ESPECIAL: Los exiliados de la rebelión de abril

Han transcurrido dos años desde que iniciaron las protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La persecución, amenazas y hostigamiento de las fuerzas policiales  y paramilitares de la dictadura obligó a 103,600 nicaragüenses a huir del país. En autobuses, por puntos ciegos y en avión, los más afortunados, pudieron escapar. Lo principal era su seguridad y la de sus familiares.

Antes de tomar la difícil decisión del exilio, estuvieron en diferentes trincheras. Algunos en barricadas, otros en la defensa de derechos humanos, algunos dirigiendo protestas mientras un numeroso grupo de ciudadanos pasó por las cárceles de “El Chipote” y “La Esperanza”, donde además del encierro, fueron torturados. En este especial de los dos años del inicio de la Rebelión de Abril, le presentamos historias de nicaragüenses en el exilio. Todos coinciden en que «la lucha sigue» y resaltan que su mayor anhelo es volver a una Nicaragua libre.

I ENTREGA

«La sangre que se ha derramado tiene que germinar en libertad»

 «Hay momentos en que me levanto con pesadillas y siento tranquilidad cuando me despierto y pienso estoy a salvo porque estoy en Estados Unidos. Muchos de mis hermanos de lucha que siguen en Nicaragua no pueden dormir bien. Yo por lo menos en este país puedo decir que cada vez estoy durmiendo mejor, sin el temor de que en cualquier momento pueden romper la puerta de mi casa y secuestrarme nuevamente y en el peor de los casos asesinarme».

Estas son las palabras de Christian Fajardo, líder del Movimiento 19 de Abril de Masaya y excarcelado político. El levantar su voz contra Daniel Ortega le costó caro. El 22 de julio de 2018 fue apresado por militares junto a su esposa María Adilia Peralta, una joven abogada que también participó activamente en la lucha cívica.

A su cabeza, los allegados al régimen le pusieron un costo de 50,000 córdobas, después que Fajardo se hiciera visible y propusiera la conformación de una junta de salvación nacional para exigir la salida del poder de los Ortega-Murillo. Tanto Christian como María Adilia contaban con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero eso no los salvó de la venganza de la dictadura de Nicaragua por ponerse en su contra.

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Fajardo fue sentenciado a 42 años de prisión, de los cuales tendría que cumplir 30 por ser la pena máxima en el país, acusado de financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos, en contra del Estado y la sociedad nicaragüense.

«Fui de los presos políticos que los tuvieron en las peores condiciones. De los más de mil que hemos pasado por las mazmorras, fui el último al que pusieron la luz (energía eléctrica en la celda). Había una diferencia de trato entre los demás presos políticos para conmigo. Me enfermé gravemente y me negaron el acceso a las medicinas, cuando mi familia me las llevaba no me las entregaban», rememora el exprisionero.

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Christian nunca pensó que cumpliría la pena máxima en prisión. En el peor de los escenarios se imaginaba que su encarcelamiento duraría hasta que Daniel Ortega saliera del poder. «No iba a durar vivo Ortega 42 años y yo estaba dispuesto a resistir en la prisión el tiempo que fuera necesario». Para él, esa era su forma de resistir y luchar por Nicaragua para que se liberara de un «régimen cruel y asesino».

«Fue la opción menos mal (estar preso), porque la otra opción era que me mataran y gracias a Dios, fue la primera opción (…) Lo más difícil fue estar separado de mi esposa y de mi familia. La incertidumbre de no saber qué le estaban haciendo a ella (María Adilia Peralta) en la prisión».

El 11 de junio de 2019 fue puesto en libertad bajo una polémica Ley de Amnistía. En menos de dos meses, el primero de agosto, se vio obligado a abandonar su país. «Estaba en peligro mi libertad y en el peor de los casos mi vida. Me podían suicidar, me podían accidentar», afirma Fajardo mientras vincula su posible situación con la muerte del boxeador nicaragüense Alexis Argüello, quien según dictamen médico se suicidó aunque su familia asegura que lo asesinaron enviados del Gobierno.

