Dictadura obliga a los bancos a revelar información de sus clientes o pagar 50 mil dólares de multa

A través de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financiera (Siboif), la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo impondrá multas de hasta 50 mil dólares a los bancos o financieras que se nieguen a revelar información de sus clientes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de acuerdo a lo establecido en la reforma a la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La medida fue publicada este lunes, 12 de agosto, en La Gaceta diario oficial, y obliga a los bancos, financieras, almacenes generales y empresas aseguradoras a brindar información de activos, cuando la UAF así lo solicite.

“Las instituciones financieras supervisadas una vez reciban la comunicación de las listas por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) procederán sin demora a la búsqueda, detección e inmovilización de los fondos u otros activos que se encuentren en su poder, también buscarán registros de operaciones completadas o intentadas que involucren a las personas y organizaciones designadas, procediendo a informar a la UAF de manera confidencial el resultado positivo o negativo de la búsqueda”, expresa parte de la publicación del diario oficial.

El economista y exministro de Hacienda y Crédito Público y actualmente miembro de la Alianza Cívica, Mario Arana, expresó que esta medida es normal a nivel mundial, donde los gobiernos pueden tener acceso a la información en circunstancias que consideren inusuales. Sin embargo bajo el contexto sociopolítico que vive Nicaragua, esta medida se convierte en una «sospecha a la credibilidad o intenciones que podría tener el gobierno».

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«Yo creo que para el contexto actual, esta medida es una mala noticia, y debo decirte que el gobierno perdió una buena oportunidad de llegar a un entendimiento y acuerdos y lo que ha ocurrido es que Estados Unidos, precisamente un informe que tenían retenido y que no había llegado al congreso, ya lo enviaron luego que el gobierno mandó al carajo las negociaciones políticas y bueno reafirmaron a todas las personas sancionadas cuando a lo mejor pudo haber sido algo que se pudo haber evitado».

Arana señaló que esta nueva medida es un mecanismo más de represión y corrupción por parte del régimen. «Una señal que no da tranquilidad, sino más bien de preocupación, pero bueno son realidades de estos tiempos políticos complicados que no han querido resolver rápidamente a como hubiese sido lo deseado y como creíamos que era el plan».

Esta medida también contempla aplicar sanciones a las entidades bancarias en caso que tarden el proceso de entrega de información solicitada por la UAF, o bien cuando el banco revoque o modifique el congelamiento de fondos o activos sin la autorización de la entidad judicial.

Asímismo la UAF facilitará un listado de personas o empresas que los bancos o financieras procederán a congelar sus fondos de manera preventiva «en caso de tenerlos en su cartera de clientes». Serán sujetos a sanciones las financieras “cuando la entidad supervisada efectúe la búsqueda contra su respectiva base de datos y detecte fondos o activos relacionados con las personas o entidades designadas en la lista que haya recibido de la UAF, pero no evidencia haber efectuado la inmovilización preventiva de los mismos”, señala la publicación de La Gaceta.