La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) dio a conocer una propuesta conformada por diez puntos para lograr un consenso nacional entre los diferentes actores del país, movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones y colectivos para enfrentar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en una sola fórmula porque según ellos solo la “unión hace la fuerza”.
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La Alianza en su escrito apuesta por la “no reelección, ni el caudillismo”; insiste en la restauración del “Estado de derecho”, que propicie la independencia de los poderes del Estado y destacan la necesidad de “una profunda reforma a la Policía y el Ejército”, dos instituciones a las que se les ubica entre las principales responsables de la masacre contra los nicaragüenses en el contexto de la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018.
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Continúan los secuestros contra los opositores a la tiranía. Esta vez, Xiomara Espinoza López, esposa del exreo político Francisco Javier Hernández, de 43 años, originario de San Marcos, Carazo, denunció ante la organización Defensores del Pueblo que Julio Cruz, jefe policial de inteligencia de esa localidad junto a ocho oficiales y un paramilitar, detuvieron ilegalmente a su pareja cuando la víctima se encontraba en su vivienda el 16 de octubre. La acción que se repite por segunda ocasión, de acuerdo con Espinoza, es una represalia contra su marido por seguir señalando los atropellos del régimen hacia la ciudadanía.
La dictadura continúa oxigenando a su principal órgano represor: la Policía Nacional. Según el detalle del Presupuesto General de la República presentado ante la Asamblea Nacional, en su mayoría conformada por diputados orteguistas, se resalta que la guardia al servicio del régimen recibirá en el 2020, 3,836 millones de córdobas más en comparación con este año, lo que representa un 7 % adicional para continuar la represión y el estado de sitio impuesto en el país. Adicional a eso, la Policía recibirá más 4 millones de córdobas como una transferencia de la Alcaldía de Managua, como parte de un convenio institucional.
La investigadora y especialista en temas de presupuesto, Dayra Valle recalcó que esos fondos “representan una especie de premio ante la labor que está ejerciendo, lamentablemente, la Policía Nacional. El presupuesto siempre es una herramienta de premiar o castigar en dependencia de los recursos de las instituciones” en detrimento de otros sectores prioritarios como salud y educación.
La administración Ortega-Murillo también pretende restar 4,412.12 millones de córdobas, de los 7,354 millones que les corresponden a las 153 alcaldías de Nicaragua, provocando que las autoridades edilicias pospongan los proyectos de desarrollo de las localidades, como mejoras de caminos, ampliación de carreteras, construcción de escuelas, proyectos sociales y mantenimientos a centros médicos.
Según el documento del Presupuesto General de la República (PGR), el 10 % que corresponde a las municipalidades fue convertido en un 4 %, lo que para la investigadora y especialista en presupuesto Dayra Valle es una violación a la Ley 466, Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua, en la que se establece que no se puede variar ese 10 % que proviene del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Violaciones, Violaciones, Violaciones e a todo el espectro Nacional es lo que ha recetado este régimen Asesino y Criminal Genocida. Han violado todos los derechos del pueblo y se detendrán mientras les digamos oxigenando con los fondos que necesitan para reprimirnos.