La dictadura de Daniel Ortega aflojará cuatro puntos en una reforma electoral con los que pretende dar la imagen de pluralidad y de flexibilidad, previo a los comicios presidenciales de 2021, aunque la estrategia “es un anzuelo, una trampa” para que el voto antisandinista se disperse”, dijo una fuente ligada a la Presidencia de Nicaragua.
El informante explicó a Artículo 66 que en los próximos meses el régimen cederá en aprobar una reforma electoral que busca a toda costa dinamitar lo “que queda de la oposición” y cualquier esfuerzo de unidad que se pretenda configurar al rededor de una coalición o de cualquier partido político.
La fuente resumió cuatro puntos que el régimen estaría cediendo; el primero es que esa reforma se negociará (pero) “únicamente” con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), tal y como está previsto e un memorándum de entendimiento firmado hace tres años, y cuyo plazo vence a finales de febrero de 2020.
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Según la fuente, como segundo punto, el régimen pretende aceptar en la reforma electoral el mecanismo de inscripción de candidatos por suscripción popular, “es decir, un candidato podría recoger cinco mil firmas y sin tener un partido político se inscribe y puede resultar electo”, explicó.
En tercer lugar, la dictadura prevé “entregar tres o cuatro personerías jurídicas a nuevos partidos o movimientos“. Y una cuarta movida incluye que “el financiamiento a los partidos políticos no será después de las elecciones, sino antes“, dijo la fuente, quien consideró que “uno de esos partiditos como el APRE (Alianza por la República), ALN (Alianza Liberal Nicaragüense) o el PLI (Partido Liberal Independiente) no van a preferir irse en una alianza y perder un financiamiento de unos dos millones de dólares que se le podrían dar de anticipado. Van a preferir correr solos y así se van a dividir muy fácil”, vaticinó.
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El contacto adelantó que el régimen no se aventurará a negociar una reforma solo con los partidos políticos que tienen presencia en la Asamblea Nacional, pero tal y como lo han adelantado algunos voceros del oficialismo, tampoco se sentarán con organizaciones como la Alianza Cívica, aunque esté avalada por la comunidad internacional. “La reforma será con la OEA porque ya está firmado y porque ellos tendrán que validar lo que se apruebe. Además estos puntos son los que ya están en las recomendaciones que ha dado la OEA en años pasados”, concluyó el informante.
