Karen Díaz, periodista de Artículo 66, como parte de un trabajo de investigación formuló al menos siete solicitudes de información pública ante distintas instituciones del gobierno, entre ellas el Ministerio de Salud Minsa, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Educación, el Consejo Supremo Electoral (CSE), el Ministerio de Gobernación, entre otras. Después de un mes de introducir esas solicitudes no ha recibido ninguna de la información requerida.
La periodista solicitó ante las oficinas del CSE el desglose salarial mensual a los magistrados de ese poder del Estado durante los años 2015-2018 y sobre los ingresos generados por la reposición de cédulas de identidad durante ese mismo período.
“El 19 de agosto fui al Consejo Supremo Electoral y me dijeron que no hay una oficina de información pública por lo que esa información tenía que ir dirigida al vicepresidente magistrado Campbell, cambié la carta y la volví a presentar y me alegaron que el personal del magistrado no estaba y que no me podían atender y que nadie podía recibir la carta”, narró la periodista.
La misma tónica se dio en el Ministerio de Gobernación. De la recepción no pasó y aunque en la puerta leyeron la misiva y luego se la leyeron por teléfono a alguien de otra oficina, al final le dijeron que el personal que debía recibirla no estaba en el edificio. Regresó al día siguiente y el pretexto fue el mismo.
También visitó el Ministerio de Educación para conocer información del número de docentes despedidos desde 2018 hasta la fecha. Los encargados le dijeron que la carta tenía que ir dirigida a la ministra de educación “y que en el destinatario me refiriera a la funcionaria como ´compañera´”.
“Ahí me recibieron la carta, pero no le colocaron el sello oficial de la oficina de información pública sino que me mandaron a recepción, al área de comunicación y fueron ellos los que me sellaron. Hasta la fecha, no he recibido ninguna notificación o correo de la información que solicité en todas las instituciones que fui”.
Un informe presentado por la Alianza Regional y recogido por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro señala que desde que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621, en mayo de 2007, ” A doce años de aprobada dicha ley, los resultados de su implementación son casi nulos”.
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“Las pocas Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP) existentes son
disfuncionales, o han perdido la naturaleza establecida al crearlas, convirtiéndose
únicamente en Oficinas de Relaciones Públicas. Además, los correos y las páginas web
de dichas oficinas están desactualizados y con poca información institucional”, remarca el informe.
“Instituciones no responden solicitud”
El estudio revela que el Estado de Nicaragua en la mayoría de los casos no responde a las solicitudes de información que presentan los ciudadanos sea de forma física o digital. “Las instituciones en su mayoría ni siquiera envían por escrito la negación de información con las debidas justificaciones legales, tal como establece la Ley. Simplemente no responden, cayendo en lo que procedimentalmente se llama silencio administrativo”.
Por otra parte, desde el 2007 que Ortega llegó al poder, estableció una política de negar información y/o entrevistas a periodistas de medios de comunicación independientes, incluso, al punto de estigmatizar y judicializar a los comunicadores que intenten solicitar información a las instituciones gubernamentales.
“Uno de los casos más emblemáticos fue el del periodista Carlos Fernando Chamorro, que haciendo uso de su ejercicio como ciudadano llegó a las oficinas de Plaza El Sol con el objetivo de demandar información sobre la expropiación policial del edificio donde funcionaban las salas de redacción de Esta Semana y Confidencial. La respuesta de la Policía fue utilizar la fuerza pública y reprimirlo como si estuviera cometiendo un
delito”, cita el documento.
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Entre las estrategias que utilizan las instituciones para no entregar la información solicitada, según el sondeo realizado por la FVBCH, es que te reciben la solicitud y aducen que te llamarán cuando esté lista. La táctica es que te afirman que se comunicarán con el solicitante después de revisar la información y apuestan a la espera sin respuesta. En el peor de los casos la petición de información es negada bajo el argumento que no hay Oficina de Acceso a la Información Pública, según el análisis de la organización.
