Ortega esconde información al “Pueblo Presidente”

La información es poder y administrarla es doble poder. Daniel Ortega trató de mostrarse como un defensor de las libertades públicas y no corrió lejos, las evidencias de sus administraciones lo desenmascaran

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En Nicaragua obtener datos y versiones oficiales del gobierno es un reto del tipo misión imposible, y si es una odisea para el periodismo independiente, más complicado es para la ciudadanía o para el “pueblo presidente”, como esta administración ha decidido denominar a los ciudadanos.

Secretismo, datos desactualizados, falta de respuesta para las solicitudes de entrevistas y sitios web poco amigables, son parte de las evidencias de las trabas para el acceso a la información pública en un gobierno cuyo mandatario años atrás hizo promesas públicas de respeto a las libertades públicas.

Daniel Ortega, paso de momentáneo paladín de la libertad de expresión a un evasivo y huraño personaje ante la prensa, se cuentan más de 4,600 días de no brindar una conferencia de prensa, ni atender a los medios nacionales de comunicación, de acuerdo al registro que contabiliza el diario La Prensa.

¿Un show electoral?

En el 2001, en las vísperas a las elecciones presidenciales donde se presentó como candidato por cuarta ocasión, Ortega firmó la Declaración de Chapultepec comprometiéndose a respetar las libertades públicas y los derechos humanos. Las evidencias demuestran que en su gobierno es papel mojado.

La Declaración de Chapultepec, fue adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, celebrada en México DF, en marzo de 1994, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Consta de 10 principios que consolidan la vigencia de las libertades públicas y los derechos humanos en el continente. Ha sido firmada por 32 países, en el caso de Nicaragua fue rubricada por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1994), Enrique Bolaños y Ortega, la firmaron siendo candidatos presidenciales en 2001, el primero resultó electo presidente.

Ya han pasado 18 años y Cristiana Chamorro, directora ejecutiva de la Fundación Violeta B. de Chamorro considera que la firma de Ortega de la Declaración de Chapultepec, “era con fines electoreros, era para quedar bien, para venderle al mundo que venía con otras ideas”.

El compañero de fórmula de Ortega en las elecciones presidenciales de 2001, el socialcristiano Agustín Jarquín, rememoró que la firma de la Declaración de Chapultepec surge de una discusión alrededor del círculo cercano de asesores de Ortega partiendo de los acuerdos que tuvieron al aliarse para las elecciones.

“Habíamos suscrito un convenio donde se iba a respetar la libertad de prensa, se iba a permitir el acceso de los periodistas a la gestión pública, era parte de la tarea, no era retórico si Dios y la gente quería que fuéramos gobierno íbamos a cumplir en eso, gente cercana a él le dijo que la Sociedad Interamericana de Prensa era muy insidiosa pero le dijimos ¿cuál era el problema?, habíamos hablado que yo era el encargado del uso de los bienes públicos, yo había terminado (funciones) con la Contraloría y que iba a precisamente a ocuparme que hubiera transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los funcionarios, además ver las municipalidades”.

Jarquín sostiene que tras la discusión, Ortega decidió que había que firmar (la Declaración) “y nos fuimos él y yo para casa de Doña Violeta (Barrios) para suscribirla”, una fotografía, en la que no aparece Jarquín, quedó de evidencia para la historia.

Es el mismo Ortega 

Sin embargo, para el editorialista del diario La Prensa, Luis Sánchez Sancho, el Ortega firmante de esta Declaración no es diferente al que dirige el país actualmente en medio de una severa crisis sociopolítica, “Ortega nunca cambió, siempre fue el mismo aferrado a un pensamiento  muy ortodoxo de la estrategia y la táctica revolucionaria”.

Recordó que, en febrero de 1990, Ortega fue uno de los nueve miembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista que se opuso a reconocer el triunfo de Violeta Barrios, “las circunstancias lo obligaron (a reconocerlo) pero él quedó con esa herida en el alma, pero no tenía voluntad ni talento como cambiaron otros antiguos comandantes de la revolución”.

Indicó que desde ese momento Ortega vino elaborando acciones para recuperar el poder, incluyendo la mentira. “Él lo dijo claramente (en 1990), estamos gobernando desde abajo, volveremos a gobernar desde arriba y para eso ha hecho todo lo que ha sido necesario, incluyendo mentir, incluyendo prometer lo que estaba absolutamente seguro no iba a cumplir, en este caso me refiero a la libertad de expresión y de prensa”.

