En medio de los secuestros y la represión constante dirigidos por la Policía orteguista contra los ciudadanos que desde abril de 2018 decidieron protestar en desacuerdo con el régimen de Nicaragua, la guardia de la dictadura anunció la adquisición de más medios de transporte para supuestamente combatir la delincuencia y “brindar seguridad a la población”.
El consuegro presidencial y uno de los sancionados con la Ley Magnitsky, Francisco Díaz, señaló que la nueva flota de patrullas y motocicletas para esa institución asciende a 28 millones de córdobas, dinero que se destinó a ese rubro a pesar de que la nación atraviesa una de las peores etapas de su economía que ha llevado a un decrecimiento de un 4 % el año pasado, lo cual podría arrastrar a Nicaragua a su peor crisis financiera de los últimos 30 años, según el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
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Díaz, quien está a cargo de la Policía orteguista y se le conoce por ser uno de los principales operadores de la pareja presidencial, dijo que esa institución está “haciendo entrega de 81 medios de transportes para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en nuestra capital Managua” y que el monto de la inversión fue “financiado con recursos del presupuesto de la República”.
La guardia del régimen es tildada en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como una de las principales responsables de “la mayoría de los asesinatos y lesiones graves (contra los nicaragüenses que protestaron contra el orteguismo). Son responsabilidad de la Policía cuyos efectivos actuaron directamente y de manera coordinada con grupos armados paraestatales”.
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El GIEI también indica que los oficiales estaban articulados con las alcaldía y los grupos de choque “paramilitares o parapoliciales” para reprimir las manifestaciones. “Este nivel de articulación entre las distintas área de la policía nacional solo se puede explicar por una decisión de las máximas autoridades, por lo que el GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad del presidente Daniel Ortega (y de otros funcionarios)”.
En el último mes, la Policía ha reprimido y secuestrado a los nicaragüenses que han decidido protestar y mantiene prohibido el derecho constitucional a la reunión pacífica y movilización. Igualmente, el país vive un estado de sitio donde los oficiales del régimen merodean, en especial, la capital para evitar piquetes contra la administración Ortega-Murillo.