Los 71 diputados de la bancada orteguistas en la Asamblea Nacional introdujeron una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Parlamento Nacional o Ley 606, en los numerales 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 45, así mismo se reformarán los artículo 13,124 y 125 para quitar al presidente como el firmante de los decretos, leyes, resoluciones y declaraciones que sean aprobadas. La sesión extraordinaria está convocada para el sábado, 13 de julio de 2019.
Una vez que la aplanadora orteguista apruebe la reforma, Gustavo Porras, estará definitivamente pintado y todos los documentos aprobados por ese Poder del Estado serán firmados por quien ocupe el cargo de Primer Secretario de la Junta Directiva del Legislativo.
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Gustavo Porras fue sancionado junto a tres funcionarios de instituciones del Gobierno, por los Estados Unidos bajó la Ley Global Magnistky y por Canadá bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales, el 21 de junio de 2019.
Ante esas sanciones, el 25 de junio de 2019, con carácter de urgencia fue aprobada la reformas a la Ley Orgánica del Parlamento en su artículo 44, para quitarle facultades administrativas. En la misma reforma, Ortega mandó a crear un nuevo cargo de “Secretario Administrativo” de la Asamblea Nacional, una persona que por ahora se mantiene en el anonimato, ante el riesgo inminente que Estados Unidos también le ponga el ojo.
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Hasta ahora Estados Unidos ha sancionado a 11 funcionarios de la dictadura y la entidad Banco Corporativo S.A., banco creado con fondos de la cooperación venezolana y privatizado por Ortega.
El primero que fue ubicado en la lista negra fue el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, luego el tesorero del FSLN, Francisco López, el operador político del orteguismo y secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; el jefe de la Policía orteguista, Francisco Díaz; el jefe de espionaje del FSLN, Néstor Moncada Lau. Más tarde, el turno le llegó al tenor, gestor de inversiones e hijo de la pareja gobernante, Laureano Ortega; y a la misma primera dama, Rosario Murillo.
Más recientemente, el Departamento del Tesoro fichó a los últimos cuatro funcionarios orteguistas ligados con corrupción y violaciones a los derechos humanos: la ministra de Salud, Sonia Castro, el Ministro de Transporte, Oscar Mojica, el presidente de Telcor, Orlando Castillo y el mismo Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.
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Este jueves, 11 de julio, ante la solicitud de dos senadores norteamericanos, se abrió la posibilidad de que Estados Unidos ubique a nuevos ejecutores de la represión del régimen en la lista de delincuentes internacionales, se trata del mismo dictador Daniel Ortega, la exjefa de la Policía, Aminta Granera, cuatro jefes policial de alto rango que están plenamente identificados como verdugos de los ciudadanos y tres funcionarios de los penitenciarios, que han sido denunciados por los presos políticos como comisarios partidarios que torturaron a los reos durante el tiempo que estuvieron secuestrados en los penales.