Sánchez aseguró que Ortega siente “un odio particular a la libertad de prensa y a la libertad de expresión y en particular a medios de comunicación como La Prensa que ha sido la espina en el corazón de cuanta dictadura ha habido en Nicaragua en los últimos 93 años”.

Paradójicamente la esposa de Ortega, actual vicepresidenta de la República y Secretaria de Comunicación gubernamental fue durante cierto período de los años 70, secretaria del Director Mártir de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado en enero de 1978.

Ortega apedrea a Chamorro 

Sánchez aseguró que Ortega nunca ha podido concretar el cierre de La Prensa, “desde jovencito él tenía una inquina especial contra el doctor Pedro Joaquín Chamorro”.

Rememoró que el Primero de Mayo de 1963, durante una manifestación del Día de los Trabajadores organizada por el movimiento obrero, un joven Ortega junto a otros miembros del recién nacido Frente Sandinista, una vez que divisaron a Chamorro y sus acompañantes que observaban la marcha desde el balcón del segundo piso de la casa de Gustavo Vargas López, ubicada en la esquina opuesta al Cine González, lanzaron piedras.

“Podría parecer un hecho aislado, pero para mí representaba esos sentimientos que desde sus orígenes representaba Daniel Ortega contra Pedro Joaquín Chamorro, es decir contra La Prensa, porque Pedro Joaquín Chamorro era La Prensa y La Prensa era Pedro Joaquín Chamorro, no se podían separar”, indicó.

El acceso que es inaccesible

En junio 2007, a cinco meses del retorno de Ortega al gobierno, entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621, que define el marco jurídico para que la ciudadanía tenga plena cercanía al quehacer y resultados de la administración del Estado. Esta ley fue promovida por el periodismo independiente y organismos dedicados a la promoción de la libertad de prensa y la libertad de expresión.

Sánchez Sancho consideró que a Ortega le resultaba detener esta Ley, “se venía debatiendo y aprobando desde mucho tiempo atrás, no nació bajo su administración, él calculó, sabía que esa ley aplicándose como debía aplicarse, de acuerdo con su contenido y la experiencia que hay en otros países donde existe la misma legislación, iba a tener dificultades con su proyecto de gobierno centralizador, autoritario y tendiente hacia la dictadura, entonces optó con una estratagema muy leninista que es aceptar la ley en su forma y anularla con una práctica contraria a lo que la ley dispone”.

Para el editorialista, al retornar al poder, Ortega “se dio cuenta que no podía hacer las cosas como se hacían en los años 80, tenía que convivir con los avances de la democratización que hubo en Nicaragua, la profesionalización de las fuerzas armadas, la libertad de expresión y de prensa, etcétera, creo que apuntó más bien a neutralizar aquellos valores, leyes, disposiciones, que podían afectarlo, ignorarlos en este caso”.

SIP escéptica con Ortega

En tanto, Ricardo Trotti, Director Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), explicó que la aprobación de esta Ley la tomaron institucionalmente “con cierto optimismo” porque había un camino nuevo, “Daniel Ortega estaba demostrando cierta voluntad política de no hacer lo que había hecho en el gobierno anterior y por otro lado como periodistas siempre nos mantenemos escépticos a que un gobierno cumpla con una Ley de esta trascendencia”.

Este escepticismo surge, según Trotti por la experiencia de que este tipo de leyes “surgen como parte de la demagogia política que puede tener un gobierno  que dice cosas por un lado, pero es para generar titulares (noticiosos) pero en la práctica no sucede lo que esa Ley demanda”.

“Vimos especialmente que el gobierno de Daniel Ortega nunca cumplió con esa Ley… es más la gran preocupación de la SIP que viene manifestando con el gobierno tiene que ver con el retaceo propagandístico o por omisión que hace, por ejemplo, no ofrecer conferencias de prensa o informar a través de una sola persona, como alguna vez lo estableció a través de Rosario Murillo, no permitir que la prensa pueda investigar”, agregó Trotti.

“Incluso luego de haber promulgado esta Ley hizo todo lo contrario”, sentenció.

En este sentido, Cristiana Chamorro, directora ejecutiva de la Fundación Violeta B. de Chamorro, señaló que en este tiempo Ortega “tenía impuesta la realidad de que volvió al gobierno con una sociedad empoderada con la libertad de expresión, que exigía, y no tuvo más remedio que firmar esta ley, aunque nunca cumplió.

