El abogado defensor del pueblo, Julio Montenegro denunció en horas de esta mañana los secuestros de Henry Lara y Manuel Orozco, ciudadanos originarios de El Realejo en Chinandega, quienes fueron detenidos ilegalmente por la policía orteguista junto a civiles armados, el pasado lunes 24 de septiembre.
Montenegro aseguró que “después de la situación de las explosiones en el Puente San Isidro, en el Realejo, han sido capturados ilegalmente al menos cuatro ciudadanos, de los cuales tenemos conocimiento de tres: Douglas Villanueva, Henry Lara, y Manuel Orozco, donde sus familiares han denunciado que sus detenciones son por haber participado en las protestas cívicas”.
Los familiares desconocen el motivo de su secuestro, sin embargo sospechan que se debió a que los dos ciudadanos han participado activamente en las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018, pero que la Policía los vinculan con las explosiones de bombas de contacto ocurridas en el puente San Isidro, en la carretera Chinandega-Corinto.
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El ciudadano Henry Lara fue detenido ilegalmente por la guardia orteguista de esta localidad, el lunes 24 de septiembre, a las 10 de la mañana, cuando el implicado se encontraba en su casa. Según Montenegro, los familiares de este ciudadano, desde las ocho de la mañana de este jueves, se trasladaron a las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) por que tienen la esperanza de que los hayan trasladado a ese centro de detención, sin embargo temen por la vida de su familiar, ya que no les han querido dar información de su paradero.
Manuel Orozco fue secuestrado por policías y civiles armados, la noche del lunes 24 de septiembre, cuando se trasladaba en un camión hacia su vivienda. Los familiares denunciaron que la policía allanó su casa y la de su cuñada para buscar bombas.
Durante la conferencia de prensa, en la que no se hicieron presente los familiares de los detenidos, los oficiales orteguistas asediaron las afueras de las oficinas de los Defensores del Pueblo, en Managua.
Montenegro manifestó que los oficiales orteguistas deben de respetar los artículos 33 y 34 de la Constitución Política, ya que a los familiares no les han permitido ver a sus detenidos, asimismo, agregó que el Estado debe garantizar todos los derechos y garantías de los ciudadanos.
