El universitario Christian José Rayo Castro, de quien se desconocía su paradero desde el viernes, 17 de enero, cuando salió a visitar a una amiga y fue interceptado por sujetos encapuchados, apareció la noche del domingo. Al estudiante de tercer año de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Centroamericana lo encontraron en la carretera a Tisma golpeado y con signos de tortura.
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Coralia Beteta Sevilla, quien se define como opositora al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció que la noche del 19 de enero, turbas orteguistas asediaron y lanzaron piedras a su casa, ubicada en el barrio Memorial Sandino, en Managua.
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Según la afectada, las agresiones por parte de los adeptos a la dictadura iniciaron el sábado 18, cuando le pintaron el frente de su vivienda con las palabras: “FSLN, plomo, muerte a los Beteta”, y términos soeces. La víctima califica este actuar como una represalia, ya que ella siempre ha estado en contra del partido de gobierno.
Al menos siete integrantes de la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) fueron perseguidos y acorralados en el supermercado La Colonia, en Metrocentro, por oficiales de la Policía orteguista, entre ellos, Karen Lacayo, Ruth Martínez, Maykel Miranda, Dami Martínez, Esperanza Sánchez, María Gómez y Gerson Suazo.
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Los ciudadanos se desplazaron hasta ese centro de compras tras participar en la juramentación del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, evento que aprovecharon para demandar la libertad de sus reos e informar que seis presos de la dictadura están en huelga de hambre.
Monseñor Rolando Álvarez llamó a la oposición a revestirse de humildad para lograr un acuerdo nacional e insistió en que “no podemos dejar el futuro ni el presente de Nicaragua en un juego de ajedrez o solamente de estrategias políticas”. El jerarca hizo esta alusión durante la homilía del 19 de enero, en la que además remarcó que deben frenarse las descalificaciones y divisiones.
La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüense anunció una campaña para recolectar útiles escolares para los hijos de los detenidos por protestar contra el régimen orteguista y excarcelados políticos. La idea nació a raíz de la difícil situación económica que enfrentan los familiares de los ciudadanos que son perseguidos por pronunciarse en desacuerdo con la dictadura. La recolecta iniciará en los primeros días de febrero.
La organización recalcó que “los hijos de presos y excarcelados políticos son las víctimas indirectas que han sufrido más las consecuencias de la represión, ya que algunos incluso han dejado de estudiar por la vulnerabilidad económica de sus padres”, pues al salir de prisión el asedio continúa y las oportunidades de trabajo son escasas.
