El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en conjunto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y otras organizaciones denunciaron ante el Relator Especial de las Naciones Unidas, Nils Melzer, las violaciones a los derechos humanos y las torturas a la que son expuestos los (as) reos políticos en el país.
Los organismos constatan que desde abril de 2018 los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo como una respuesta a las protestas ciudadanas arremetieron contra la población, provocando más de 300 asesinatos, miles de heridos y cientos de personas exiliadas.
“A partir de abril de 2018, como respuesta a las protestas sociales, la práctica de la tortura adquirió un carácter masivo y sistemático, centenares de personas fueron detenidas y torturadas por agentes policiales y paraestatales, siendo sometidas a desnudez forzada, tortura sexual, aislamiento, negativa de atención médica, abusos físicos y psicológicos entre otras”, detallan.
El Colectivo hizo énfasis en que la tortura sicológica es usada “como mecanismo para desmoralizar a quienes son detenidos por ejercer su derecho a la protesta”. Sin embargo, el derecho internacional la tortura es tipificada como crimen de lesa humanidad.
Hasta la fecha, hay más de 60 ciudadanos secuestrados en los sistemas penitenciarios del país; sus familiares han denunciado ante los organismos nacionales y la prensa del país, los abusos que están sufriendo sus presos políticos, quienes están en peligro por las pésimas condiciones de higiene del lugar y la falta de atención médica para los que presentan problemas.
De igual manera, Fundación del Río y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) han pedido a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) medidas para monitorear de cerca la situación en la que se encuentra Nicaragua y donde la familia Ortega-Murillo no dan señales de avanzar en el proceso de democratización.