«Es triste dejar a tus amigos, tu pueblo, tu ciudad, tu casa, tu padre y cuando recibís más cariño de parte del pueblo, de la gente humilde aún más. Yo lo pude sentir, lo pude palpar», sostiene Christian convencido que la lucha ha valido la pena porque representa «el despertar de una gran mayoría que pasó silenciosa durante una década, pero también significa esperanza. Teníamos a Ortega de rodillas. Significa dolor, porque fui testigo y víctima del gobierno opreso de Ortega, pero sobre todo significa compromiso porque me obliga a seguir luchando por los intereses del pueblo y de los más desfavorecidos».

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El líder de Masaya recuerda que durante las protestas fue la gente más humilde del barrio indígena de Monimbó los que les extendieron la mano para que siguieran desde las trincheras. Con emoción regresa a ese lapso de abril a julio de 2018 cuando los masayas les llevaban gallopinto, tortillas y café a las barricadas y dice que ese amor que les demostraron no tiene precio.

Esa misma fuerza y coraje la demostraron también al momento en que el régimen empezó a cazar a sus detractores. «Lo más hermoso de esto es que el pueblo está contigo. El pueblo exigía la libertad de mi esposa, mía, de mi hermano, de todos los presos políticos y nosotros seguimos exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Para mí, fue hermoso ver a todo un pueblo, unido, exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Nuestra gente de Masaya, un pueblo que no se ha dejado poner la bota ni el yugo de un régimen opresor». 

Acción que cobra todavía más valor tomando como referencia que en Nicaragua es un riesgo que alguien exija la libertad de los presos políticos, pues su destino igualmente puede ser la cárcel.

 Christian cree que «la sangre que se ha derramado tiene que germinar en libertad» y augura un futuro «brillante» para el país, que se construirá poco a poco. «El pueblo ya no se dejará montar un tirano», declara convencido y segura que la «sublevación fue necesaria. Ya el pueblo de Nicaragua es otro. Es posible el cambio social sin arreglos bajo la mesa y sobre todo, a como dice monseñor Silvio Báez, hay que alimentar la esperanza de una nueva sociedad. Y nunca olvidar que hay que exigir justicia. Tiene que haber justicia y tenemos que exigirla. Que el pueblo no se canse de pedir justicia».

El exreo político tampoco pierde la esperanza de volver a Nicaragua. «Todos los días pienso en regresar a Nicaragua y voy a regresar pronto. Se acerca el fin del régimen de Ortega y desde aquí de Estados Unidos estoy trabajando, colaborando, teniendo reuniones con actores muy importantes, del Gobierno de Estados Unidos para llevarle el mensaje del pueblo de Nicaragua que es que se vaya Ortega. Ellos pueden ayudarnos a eso, pueden seguir sancionando y obligando al régimen a que deje el poder».

«Vamos a tener la posibilidad de que haya justicia»

Wendy Flores abandonó Nicaragua en diciembre de 2018. Es abogada y tiene 17 años de estar en la primera línea en la defensa de los derechos humanos. Se fue a Costa Rica, donde la acogió su hermana, una suerte que dice «no todos tienen».

En ese país, fronterizo al sur con Nicaragua, hay en promedio 77,000 ciudadanos, que al igual que Flores, son solicitantes de asilo, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Wendy pasó en territorio nacional desde abril a inicios de diciembre de 2018 recibiendo centenares de denuncias de víctimas de la represión orteguista. Desde las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) escuchaba y documentaba uno a uno los testimonios de los ciudadanos que pedían ver a sus familiares encarcelados o que les ayudaron con información sobre sus parientes desaparecidos.

Pero fue en el mismo diciembre de 2018, 14 de diciembre, que su decisión por continuar su trabajo y permanecer en Nicaragua tambaleó. Los agentes de la Policía Nacional allanaron la madrugada de ese viernes las oficinas del Cenidh, organismo al que posteriormente le retiraron su personalidad jurídica, una nueva embestida de la dictadura contra instituciones que elevaban a nivel internacional las denuncias de la violencia dirigida desde el Estado.

