El dictador Daniel Ortega mediante dos acuerdos presidenciales publicados en La Gaceta Oficial, este jueves, nueve de enero, ordenó a la Procuraduría General de la República traspasar cuatro propiedades del Estado de Nicaragua al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDH), que funciona como ente administrador de las pensiones de los oficiales de la Policía y una de la institución castrense.
El primer acuerdo presidencial número 191-2019 señala que la procuradora Wendy Carolina Morales Urbina comparezca ante la Notaría del Estado a suscribir como “Escritura Pública de Donación a favor del ISSDH de cuatro bienes inmuebles pertenecientes al Estado de la República de Nicaragua”.
En el escrito se describe que el primer bien inmueble está ubicado en la ciudad y municipio de El Viejo, departamento de Chinandega, con un área de 647.13 metros cuadrados con número de parcela catastral 2753-1-02-014-15-300; mientras el segundo está ubicado en el departamento de León, municipio El Sauce, con una extensión de 847.94 metros cuadrados con parcela catastral 5452-0413-2723-18.
La tercera propiedad se encuentra localizada en San Rafael del Sur con 1, 275.79 metros cuadrados con parcela catastral 2951-4-13-000-24500; y el último en Boaco con 100.00 metros cuadrados sin identificación de parcela catastral.
Donación al Ejército de Nicaragua
Asimismo, Ortega bajo el Acuerdo Presidencial 192-2019 ordena autorizar donación “a favor del Ejército de Nicaragua de un bien inmueble perteneciente al Estado de Nicaragua”. Dicha propiedad está ubicada en Mateare, departamento de Managua, con una extensión de 1,325.49 metros cuadrados con número de parcela catastral 5375-4053-8380-33.
En la publicación de La Gaceta no se explica para qué serán utilizadas estas cinco propiedades del Estado que serán traspasadas tanto para el ISSDH (Policía) y al Ejército de Nicaragua.
Ambas instituciones al mando de aliados y fieles al régimen
El ISSDH es un órgano administrador de las pensiones de los oficiales de la Policía Nacional al mando del comisionado Francisco Díaz, consuegro de la pareja de dictadores y sancionado con la Ley Magnitsky por los Estados Unidos, el 5 de julio de 2018; a quien se le acusa como violador de los derechos humanos y tener vínculos en actos de corrupción.
La institución policial desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril 2018 ha sido utilizado por la dictadura orteguista, según organismos de derechos humanos y denuncias de los ciudadanos, para reprimir, agredir y asesinar a opositores. En tanto, la institución castrense está bajo el mando del general Julio César Avilés, quien en los últimos meses ha reafirmado su lealtad hacia los dictadores.
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A la institución, la oposición la tilda de cómplice del régimen por haber callado frente a los asesinatos de nicaragüenses en el contexto de la crisis sociopolítica, donde se culpa a grupos paramilitares armados por el FSLN de ser los responsables de los crímenes y se le vincula de participar con la Policía y civiles encapuchados en el “Operación Limpieza” y en especial por las armas de guerra que se emplearon contra los manifestantes.
