Un juez determinó que “no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia” en el caso del expresidente brasileño acusado por corrupción Luiz Inácio Lula da Silva después que la Corte Suprema decidiera el jueves, 7 de noviembre, que nadie puede estar encarcelado mientras tenga recursos legales disponibles.
Da Silva, de ideología de izquierda, cumple desde abril de 2018 en Curitiba (sur) una pena de ocho años y 10 meses de cárcel por corrupción. Sus seguidores recibieron la noticia con gritos y consignas de “Lula, guerrero del pueblo brasilero”, mientras estaban congregados frente a la sede de la Policía Federal donde se encuentra encarcelado.
Dicha decisión obliga a la Corte Suprema a analizar la situación de al menos 5 mil personas, quienes no todos serán liberados. En el caso de mayor peligrosidad tendrían que dictarles prisión preventiva.
Por su parte, el abogado defensor de da Silva expresó a los medios de comunicación que el exmandatario se encuentra “muy sereno. La decisión de la Corte Suprema le dio una luz de esperanza de que puede haber justicia. Nuestra batalla jurídica, nuestro foco, es obtener la nulidad del proceso”.
Lula fue procesado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras. Sin embargo, el político niega los cargos y se considera víctima de la una manipulación judicial para impedir una reelección.