Recordó que esta iniciativa fue promovida por los periodistas, “Ortega se vio forzado por una realidad, a este tipo de gobiernos se les impone la realidad, yo siento que ahorita a Daniel Ortega se le está imponiendo una realidad, se le está imponiendo primero el rechazo popular, un rechazo masivo, luego el colapso económico al que nos está llevando, por otra parte, la atención que tiene de la comunidad internacional y las amenazas de las sanciones, a él se le está imponiendo esa realidad”.

Jarquín asume paternidad de la ley

Por su parte, Agustín Jarquín, ex aliado de Ortega, aseguró ser el promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, “la iniciativa de ley la introdujimos nosotros, la bancada de la alianza de la Convergencia Nacional que después se transforma en la Alianza Nicaragua Triunfa es quien la propone, yo la explico en la bancada yo soy quien redacta, por supuesto con el apoyo de amigos, algunos colegas suyos (periodistas), tomamos un modelo que había en un estado de México, la elaboramos y se presentó”.

Recordó que en el proceso de consultas hubo un acompañamiento positivo de la Fundación Violeta B. de Chamorro y el apoyo del Banco Mundial y Naciones Unidas (PNUD).

Dijo además participar en el lobby para el reglamento de la Ley una vez que se aprobó ya en la administración de un recién electo Ortega.

Ortega ordena acceso a la información

Según Jarquín Anaya, “adicional al reglamento Ortega emitió un ordeno presidencial, como una resolución presidencial en la cual le ordenaba a todos los funcionarios del Ejecutivo que en razón de ser un derecho del Pueblo Presidente, rezaba el documento que era la jerga oficial en ese momento, el acceso a la información pública”.

Explicó que esa resolución mandataba a que todas las entidades instalaran las Oficinas de Información Pública y que capacitaran a los funcionarios, “inclusive yo me ofrecí para capacitar en diferentes instancias al gobierno”. Pero hubo más. Jarquín aseguró que esa resolución exhortaba a los demás poderes del Estado y entes autónomos que también hicieran lo propio.

“Había una convicción, y eso yo lo había hablado con él (Ortega) que no era solo por un derecho de la gente, sino la transparencia en la gestión pública hace que ocurra menos corrupción, que el empleado del Estado trabaje de acuerdo a sus obligaciones al estar siendo observado por la información y que además el acceso de la información fomentaba la participación ciudadana… y eso ayuda a una mejor gestión pública”, comentó.

Jarquín apuntó que “me daba la impresión a mí que Ortega estaba motivado por eso y por eso decide sacar ese decreto presidencial que se distribuyó en todas las instancias del gobierno y se distribuyó en todas las alcaldías”.

Dijo desconocer los motivos de la transformación de Ortega en el tema de la transparencia y acceso a la información. Aseguró que el mandatario se fue aislando de la relación con los aliados y comenzó a partidarizar las instituciones públicas.

La referencia de hace 31 años

Para Cristiana Chamorro, la actual situación de las faltas de libertad de prensa y acceso a la información le recuerdan el año 1988 cuando el gobierno sandinista en el primer mandato de Ortega, tenía clausurado el diario La Prensa, entonces ella era directora.

“El (Ortega) firmó unos acuerdos que le costó cumplir, se firmaron en marzo y pudimos abrir La Prensa hasta septiembre, entonces no es que él va a volver a reestablecer (los derechos) sino que lo vamos a forzar los nicaragüenses acompañados por la comunidad internacional, en estos momentos no podemos continuar sin libertades públicas y él lo sabe, obviamente para Ortega, que un pueblo esté en libertad es su mayor adversario”, señaló Chamorro.

La periodista agregó que Ortega no puede con la libertad “la libertad (para Ortega) es como (cuando le aparece) la cruz al diablo”.

Al evaluar las violaciones a las libertades hechas por el gobierno de Ortega, Chamorro recordó el libro “Estirpe Sangrienta, Los Somoza”, autoría de su padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, donde evidencia las atrocidades de la dinastía somocista.