A los abogados del Cenidh ya los habían amenazado antes de que llegase esta acción. «Nos golpeó profundamente el cierre del Cenidh, la cancelación, el allanamiento mismo, esos días de diciembre de 2018 fueron muy duros», recuerda Flores, quien ahora desde Costa Rica se convirtió en la coordinadora del Colectivo Nicaragua Nunca+, que tiene por objetivo seguir defendiendo los derechos humanos.

Fue un diciembre «desolador», menciona la activista, una situación que se convirtió en el indicativo que debía velar por su propia «seguridad y protección (…) Era sentir que nos despojaban por medio de acciones arbitrarias, abusivas de un gobierno represor que no toleraba a ningún defensor o defensora de Derechos Humanos en ese contexto y todo lo que conllevó este ataque a defensores y periodistas fue lo que forzó la salida».

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Una salida muy dura porque atrás debía dejar a sus hijos, su país y su seguridad económica. «Fue haber dejado a mis dos hijos pequeños. Mi hija tenía siete años, mi hijo tenía siete meses de nacido y separarme de los niños, de tomar esta decisión y trasladarme a Costa Rica para ni siquiera pensar que los podía poner en riesgo a ellos fue una decisión muy dura. Ya aquí nos encontramos rotos, al igual que mucha gente, pero en nuestros mismos grupos encontramos la fortaleza para seguir haciendo la defensa de Derechos Humanos» .

A un año y cuatro meses de estar lejos de Nicaragua, ella está convencida que «el gobierno no nos destruyó», ya que desde su trinchera sigue con su misión. «Tenemos fe y esperanza que esta dictadura va a acabar pronto. (…) Creemos que vamos a salir adelante y que Nicaragua va a retornar al camino de la democracia y vamos a tener la posibilidad de que haya justicia».

Wendy sostiene que el trayecto es duro, pues además de la separación familiar, los exiliados se enfrentan a un difícil camino para legalizar medianamente su situación migratoria. Advierte que como mínimo el proceso en Costa Rica puede durar entre cinco a ocho meses, en los cuales se tiene que sobrevivir sin un empleo, ni atención médica o un seguro. Lo único que le queda a la mayoría es arriesgarse en el trabajo informal y ampararse de familiares, conocidos o la comunidad migrante, que recalca ha sido muy solidaria, con los desplazados por la violencia del orteguismo.

«Nosotros tenemos la fe, la expectativa, casi los pensamientos a diario que el retorno es una necesidad para nosotros, pero también las condiciones de seguridad en la que se deben desarrollar las diferentes acciones de derechos humanos. No es posible, por ejemplo, que en la actualidad una organización no pueda escuchar el testimonio de una víctima sin que haya un asedio policial, una amenaza de atención que ponga en riesgo a la misma víctima o al defensor o defensora de derechos humanos. Lamentablemente en Nicaragua esto es así», concluye Flores.

«La llama por exigir libertad para Nicaragua sigue viva»

Luis Blandón aterrizó un 18 de noviembre de 2018 en Madrid con una maleta llena de incertidumbres y miedos. Nicaragua llevaba siete meses desde el estallido social de abril del mismo año. En la capital de España lo esperaban su madre y su hermano para mitigar la nueva realidad que le había tocado vivir. Presiones, amenazas, provocaciones a sus seres queridos y un viaje a Paraguay, con motivo de un congreso donde denunció las arbitrariedades del régimen orteguista, fueron los detonantes que le abrieron los ojos sobre la necesidad de salir de su país. Su vida corría peligro.

«Los motorizados no me dejaban en paz, me cambiaba a otra vivienda y no me dejaban en paz y mandaban a casa de mis abuelos a policías a preguntar por mí. Eso me hizo clic y dije que tenía que irme un momento fuera del país», rememora Luis.

Lo que se iba a convertir en una breve estancia se ha ido prolongando en el tiempo. «Al inicio, ingenuamente, pensé que el orteguismo solo duraría un par de meses. Imaginé que toda la presión social que todavía existía en ese entonces iba a ser el detonante para que de manera forzada Ortega dejara el poder», señala Blandón.

