seguridad Roberto Cajina no considera «adecuada» la comparación entre el Ejército y la Policía Nacional, porque esta última nunca ha tenido ninguna relación con Estados Unidos, mientras que la institución castrense «sí tiene una excelente relación con el Comando Sur de Estados Unidos, lo que se conoce como relación militar-militar».
Cajina expresó enfáticamente que debido a este vínculo se descartaría una sanción directa al Ejército de Nicaragua como institución y agrega que la medida contra Avilés no es «causal» para ser destituido de su cargo como jefe.
«Considero que eso podría ser un factor muy importante a considerar por parte de Estados Unidos para no sancionar directamente al Ejército. Sustituir o no al general Avilés no es una decisión que puede tomar el Ejército, es el presidente de la República a quien le corresponde esa decisión; sin embargo, el haber sido sancionado por Estados Unidos no es causal de destitución o de sustitución. El Código Militar establece claramente las causales de destitución», explicó Roberto Cajina.
En cuanto a los negocios y empresas del Ejército, que se manejan a través del Instituto de Previsión Social Militar
(IPSM), donde Avilés funge como presidente, el experto en seguridad asegura que el general «tendrá que dejar la presidencia de su junta directiva; sin embargo también tendrá que dejarla Iván Acosta y ya antes debía haberla dejado Roberto López, presidente ejecutivo del INSS, también sancionado. No obstante, el hecho que el general Avilés deje la presidencia del IPSM no es mayor problema ya que sería reemplazado por el jefe del Estado Mayor General», concluyó.
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Por último, la exguerrillera y opositora, Dora María Téllez agrega que con esta sanción al jefe del Ejército, la institución se verá «desprestigiada» y por ende se convirtió en un órgano delincuencial a nivel internacional. «Si Avilés tuviera dignidad renunciaría en aras de dejar que la institución vuelva por el cause constitucional, desarme paramilitares y contribuya a que se promueva una transición democrática en Nicaragua y preserve al Ejército de nuevas sanciones».
Los argumentos que implican a Avilés es que «está alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o “parapoliciales” durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018. Los militares proporcionaron armas a la parapolicía que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas».
En noviembre de 2019 el dictador Daniel Ortega renombró al general Julio César Avilés como Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua por un período de cinco años, es decir, seguirá al frente hasta el 2025. El comportamiento de la institución castrense durante la crisis de abril de 2018 fue cuestionada por la ciudadanía y por los organismos de derechos humanos que le pedían al órgano armado desarmar a los paramilitares que cobraron la vida de más de 300 personas en conjunto con la Policía Nacional.
Sí los gringos tienen pruebas, o sólo sospechas, deberían sancionar también al ejército como institución, igual q la policía. Estos asesinos aquí no tienen ninguna consideración con nadie, no respetan nada, ningún derecho ni pequeño ni grande. Y si alguno d los sapos y serviles tienen dinero, propiedades o negocios en EEUU ya deben congelar todo eso
Considero que la sanción debe de ser para el ejército y su comandante porque participaron directamente en la masacre fui oficial del ejército y se lo que estoy sujeriendo ( el ruso)
Perfecto que se vaya y que sancionen a toda su familia , para que sienta lo mismo que hemos sentido todos los nicaragüense. Esté a sido el causante tantas muertes.
Hechor y consentidor tienen la misma pena.
Fuera dictadores. NICARAGUA LIBRE.