Los abogados Julio Montenegro y José Antonio López, de la organización Defensores del Pueblo, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad contra el nombramiento de Julio César Avilés como jefe del Ejército de Nicaragua para los próximos cinco años. La premiación la hizo el dictador Daniel Ortega en noviembre de 2019,como recompensa a su lealtad al régimen.
El penalista José Antonio López señaló que en este caso existen ciertas arbitrariedades y «desigualdad ante la ley» porque no dan oportunidad a otros oficiales a que postulen a ese cargo, pero además se viola la ley al renovar un cargo antes del tiempo establecido.
«Si la ley dice que el nombramiento tiene que hacerse el 21 de diciembre y el señor presidente (Daniel Ortega) lo hizo con 33 días de antelación (…) no sé si el señor presidente tendrá algún documento que le entregó la Asamblea Nacional donde diga que él puede hacer nombramientos a futuro», refutó José Antonio López.
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La decisión de Ortega fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta en el Acuerdo Presidencial N. 182-2019; y dicta en el acápite número III: “El Consejo Militar de forma unánime propuso por su desempeño, méritos militares, profesionales y personales, al General de Ejército Julio César Avilés Castillo, para ocupar el cargo como Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua por un período de cinco años, del 21 de febrero de 2020 hasta el 21 de febrero de 2025”.
En ese sentido el abogado Montenegro exhortó a las instituciones del Estado a cumplir con los procedimientos establecidos y «que no sean arbitrarios y que no sea mediante decretos cuando esto violenta lo que ya está normado previamente».
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El tres de septiembre, el general Julio César Avilés Castillo reafirmó su lealtad al dictador Daniel Ortega durante el aniversario 40 del Ejército de Nicaragua, a quién le expresó “Presidente cuente con esta institución para seguir en el camino de una Nicaragua con seguridad, estabilidad, desarrollo económico, prosperidad y en paz”.
A la institución se le señala de complicidad frente a los asesinatos de nicaragüenses en el contexto de la crisis sociopolítica, donde se culpa a grupos paramilitares armados por el FSLN de ser los responsables de los crímenes y se vinculada al Ejército de participar con la Policía y civiles encapuchados en el “Operación Limpieza” y en especial por las armas de guerra que se emplearon contra los manifestantes.
Esos abogados son operadores políticos que no expresan ningún fundamento jurídico. La Ley 181 es clara al respecto y esa facultad del Presidente Ortega, a solicitud del Consejo Militar, no tiene discusión.
Estos abogados como siempre haciendo el show barato y ridículo igual de ridículo que el rollito del peinado de uno de ellos; hasta para ser payaso hay que tener gracia