A tres días de que se cumpla el primer aniversario del inicio de las protestas cívicas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mismas que fueron salvajemente reprimidas dejando un saldo mortal de entre 300 y 500 víctimas, según informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; Amnistía Internacional se pronunció sobre esta situación exigiendo a la dictadura que ponga fin a la “brutal represión”.
El Cenidh informó que la presidenta de ese organismo, Vilma Núñez, conversó con la primera secretaria de la Embajada de Taiwán en Managua, Eva Wei, quien desenmascaró a la vocera gubernamental Rosario Murillo, la que atribuye el financiamiento de esas dependencias de salud en edificios robadas a Taiwán. La diplomática le detalló a Núñez que no tienen nada que ver con las casas maternas inauguradas en las instalaciones de Confidencial y del Cenidh. Wei sostuvo que la afirmación de la vicedictadora de Nicaragua «los asustó mucho».
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que “durante el último año, el gobierno del presidente (Daniel) Ortega ha reprimido brutal y reiteradamente a todas las personas que se han atrevido a plantar cara a su administración”.
La representante de ese organismo aseguró que las “autoridades nicaragüenses siguen violando los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de cientos de víctimas, al tiempo que impiden a las organizaciones de la sociedad civil y a los observadores internacionales de los derechos humanos trabajar libremente en el país. Esto tiene que cesar”.
Amnistía Internacional, luego de las primeras semanas de represión, publicó uno de los primeros informes detallados sobre las acciones perpetradas en contra de los nicaragüenses por las fuerzas estatales fieles al régimen de Daniel Ortega. Desde un primer momento se dijo que el régimen de Daniel Ortega debía ponerle fin a la represión y liberar a los estudiantes, activistas y periodistas a quienes se ha detenido exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
A un año de iniciadas las protestas, la tiranía tiene a más de 600 personas detenidas de manera ilegal. La mayoría fueron acusadas de terrorismo y sentenciadas a condenas de hasta más de 200 años en los tribunales orteguistas.
Erika Guevara Rosas también recordó que la dictadura sandinista expulsó del país a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). Otra de las acciones del régimen fue la cancelación de “la condición jurídica de las organizaciones locales de la sociedad civil, y ha seguido acosando a periodistas y a personas que defienden los derechos humanos”, entre ellos el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
El comunicado de la directora de Amnistía Internacional finalizó afirmando que seguirán “apoyando a todas las personas que luchan pacíficamente por sus derechos, a pesar del hostigamiento y la intimidación constante que sufren por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos parapoliciales que han cometido violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. El valiente pueblo de Nicaragua no será silenciado”.
