1. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cambió el régimen carcelario a 50 presos políticos más con lo que ya suman 200 ciudadanos encarcelados por protestar que los han sacado de “La Modelo” y “La Esperanza”, pero que siguen siendo rehenes del régimen, ya que solo les otorgan casa por cárcel y no su libertad total. Esta vez, la tiranía los mandó a dejar en horas de la madrugada del viernes, en camionetas Hilux y al igual que en los procesos anteriores, sin notificación previa a los familiares.
2. Entre los excarcelados se encuentran el líder del Movimiento Campesino, Víctor Manuel Díaz González y Fredrych Castillo Huete, uno de los sobrevivientes al ataque dirigido el 13 de julio del año pasado por paramilitares en conjunto con la Policía contra los jóvenes que se encontraban atrincherados en la UNAN-Managua y la parroquia Divina Misericordia. El representante anticanal fue condenado por los tribunales orteguistas a 25 años de prisión y en el caso de Castillo le dictaron 16 años de cárcel. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció el 8 de marzo de este año que Fredrych fue colgado boca abajo por policías del Sistema Penitenciario «La Modelo» para ser golpeado y torturado.
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3. Parte de los presos políticos que fueron excarcelados denunciaron las violaciones a los derechos humanos de los que fueron víctimas en los reclusorios de Nicaragua. Los tenían sin agua, sin luz y sin comida por exigir su libertad y ondear la bandera de Nicaragua y los guardias se dedicaban a golpearlos hasta provocarles fracturas por decidir manifestarse en los penitenciarios. También, señalaron que no les permitían atención médica así presentaran los peores padecimientos producto del encierro, el hacinamiento y la insalubridad en las cárceles.
4. La Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una sesión extraordinaria para sentar nuevamente en el banquillo de los acusados a la dictadura orteguista, a la que le dejaron claro que toman nota de cada una de las violaciones a los derechos humanos que ejecutan en contra de los nicaragüenses. El embajador de los Estados Unidos ante ese organismo, Carlos Trujlllo, advirtió que “la comunidad internacional no tolerará esas tácticas para atrasar y engañar”, al referirse a los acuerdos que firma el régimen en la mesa de negociación y que a menos de 24 horas incumple. Mientras el delegado de la OEA en Nicaragua para participar en el amago de diálogo, Luis Ángel Rosadilla, dijo que “no ha sido posible avanzar en la mesa ni un milímetro” en los temas concernientes a la justicia y el adelanto de elecciones.
5. En la misma reunión del Consejo Permanente de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre las condiciones en las que se encuentran los presos políticos en el país. El relator designado para este tema, Joel Hernández, explicó que en Nicaragua “existe un ejercicio abusivo del poder que socava el Estado de derecho, un estado de excepción de facto y la falta de garantías de los derechos humanos”.
6. La Policía orteguista no autorizó la realización de la marcha “Somos Abril” convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) para este sábado. El argumento de la guardia es que la UNAB no cuenta con personalidad jurídica y que por tanto no tiene legitimidad para realizar concentraciones, manifestaciones o movilizaciones públicas. La decisión de los oficiales del régimen deja en evidencia una violación más a la Constitución Política de Nicaragua que establece que no se requiere permiso para manifestarse. La Policía advirtió que investiga a los miembros de la UNAB por, según ellos, estar vinculados con “alteraciones al orden público”.
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7. Ante la imposición de la guardia orteguista de no autorizar la movilización del sábado, la UNAB cambió la modalidad de protesta y apostarán a la “creatividad del pueblo, con los piquetes exprés, la exposición de la bandera desde cada casa, el pitazo y cacerolazo en todo el territorio nacional, todo en el marco de la desobediencia civil ante un régimen que rompió totalmente el orden constitucional”. La organización resaltó que la administración Ortega-Murillo “continúa imponiendo un Estado de excepción, que teme a la expresión ciudadana y que sigue sin dar muestras de voluntad política”, lo cual han denunciado ante la comunidad internacional.
8. Estados Unidos emitió una nueva alerta para sus ciudadanos que pretendan viajar a Nicaragua. Les pide “reconsiderar” su visita “debido a la inestabilidad social, crimen, limitada disponibilidad de los servicios de salud y la arbitraria aplicación de las leyes”. Además, recalcó que “en toda Nicaragua, policías uniformados o individuos vestidos de civil que actúan como policías (“parapolicías”), violentos y armados, continúan teniendo como blanco a cualquier persona considerada como oponente al gobierno del presidente Ortega”. No descartan la posibilidad de que regresen los tranques y resumen los actos ilegales y arbitrarios de la dictadura.
