La periodista Mabel Calero es redactora de la sección económica del diario La Prensa. Su trabajo se concentra en analizar las estadísticas e informes oficiales que publican las instituciones del Estado. Una de sus entidades claves es el Banco Central de Nicaragua (BCN). En la página web de la institución debería encontrar cifras de consumo, precios, salarios, empleos, desempleo, inversiones, comercio o importaciones, pero desde hace dos años esos datos están “congelados”.
“El BCN presentaba informes con dos meses de retraso, pero los presentaba, ahora tiene dos años de que no hay informe”, asegura la periodista de economía. Calero también padece el apagón de las cifras oficiales en páginas web como el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) o del Aeropuerto Internacional, que debería mostrar estadísticas de visitantes que llegan al país.
La alternativa son las “fuentes alternas”, asegura Calero, es decir, economistas o instituciones que se dedican a estudiar esas estadísticas para dar opiniones. “Pero aun estos organismos nos han dicho que no es posible hacer análisis porque a veces es especular sobre la situación porque no tenemos nada, ni siquiera un indicio de cómo evoluciona la economía. Ellos dicen que no pueden darte información por lo que se nos complica (el trabajo)”, asegura la reportera de La Prensa.
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El bloqueo que todos los días enfrenta Calero con el BCN o el Intur afecta a todos los periodistas en el país. Según un estudio presentado este martes, 10 de marzo, por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el cerco informativo es generalizado en las instituciones públicas.
El diagnóstico revela que de un total de 65 entidades del Estado de Nicaragua, 57 dependencias (88%) tienen páginas web oficiales, sin embargo, todos los portales electrónicos están plagados de propaganda partidaria e información trivial. “Nicaragua tiene la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621 desde hace 14 años, pero esta ley es papel mojado”, aseguró el investigador Guillermo Medrano.
“Los sitios web de las instituciones están atacascados de propaganda partidaria y escasa de información institucional”, aseguró el especialista de la Fundación Chamorro.
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La investigadora Dayra Valle pasó varios meses analizando el contenido que las entidades públicas ubican en sus portales, para constatar que la única información que divulgan, además de la propaganda del partido oficial, es el organigrama institucional, los nombres de los altos funcionarios, en algunas hay un marco normativo de la institución y “uno que otro programa” que llevan estas instancias.
No obstante, las instituciones esconden información que les obliga la Ley 621 en su artículo 20. Valle comentó que “no hay información sobre salarios de altos funcionarios, no hay estados de resultados, balances generales, resultados de las auditorias que hace la Contraloría, no publican sus informes anuales, lo cual limita la posibilidad de conocer un resumen pormenorizado de su gestión”.
En las alcaldías es más dramático
El análisis también intentó verificar la existencia de información útil para los ciudadanos en las alcaldías del país. “En el caso de las municipalidades fue más dramático. De los 153 municipios solo 12 tienen páginas web. Ninguno tiene información. Más está enfocado en trámites y servicios de las municipalidades o publicidad del partido de gobierno”, aseguró la investigadora.
Igualmente constató que tanto las instituciones del gobierno como las alcaldías han desmantelado las oficinas de acceso a la información pública, dependencias contempladas en la misma ley. “Se ha querido suplantar con oficinas de prensa, comunicación o en el caso de las alcaldías, con oficinas de participación ciudadana. No llevan registros, ni estadísticas, ni informes, ni formularios”, aseguró Valle.
Instituciones a prueba
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro puso a prueba la voluntad del régimen de Ortega de esconder la información pública. Según explicó Guillermo Medrano, en total, la organización realizó 59 solicitudes de información en línea a entidades gubernamentales y solo tres respondieron, y no para entregar los datos requeridos.
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Igualmente informó que realizaron 31 solicitudes a través de cartas físicas, de las cuales solo cuatro dieron algún tipo de respuesta, pero tampoco entregaron la información solicitada. “Estamos ante un Estado mudo o un Estado que no hace nada porque no informa de lo que hace”, dijo el especialista.
Golpes contra periodistas
La organización también presentó una plataforma de alerta sobre violaciones a la libertad de expresión y prensa, y resumió que entre abril de 2018 y diciembre de 2019, en total se registraron 1,979 agresiones contra periodistas de todo el país. El informe también recoge que en enero de 2020 se registraron 72 nuevas acciones represivas, y en febrero de 2020 en total se contabilizaron 31 nuevas agresiones contra hombres y mujeres de prensa.
Por su parte, la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) publicó recientemente su monitoreo y contabilizó que entre el 15 de diciembre de 2019 y el 29 de febrero de 2020 se registraron ataques contra más de 60 periodistas, entre los que se identificó la comisión de 404 delitos contra la libertad de expresión y prensa, cometidos principalmente por policías, parapolicías y estructuras del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Eximos liberta para todo los preso político y nicaragua
Buen trabajo t sigo desde desde España en el exilio pro tengo fe q pronto regresaré.. Animo sigan adelante
Si viviera Augusto César Sandino, volvería a morir, Daniel Ortega debe de salir del poder, tiraron a los Somoza y ahora tienen a los Ortega.
Viva Nicaragua Libre!!!!!
Fuera los tiranos!!!!!
Que leyes no han violado estos asesinos y criminales, si se han llamado limpiado el trasero con la constitución.