El abogado Julio Montenegro, miembro de la organización Defensores del Pueblo, denunció la mañana de este jueves, tres de octubre, las torturas que fueron sometidos cinco ciudadanos que estuvieron secuestrados por varios días en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”. Los detenidos ilegalmente son originarios de Chinandega, Masaya y Managua.
Montenegro señaló que uno de los excarcelados políticos le expresó que lo metieron en un barril con agua y hielo y les pusieron choques eléctricos, aunque por motivos de seguridad omitió los datos personales de la víctima.
“Hay una situación de amenaza permanente que tienen estas personas una vez que son detenidas. Da igual sin citar nombre, tengo el conocimiento que son víctimas de torturas (…) pero el método que se está utilizando es de meterlos en barriles de agua, se les echa cubos de hielo e incluso se pone un negativo y luego el positivo se le aplica a la persona dentro del barril y permanecen por mucho tiempo dentro de esos barriles aguantando la temperatura dentro de esos barriles”, denunció Montenegro.
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Entre estos ciudadanos que estuvieron secuestrados ilegalmente y que fueron liberados días después figuran Douglas Villanueva, Henry Lara y Manuel Antonio Orozco, todos originarios de El Realejo, Chinandega. Asimismo, incluyen al enfermero Fernando Montalván Díaz, originario de Masaya, y Felipe Antonio García, de Managua.
El abogado defensor de derechos humanos remarcó que la Policía orteguista viola las normas de la Constitución Política, que establece un plazo de 48 horas para que las autoridades presenten una acusación formal en contra de una persona detenida.
“Se ha vuelto común y es totalmente ilegal puesto que la Constitución Política no ha sido reformada, hemos insistido en eso que son 48 horas constitucionales, en el artículo 33 y 34 se señala esa situación, entre ellas el derecho que tienen de entrevistarse con su abogado de elección y ser comunicado del porqué se le detiene”, recalcó.
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También lamentó el hecho que cuando se detiene a una persona la sometan a interrogatorios, golpes y otros tipos de torturas, particularmente a los que están involucrados en sucesos de índole política. “Eso está prohibido por la ley y por las convenciones de derechos humanos”
Montenegro insistió en la preocupación y temor que sienten estos cinco ciudadanos que están recibiendo amenazas. “Hay una amenaza latente, hay una persecución constante y un peligro que estas personas pueden ser detenidas nuevamente”.
