Analistas advierten que Roberto López podría perder su nacionalidad española por sanciones impuestas por Estados Unidos. Foto: Cortesía
Analistas advierten que Roberto López podría perder su nacionalidad española por sanciones impuestas por Estados Unidos. Foto: Cortesía
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Después que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos rectificara la información y se conociera que Roberto José López Gómez, presidente del Instituto de Seguridad Social (INSS), posee también nacionalidad española, analistas políticos advierten las consecuencias que podrían generarle al funcionario orteguista ante la Unión Europea (UE) tras haber haber sido sancionado por la administración Trump.

El analista político Roger Arteaga expresó a Artículo 66 que la doble nacionalidad de López (española y nicaragüense) no cambia la medida impuesta por la Casa Blanca «porque la acusación no es por dónde nació sino por los actos que ha cometido. Al saber que posee esa nacionalidad y siendo sancionado, no es remoto que España, por un acto de solidaridad con Nicaragua, pueda quitarle la nacionalidad que él (Roberto López) tiene, porque tiene esa potestad como gobierno y obviamente al quitarle esta documentación él se convierte en un paria».

Analista político Roger Arteaga. Foto Cortesía
Analista político Roger Arteaga. Foto Cortesía

Arteaga además advirtió sobre las acciones que podría ejecutar el gobierno estadounidense contra esta ficha del orteguismo, señalado de corrupción y violación de derechos humanos. «Si él tiene activos o propiedades en España, el gobierno de Donald Trump podría exigirle a España que le congele las propiedades y su estado financiero».

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El 16 de octubre, el dictador Daniel Ortega arremetió contra la Unión Europea, luego de la aprobación de un marco jurídico para aplicar sanciones a funcionarios del régimen. Según Ortega, la UE se sumó a las políticas internacionales «intervencionistas e imperiales» de Estados Unidos contra su administración.

Estas declaraciones del dictador, en presencia del embajador de la Unión Europea, en Managua, Pelayo Castro, podría ser el detonante para que la UE considere que el funcionario del INSS lidere la lista de los próximos sancionados por el organismo internacional. «No tengás duda que este señor va a encabezar la lista porque Ortega ofendió a la UE y al embajador Pelayo Castro».

Por su parte, el excanciller de Nicaragua Francisco Aguirre Sacasa remarcó que esta sanción representa una «muerte civil» únicamente en Estados Unidos. Sin embargo, afirmó que el operador de la caja chica del régimen podría ser perjudicado si los países que conforman la Unión Europea se suman a las sanciones que Estados Unidos y Canadá han impuesto a 14 fichas de la tiranía.

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«La UE bien podría hacer lo que hizo Canadá, que fue sincronizar sus sanciones con las que impuso el gobierno estadounidense, en ese momento podría ser perjudicado el también ciudadano español Roberto López, pero no creo que el gobierno de Estados Unidos vaya a perseguir a través de la (ley) Magnitsky a este funcionario».

Roberto López, presidente del INSS. Foto: Cortesía
Roberto López, presidente del INSS. Foto: Cortesía

López es acusado por el Departamento de Tesoro de participar por medio del INSS “en prácticas engañosas o corrupción del gobierno de Nicaragua, en representación de este o con algún otro tipo de relación con dicho gobierno o de un funcionario actual o exfuncionario, como la aprobación indebida de bienes públicos o la expropiación de bienes privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción vinculada con contratos públicos o sobornos”.

El gobierno norteamericano refiere que el funcionario a través de la institución pública «se ha visto afectado por escándalos de corrupción y maniobras de lavado de dinero, que incluyen desde financiar la construcción de un rascacielos valuado en varios millones de dólares en terrenos propiedad de López, hasta favorecer contratos con empresas constructoras y proveedores farmacéuticos vinculados con el gobierno o efectuar pagos ilegítimos a funcionarios a través de sociedades pantallas».

Mientras tanto, el exdiplomático Bosco Matamoros coincidió con el excanciller de Nicaragua Aguirre Sacasa en la coordinación que podría tener la Unión Europea con Estados Unidos en la aplicación de estas medidas. «Habría que ver los recursos que presenta el gobierno de los Estados Unidos ante la jurisdicción española y las autoridades de la Unión Europea, aunque hay dos jurisdicciones porque es ciudadano nicaragüense y europeo», concluyó el también exembajador de Nicaragua en España.


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