“Yo pensaba… todos hemos leído Estirpe Sangrienta y yo pensaba que eso nunca se iba a volver a repetir y eso sucedió en un período de tiempo de 50 años de dinastía y esto lo que ha ocurrido ahora es simplemente en un año, esto ha sido una dictadura macabra, represiva, monstruosa en todo sentido, es algo que no estaba ni siquiera en la imaginación de que podríamos llegar a esta situación, es terrible y creo que él (Ortega) carga sobre sus espaldas con la responsabilidad de los más 300 muertos y los torturados que existieron, de los cienes en el exilio y de todo el desbarajuste económico, ¿cómo describirlo?, es monstruoso”

Información “incontaminada” 

A un mes de su retorno al gobierno de Ortega lanzó, con la selectividad informativa que le caracteriza, la “Estrategia de Comunicación del Gobierno”, Rosario Murillo, en ese momento definió como norma de la política informativa oficial “usar nuestros medios (partidarios), para que nuestra información salga incontaminada, directa”.

Luis Sánchez Sancho, consideró que con esto se anuncia que la información pública será filtrada, “para nosotros que ejercemos un periodismo independiente y libre, filtrar la información es depurarla de contenido que no es objetivo, ella (Murillo) hablaba de descontaminar en el sentido de que la libertad plena como nosotros la concebimos, como la practicamos, es tóxica para un gobierno de estilo autoritario como evidentemente era el tipo de gobierno que ellos pensaban establecer y de hecho establecieron, dándose pausas, sin quemar etaas como se dice en el lenguaje revolucionario”.

Tras las protestas iniciadas en abril 2018, según Sánchez, el gobierno se ve obligado a “precipitar la radicalización del ejercicio del poder debido a la reacción popular… ellos tranquilamente pudieron seguir con una dinámica lenta, simular la aplicación de leyes democráticas que en la realidad nunca fueron aplicadas”.

Ortega, enemigo de la libertad de prensa

Sánchez planteó que “el concepto revolucionario ortodoxo que aprendió Ortega en su formación ideológica y política es de repudio a la libertad de prensa, reconocerla en su forma nominal, pero en la práctica negarla”.

Refirió la anécdota de un periodista británico que entrevistó en Moscú al líder de la revolución rusa, Vladimir Ilich Uilianov (Lenin), “le preguntó: ¿por qué no hay libertad de prensa? Y Lenin le respondió: libertad de prensa me dice Usted, ¿libertad para quién? ¿Para los explotados o los explotadores, para los proletarios o los burgueses? Aquí en este país hay libertad de prensa para los explotados y los proletarios, pero no hay ni habrá libertad de prensa para los explotadores ni para los burgueses”.

Apuntó que este es el concepto básico fundamental “leninista, revolucionario por lo consiguiente, acerca de la libertad de prensa, la relativización de los derechos y las libertades”.

“Ellos consideran que la información es un poder muy grande y que por ser un poder muy grande hay que administrarlo con mucha habilidad, con mucha inteligencia, no se puede dar información ampliamente, ilimitadamente, porque el ejercicio del poder real se debilita, ni siquiera a sus mismas bases, ni los altos funcionarios del régimen están autorizados para hablar, son unos pocos de absoluta confianza y dicen lo que les dicen que digan, no es que tienen derecho de hablar libremente y algunos que lo han hecho se han arriesgado incluso a tener que salir de las esferas del poder”, explicó Sánchez Sancho.

El primer caso de separación de funcionarios del gobierno por brindar declaraciones a la prensa independiente fue la ex ministra de Cultura, Margine Gutiérrez, quien brindó una entrevista a La Prensa a dos meses de haber retornado Ortega al poder.

De futuro Sánchez augura que, “se puede esperar cualquier cosa y de todo, yo pienso que no debemos confiarnos y que hasta aquí llegó esta situación, podría empeorar y podría mejorar, yo veo la situación del periodismo independiente en una doble situación: de sufrimiento por lo que hemos venido padeciendo desde abril de 2018, pero también de gloria, esta situación ha sacado de los periodistas nicaragüenses lo mejor que tenía: valor, coraje, entereza, dignidad, capacidad de sobreponerse a las dificultades”.

Cree que “informar y opinar no debería ser un acto heroico, pero es en las circunstancias de Nicaragua y esto le ha valido el agradecimiento del pueblo nicaragüense, pero además hay un reconocimiento internacional”.

SIP: Es un caso grave

Por su parte Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, apuntó que, en las actuales circunstancias, la Ley de Acceso a la Información Pública “es una ley inocua, que no sirve para nada porque no la hacen cumplir” y recordó que quien la debe hacer cumplir es un organismo autónomo del Estado “que tampoco existe”.