Tras casi año y medio fuera de su país, el sentimiento de desarraigo y la añoranza se agudiza. Dice que su salida «no fue voluntaria, pues prácticamente me obligaron a salir del país. Es como que te roban parte de tu vida que has venido construyendo porque venís a un lugar donde no sos nadie. No has ni siquiera estudiado porque tus títulos no son válidos y hay que homologar y aún homologándolos es difícil. Toca jugarse la vida. Tenés que empezar prácticamente de cero e introducirte en un mundo laboral complicado. No lográs asentarte», recalca.

Luis, desde el principio, se convirtió en un blanco para el régimen orteguista. «Desde la protesta número uno que se hizo enfrente de la UCA (Universidad Centroamericana) por SOS Indio Maíz, tomé un rol protagónico porque me metí de lleno a la organización. Mi activismo lo empecé desde mucho tiempo atrás. Desde que Herty (Lewites, opositor a la dictadura, candidato presidencial por el Movimiento Renovador Sandinista en 2006, mismo año en que murió) existía. Trabajaba desde diferentes espacios sociales y políticos. Me venían haciendo un rastreo permanente. Eso creo que les generó alarma porque yo era un poco conocido en diferentes ámbitos».

Otra de las trabas que se le añadió a Blandón en este proceso fue su situación legal en España. «Actualmente se ha aprobado mi residencia, pero ahora que ya me correspondía retirar mi tarjeta de residencia por cinco años, ya tenés el permiso y te encontrás en otra situación mundial con el tema del coronavirus (pandemia). Esto provoca mucho estrés, mucho insomnio y ansiedad de lo que pasará a mi futuro inmediato».

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Lo más complicado para Luis Blandón en este tiempo ha sido poder sobrevivir económicamente. «Los primeros seis meses en España fueron una experiencia horrible, horrible. Gracias a Dios que estaban mi mamá y mi hermano aquí. Cuando logré el permiso de trabajo a finales de 2019 fueron otras las trabas que me encontré en el camino. Para meterme en la hostelería necesitaba hacer cursos obligatorios. Solo había trabajo en el campo y la construcción y aún así si no tenés una carta de recomendación es bastante complicado. En este país si no tenés ingresos cómo sobrevivís, cómo pagás el alquiler, entonces uno debe jugarse la vida de lo que sea, pero aún jugándote la vida de lo que sea es difícil».

El joven opositor no se da por vencido y mantiene la lucha desde la distancia. En el futuro sueña con volver a su tierra, una tierra libre de dictaduras, donde espera que con un cambio se respeten los derechos humanos, las distintas creencias. Una Nicaragua sin impunidad. «Sigo luchando desde mi trinchera. Soy parte del MRS (Movimiento Renovador Sandinista), directivo nacional y he estado trabajando y aportando al trabajo internacional de denuncia. He ido a exponer a Alemania, Suiza, a universidades de Madrid la situación de violencia que vive Nicaragua. Sigo incidiendo en los espacios que puedo para seguir demando democracia, justicia y libertad y seguimos golpeando la mesa».

Con convicción sostiene que «los nicaragüenses quieren construir una nueva Nicaragua. Es difícil contra un Ejército y policías que tienen las armas. Si bien es cierto la solución no vendrá desde fuera, es una oportunidad de seguir incidiendo. El régimen de Ortega no ha logrado contener todas esas voces que siguen demandando libertad. La llama sigue viva y en cualquier momento la ciudadanía volverá a encenderla nuevamente y será otra explosión social que no sabemos cómo acabará».

Además, el joven exiliado sueña, en el futuro, con construir un nuevo país. «Los jóvenes somos actores sociales y políticos muy importantes. Me veo en una Nicaragua que respete los derechos humanos. Donde pensar y tener sentido crítico no sea mal visto. Donde la gente pueda decidir libremente por la opción que le apetezca. Una Nicaragua sin impunidad. Allí me gustaría vivir».