El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), finalmente pudo presentar este 21 de diciembre su informe más reciente sobre las violaciones a los derechos humanos que se perpetraron entre el 18 de abril y el 30 de mayo. Esto ocurrió luego de que el régimen de Daniel Ortega expulsara a la delegación del GIEI y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), lo que obligó a que los expertos tuvieran que presentar el resultado de sus investigaciones en la sede central de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.
Durante la presentación de este informe fueron proyectadas varias piezas audiovisuales en las que se resumía parte de los ataques, las armas utilizadas y las diferentes formas de represión que la dictadura de Daniel Ortega utilizó contra los manifestantes, en especial, los oficiales de la guardia de Nicaragua.
Amérigo Incalcaterra, miembro del GIEI, señaló que el origen de las protestas fue ciudadano y que este movimiento civil «sorprendido a todos, los jóvenes, los estudiantes fueron los primeros que levantaron la mano gritando que necesitaban vivir de otra manera».
El informe fue contundente en señalar que la represión y las más de 1 400 personas heridas, y más de 600 personas detenidas son responsabilidad de la Policía orteguista, paramilitares y grupos de choque del Frente Sandinista.
Ante estas serias violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, el GIEI recomendó la investigación de Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía, al primer comisionado, Francisco Díaz, la exprimera comisionada Aminta Granera, el comisionado Ramón Avellán, quien dirigió el ataque en la ciudad de Masaya, así como y otros jefes policiales.
Los expertos analizaron durante estos 6 meses más de 10 mil documentos audiovisuales, y también rastrearon al menos 3 millones de tuits relacionados a las protestas, lo cual fue señalado por los expertos como un método novedoso y que sirvió para poder desmentir rumores.
Además del uso de armas de guerra contra los manifestantes, los expertos señalan el uso de la tortura contra las personas capturadas por agentes de policía y paramilitares entre las que están agresiones sexuales, secuestros, y desapariciones forzadas.
Entre los otros funcionarios orteguistas señalados por el GIEI como violadores de derechos humanos están la ministra de salud, Sonia Castro, por negar la atención médica a los heridos y el diputado orteguista y presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras.
La represión orteguista ha dejado, según informes de derechos humanos nacionales e internacionales, entre 300 y 500 víctimas mortales, desde que estallaron las protestas el pasado 18 de abril.