Consideró que Nicaragua está a unos niveles superlativos de falta de libertad de prensa y de restricciones a la prensa y a la expresión, “el hecho de que no se puedan hacer manifestaciones no se le puede llamar de otra forma que no sea una dictadura, las dictaduras hacen eso, lo primero que roban al Estado, la ciudadanía, es el poder de la libertad, Nicaragua lo ha hecho y el gobierno lo agudizó a partir de abril de 2018 y agravándolo más en diciembre de 2018 cuando declara que nadie puede manifestarse y apresa a periodistas”.

Miguel Mora: Es una guerra 

Miguel Mora, uno de los periodistas encarcelados por el gobierno de Ortega y liberado seis meses después por un proceso de amnistía negociado entre el gobierno con la Alianza Cívica Nicaragüense, indicó que el gobierno tiene una política de cero acceso a la información, “ y no solo eso, mentir y manipular, restringir la información oficial, tergiversarla y negar la información oficial que es un derecho de la ciudadanía (esto) agrava la situación de libertad de prensa, porque no sabemos a quién creerle, incluso algunas cifras que ellos publican son manipuladas”.

Aseguró que “es una guerra, las dictaduras y los dictadores declaran un asedio constante a la democracia y ésta se basa en las libertades, las más importantes la de prensa y la de expresión, el gobierno ha declarado la muerte al periodismo independiente y a la libertad de prensa, les ha declarado la guerra, estamos en una batalla con un enemigo poderoso”.

No obstante considera que esa batalla lleva saldo positivo para el periodismo independiente, “creo que la batalla la vamos ganando, la hemos ganado porque el objetivo de esta batalla es conseguir la opinión pública tanto nacional como internacional y si miramos ese balance, el pueblo de Nicaragua en su mayoría sabe lo que está pasando, conoce sus periodistas, cree en sus medios de comunicación independientes y sabe distinguir las mentiras, el pueblo lo tiene absolutamente claro y es parte de nuestras recompensas como periodistas, porque el objetivo (del gobierno) era que eso no pasara, que no se afectara la opinión pública nacional en contra de ellos ”.

A su juicio, en el campo internacional los resultados son “avasallantes”, “miremos la opinión pública internacional, es avasallante, el gobierno de la dictadura está aislado, hay informes de organismos internacionales de Derechos Humanos que lo condenan directamente, gracias al trabajo del periodismo independiente, por eso es que Ortega y su camarilla están en esta guerra sin cuartel contra el periodismo y la libertad de prensa en Nicaragua”.

Peor que Cuba y Venezuela

Por otro lado, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, sustenta la gravedad del caso Nicaragua en las comparaciones antidemocráticas en Cuba y Venezuela, “hay una gravedad en el tema de Nicaragua, en el caso de Venezuela se venía registrando una debacle en el caso de las libertades desde el propio gobierno de (Hugo) Chávez y después cuando asumió (Nicolás) Maduro, pero siempre se supo que ese gobierno era así, nunca Chávez prometió una cosa que después no cumplió, siempre prometió que era autoritario, dictador, lo mismo pasa con el gobierno de Cuba, siempre fue comunista, desde 1959 siempre reventó las libertades…”, señaló.

Sin embargo, explicó que el gobierno de Nicaragua fue diferente, se mostró demagógicamente mucho más democrático que otros períodos, durante el período electoral y cuando asume, “pero a partir de ahí empiezan a deteriorarse las libertades, de unas formas tal vez sutiles, hasta que ocurre lo de abril de 2018 cuando se declara un gobierno autoritario y dictador”.

Agregó que tampoco hay garantías a través de la estructura judicial del país, “los periodistas que tienen que acceder a la información a través de organismos (mecanismos) judiciales para poder hacerlos se encuentran con un Poder Judicial totalmente supeditado al Poder Político.

“Es una ley que el gobierno no asume de facto eliminarla pero en la práctica no utiliza, es una Ley que va a servir cuando haya un nuevo gobierno democrático pero no con un gobierno autoritario, las leyes de acceso sirven a los gobiernos democráticos y no en los autoritarios porque dejan de tener vigencia… yo no creo que el gobierno de Nicaragua pueda dar alguna información, ya ha demostrado que el ejercicio es pleno respecto a la censura que ejerce, la Ley de Acceso a la Información Pública es como que no existiera”, comentó.

Recomendó establecer un registro histórico sobre las veces que la Ley se quiso utilizar y no se logró, “los organismos pertinentes como la Fundación Violeta Chamorro y otros, los periodistas, los medios… es bueno mantener un récord histórico… el día que haya democracia se puede hacer justicia y establecer los castigos”.

