El Departamento del Tesoro de Estados Unidos por medio de un comunicado corrigió el error que confundía los datos del sancionado Roberto José López Gómez, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), con un joven que se encuentra en el exilio y que es originario del departamento de Granada.
López es acusado por corrupción y en el primer comunicado emitido por el Departamento de Tesoro; la cédula de identidad eran de Roberto José López Gómez, quien está exiliado por la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las personas que protestaron en su contra desde abril de 2018. En el segundo informe agregó otro número de ID que corresponde al 8882204630000A.
En los datos del exiliado que comparte los nombres y apellidos de la ficha del orteguismo se detallaba que es originario de Granada. Además, es concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y presidente de esa organización en ese municipio. El diario La Prensa se comunicó con López y les manifestó que “estaba reunido con un abogado para buscar una aclaración al error y que luego iría a una cadena de televisión a aclarar la confusión, ya que cree encontrarse en un grave problema tras la equivocación del Tesoro”.
Por su parte, el partido al que pertenece también está organizando acciones legales para presentarlas a la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua y ante el departamento de Estados Unidos en Washington.
En los datos corregidos del sancionado López, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) destaca que el operador de la dictadura nació en Madrid, capital de España, por tanto tiene doble nacionalidad. López es acusado por el Departamento de Tesoro de participar, por medio del INSS; “en prácticas engañosas o corrupción del gobierno de Nicaragua, en representación de este o con algún otro tipo de relación con dicho gobierno o de un funcionario actual o exfuncionario, como la aprobación indebida de bienes públicos o la expropiación de bienes privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción vinculada con contratos públicos o sobornos”.
El gobierno norteamericano también señaló que el funcionario, por medio de la institución pública, “se ha visto afectado por escándalos de corrupción y maniobras de lavado de dinero mientras López ha estado a cargo de la institución, que incluyen desde financiar la construcción de un rascacielos valuado en varios millones de dólares en terrenos propiedad de López, hasta favorecer contratos con empresas constructoras y proveedores farmacéuticos vinculados con el gobierno o efectuar pagos ilegítimos a funcionarios a través de sociedades pantallas”.
