Opera como matarife del orteguismo en el Poder Judicial. Julio César Arias Roque, juez titular del Juzgado Quinto del Distrito Penal de Audiencias de Managua, fue el designado para recibir la acusación que presentó la Fiscalía contra 16 jóvenes opositores, acusados de transporte de armas y explosivos, pese a que al momento de su captura intentaban entregar agua y alimentos a los familiares de los presos políticos que permanecen en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya.
La Policía cercó el aeropuerto y les retuvo los pasaportes a los opositores Medardo Mairena, George Henríquez, y Luis Fley, cuando se disponían a viajar a Miami para sostener un encuentro con la diáspora nicaragüense.
Su fidelidad al régimen de Ortega data desde 2006, cuando Arias Roque ingresó al Poder Judicial como juez suplente, y posteriormente fue nombrado como titular. En 2014 fue nombrado como Presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic – Managua), cuyo periodo finalizó en 2016. El 11 de marzo de ese mismo año, el juez Arias enalteció la labor de la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos a quién le expresó que “su trabajo ha sido de mucha valía para el Poder Judicial, hoy le rendimos un homenaje por el camino recorrido a lo largo de estos años de lucha”.
Este 13 de noviembre, la CSJ creó la Dirección Centralizada de la Información y Prevención (DCIP), que por decisión de los magistrados será coordinada por el juez Arias Roque. La dirección se creó para que los abogados y notarios obligados por la Ley de lavado de dinero entreguen sus informes a dicha entidad.
Verdugo de opositores
Desde 2018 ha mostrado “sus garras” como operador político en el Sistema Judicial. Se ha destacado por enjuiciar a cuanto opositor le ponen en frente. Arias Roque se ha ensañado en la aplicación de su ley contra los “golpistas” y “terroristas”. Extrañamente, decenas de casos, que deberían de ser asignados por sorteo a distintos juzgados, han caído en sus manos. El juez Arias Roque se despacha con cuchara grande los casos de ciudadanos que han protestado contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según registros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el juez orteguista ha admitido acusaciones en casos como el de Olesia Muñoz Pavón y de su hermana Tania Verónica, originarias de Niquinohomo; el de los líderes universitarios de León, Nahiroby Olivas y Byron Estrada; el de Cristhian Mendoza conocido como “El Viper”, quien es exempleado público señalado de ser infiltrado en la UPOLI y acusado de asesinato; el de los jóvenes exatrincherados en la UNAN-Managua: Crisffer Steven Busto Molina, David Salvador López y Cristofer Josué Bravo; el de la belga-nicaragüense y líder estudiantil, Amaya Coppens, quien fue puesta en libertad el 11 de junio de 2019, sin embargo, este jueves, 14 de noviembre, fue recapturada y acusada por transporte de armas, junto a 15 activistas.
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El 28 de septiembre de 2018, oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial realizaron el allanamiento en las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). El cateo fue ordenado por el juez Arias Roque. En ese momento, se ampararon en la acusación y orden de captura contra el director de esa oenegé, Félix Maradiaga, quien fue señalado de delitos como “financiamiento del terrorismo, crimen organizado y capacitación de jóvenes en temas de liderazgo”.
El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas cataloga a Arias Roque como “un ser fiel a la pareja presidencial y desleal a la justicia y al pueblo”. Por otro lado, detalló que “hemos recibido denuncias de personas que señalan al doctor Arias como jefe paramilitar en el Complejo Judicial, eso nos dice de la calidad ética y profesional de un servidor público que imparte justicia, eso es lamentable”, afirma Cuevas.
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Este fin de semana, el juez orteguista vuelvió a desenfundar su bayoneta. Otra vez “el sorteo” le asignó una lista “exquisita” de “golpistas”, capturados con botellas de agua que llevaban a las madres de presos políticos. Para Arias Roque, todos son delincuentes de alta peligrosidad y llevaban escopetas, revólveres, municiones, bombas molotov, mantas de la Unidad Nacional Azul y Blanco, camisetas con pintas que exigen libertad para los prisioneros, y cuatro vehículos.
En las manos del juez Arias Roque volvió a caer Amaya Eva Coppens Zamora y Carmen Álvarez Martínez, Melvin Antonio Peralta Centeno, Marvin Samir López Ñamendiz, María Margarita Hurtado Chamorro, Neyma Elízabeth Hernández Ruiz, Jesús Adolfo Teffel Amador, Derlis Francisco Hernández Flores, José Dolores Medina, Atahualpa Yupanqui Quintero Morán, Wendy Rebeca Juárez Avilés, Olga Sabrina Valle López, Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez, Roberto Andrés Buchting Miranda, Jordan Irene Lanzas Herrera y Hansell Amaru Quintero Gómez.
Para el abogado Pablo Cuevas, el simple hecho de que el juez orteguista haya aceptado las acusaciones en contra de los activistas secuestrados denota las anomalías que puedan acontecer en el Sistema Judicial ya que “porque aquí las resoluciones judiciales se hacen en El Carmen”.
Candidato a sanciones por Estados Unidos
El juez orteguista está incluido en una petición del congresista norteamericano Albio Sires, para que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo ubique en la lista negra de delincuentes internacionales. El siete de noviembre, Sires aseguró a través de su cuenta de Twitter que “Ortega y sus compinches siguen torturando, deteniendo arbitrariamente, y persiguiendo a ciudadanos nicaragüenses con plena impunidad”.
María Amelia Coronel Kinloch, Ana Julia Guido Ochoa, Alba Luz Ramos, Adolfo Noel Marenco Corea, Julio Cesar Arias Roque, Henry Morales Olivares, Sadrach Zeledón Rocha, son algunos de los funcionarios que @Treasury debería investigar más a fondo.
— Albio Sires (@RepSires) November 7, 2019
De aprobarse la sanción, Arias Roque acompañaría en esa lista de criminales a 15 funcionarios del régimen, que ya fueron sancionados y que tienen decretada muerte civil y financiera, entre ellos la misma vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, su hijo Laureano Ortega, el jefe de la Policía, Francisco Díaz; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la ministra de salud, Sonia Castro, el presidente del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, el tesorero del FSLN, Francisco López, entre otros.