Ortega crea su propia trampa

Comentó que al no cumplir la Ley el gobierno de Ortega crea su propia trampa “porque la ley que es inocua, que no sirve, que no se ejecuta es una trampa misma para el Poder Ejecutivo actual porque en el futuro se le va a poder pasar factura, así como se le va a pasar factura por todos los muertos, la falta de libertad de reunión, de asociación, la falta de libertad de prensa, de expresión, etcétera”.

Trotti consideró que el caso de Nicaragua es más agravado que otros y a manera de ejemplo citó que Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa también contaba con una Ley de Acceso a la Información Pública que no funcionaba, pero que después tuvo un giro al establecerse otro nuevo marco jurídico.

Planteó algunos parámetros para medir la gravedad en el tema de acceso a la información tomando en cuenta que Ortega impide el acceso a la información pública y desde que asumió su mandato en 2007 no ha brindado conferencias de prensa. “Y hablar a través de una funcionaria que era su esposa, o el hecho de que a los periodistas por más que pidan o traten no se les brinda información cuando lo solicitan por escrito, en la ley son castigos que están comprendidos, pero tampoco se cumplen los castigos”.

“(Hay que evaluar) la voluntad política que puede tener el gobierno para permitir acceso a la información y la otra es la persecución a los periodistas que buscan ese acceso o les deniegan la información y lo más grave (es que) las leyes de acceso siempre estipulan un tipo de castigo para los funcionarios que se niegan a brindar información”.

Trotti indicó que el gobierno de Ortega ejerce la censura previa “yo creo que ya ocurrió el tema de censura previa, el hecho de perseguir a periodistas, más de 70 periodistas nicaragüenses que estaban ejerciendo plenamente están ahora en el exilio, el hecho de haber cerrado medios de comunicación sin proceso debido, a través de allanamientos, esas son todas medidas de censura previa, eso lo ha hecho y lo está haciendo en la práctica el gobierno, sin dejar de nombrar los casos de Miguel Mora y Lucía Pineda que fueron apresados con una acusación prácticamente informal sin seguir pautas judiciales a través de un Poder Judicial que está totalmente cooptado por el poder político, también es censura previa”.

Amenaza de 40 mil fusiles 

Y es el mismo Mora quien es categórico al señalar que “aquí no hay ley, la ley es la de los fusiles, cuando estábamos presos nos decían nuestros interrogadores, amenazándonos, que ellos tenían 40 mil fusiles, que lo que nosotros hiciéramos estaba de más porque tenían esos 40 mil fusiles, no importaba si teníamos la razón si nos estaban levantando falsos lo que importaban eran los fusiles, yo les decía que si estaban dispuestos a matar a 40 mil nicaragüenses, a un muerto por fusil, aunque un fusil (AK 47) puede matar a 20  personas (20 balas por magazine) ellos decían que sí”.

Mora hizo a un llamado al periodismo independiente para que se mantenga firme “mientras esto no cambie, nos mantengamos como embajadores de Dios, diciendo la verdad”.

Mora junto a la periodista Lucía Pineda, estuvieron seis meses encarcelados. El gobierno censuró, y mantiene desde hace ocho meses secuestrado su medio comunicación, 100% Noticias.

“Dios tiene el control de todo, Dios está en función y bendiciendo a Nicaragua, Dios ha prometido muchas cosas a Nicaragua y yo las creo, porque el dictador dirá, pero Dios es el que dispone y vamos a ser testigos de un de repente de Dios”, auguró Mora.

Confía que habrá un cambio de gobierno, “pero no un simple cambio de gobierno, sino un cambio de estructura mental, cultural, política, que ahora va a salir de una dictadura cruenta, cruel, criminal por la vía pacífica gracias a la intervención del Altísimo, yo eso lo creo y eso viene, cuando las cosas se pongan más oscuras, cuando veamos que las cosas no avanzan es cuando yo veo más la bendición del Altísimo para Nicaragua, a mí me ha cumplido como cristiano, yo le creo a Él y vamos a estar celebrando muy pronto esa bendición para Nicaragua”, concluyó.

El equipo a cargo de este reportaje solicitó entrevistas con varios diputados, entre ellos Wilfredo Navarro, promotor de la Ley 621 y actual aliado de Ortega, a la solicitud vía telefónica de entrevista indicó que se encontraba en una reunión, que en un par de horas atendería, algo que nunca sucedió. El diputado sandinista José Figueroa pidió ser llamado después pero luego no respondió a las llamadas a su celular.