Nacionalización de DNP Petronic
Nacionalización de DNP Petronic "es parte del manejo mafioso" de las empresas del FSLN
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Los 73 votos de la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional aprobaron la nacionalización de la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic), después que la compañía, que estaba en manos de la familia Ortega Murillo, fuera sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y con ello se aniquilara financiera y operativamente el millonario negocio.


Durante la discusión en el Parlamento, la diputada liberal Azucena Castillo sugirió a los sandinistas que detuvieran la maniobra que “contamina” al resto del Estado. “Por piedad les pido por este país que no contaminemos al Estado de Nicaragua. No sabemos qué consecuencias vamos a tener después de que hayamos pasado esta ley, contaminando al Estado con una transferencia (de una empresa) que está sancionada a otra empresa que no está sancionada”, insistió la parlamentaria opositora.

Por su parte, el abogado y exdiputado opositor Eliseo Núñez valoró la operación como “parte del latrocinio” de la dictadura que traslada a los nicaragüenses una nueva deuda. “Es parte de la confusión partido-Estado-familia. Es el manejo mafioso de los grupos de poder empresarial que ellos (Ortega Murillo) tienen”.

 

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El exparlamentario opinó que si la intención fuera solo la nacionalización y proteger el suministro, como ha justificado el oficialismo, bastaba con solo aplicar el artículo 22 de la Ley de Hidrocarburos, que ya establece un mecanismo para expropiar. “Es un artículo que ya establece que ante este tipo de emergencias vos lo que tenés que hacer es expropiar, pero al expropiar ellos debían seguir un procedimiento que ya establece la Ley, pero ellos lo que querían era un mecanismo especial. Lo que ellos están buscando es resarcirse las pérdidas que tienen por la sanción, vía el Estado”.

Venta forzada para recuperar efectivo

La dirigente opositora y analista política Dora María Téllez consideró que con la estatización de la DNP Petronic, el orteguismo pretende recuperar efectivo y salvar los bienes de sus gasolineras, a través del Estado. “El pretexto es asegurar el consumo, pero si se tratara de asegurar el consumo, Petronic, que es la empresa del Estado, y que no está sancionada, podría hacer las importaciones, o las podría hacer Puma, o que importe UNO, no tendrían ningún problema, pero es puro pretexto y para eso están haciendo esa venta forzada”, evaluó Téllez.

Núñez y Téllez coincidieron en que la nacionalización de una empresa fichada por Estados Unidos como lavadora de dinero pone en serio riesgo al Estado de Nicaragua.

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“Eso convierte al Estado de Nicaragua en ‘tope´ (término que se asigna a una persona que compra objetos robados o malhabidos) y además lo mete en la cadena de lavado de dinero. Es decir meten al Estado de Nicaragua en el ámbito de las sanciones, porque está haciendo transacciones, lavando el dinero de una empresa que está disolviéndose y que se está disolviendo por sanciones de los Estados Unidos”, opinó la también excomandante guerrillera.

Rafael Ortega Murillo, hijo de los dictadores de Nicaragua, es el encargado de DNP Petronic y también fue sancionado por Estados Unidos. Foto: Cortesía/La Prensa

“Hay un riesgo de contagio, de dónde viene el dinero, porque lo que se sigue ahora es el dinero, no al delincuente. Antes se seguía al delincuente y el delito, ahora se sigue el dinero”, dijo por su parte el exparlamentario Eliseo Núñez.

Cualquier empresa que adquiera los bienes está bajo la lupa de Estados Unidos

Aunque la ley aprobada de urgencia en el Legislativo deja a discreción del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM) la designación de las entidades públicas o privadas que manejarían los activos de la DNP Petronic, los entrevistados consideran que cualquiera que asuma esos bienes será visto como parte del entramado para el blanqueo de dinero.

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“Si ellos hacen que Petronic administre esos inventarios, Petronic entra en la fila (de las sanciones), por eso es que esta ley no dice quién es que va a administrar esos inventarios, pero en cuanto ellos digan quién va a administrar estos inventarios, esa entidad, pública o privada, entra en el paraguas de las sanciones”, concluyó Téllez.

La última sanción impuesta por el Departamento del Tesoro contra el círculo de poder económico de la dictadura Ortega Murillo, además de la DNP Petronic, incluyó a Rafael Ortega Murillo, el zar del testaferrato del régimen; y a la empresa Zanzíbar, una compañía hasta ahora desconocida que manejaba la red de distribución de combustibles, con la que el orteguismo pretendía esconder las operaciones económicas que siguen en la mira de Estados Unidos.


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