Los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por Daniel Ortega y Rosario Murillo, adelantaron que en los próximos días presentarán en el plenario del Legislativo, lo que llamaron el proyecto de “Ley para para la promoción del diálogo, la reconciliación, el trabajo y la paz”. Según la propaganda gubernamental, dicha iniciativa de ley recoge las opiniones de “miles de compañeros y compañeras”, con lo que deja claro que dicha iniciativa en realidad es un documento orientado por Ortega y Murillo para sus bases partidarias.
“Han sido decenas de miles de personas que han opinado sobre la Política Nacional de Cultura de Paz, de tal forma que ese marco jurídico y acciones expresadas las hemos transformado en un anteproyecto de ley que se llama “Ley para la promoción del Diálogo, Reconciliación, trabajo y Paz”, dijo el presidente del Parlamento, el sindicalista orteguista Gustavo Porras, identificado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como el cabecilla de los grupos paramilitares que atacaron a balazos la marcha del 30 de mayo en Managua y otros departamentos del país, donde asesinaron a 15 personas.
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“Esa ley tendrá como marco jurídico toda la política nacional y cultura de paz que ha sido discutida por miles de compañeros y compañeras”, dijo Porras a los medios de propaganda de la familia dictatorial.
Según Porras, la iniciativa de ley, cuyo proceso de consulta, supuestamente estuvo a cargo del también parlamentario orteguista, Carlos Emilio López, mandatará a cada institución que “haga sus planes en correspondencia con la ley, salud, educación y en todos los ámbitos hay acciones que las instituciones deben realizar”.
El GIEI despedazó la propuesta
Desde que el gobierno presentó la llamada propuesta de “Política de Estado para una Cultura de Paz y Reconciliación”, en la que se informó, a mediados de noviembre, que se iniciaría la “consulta” para imponer por ley la reconciliación de Ortega, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) despedazó el documento y envió una serie de observaciones al canciller orteguista Denis Moncada.
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En el análisis, el GIEI sugirió al régimen que antes de ejecutar una “política de reconciliación” desde el Estado, debe implementarse un proceso que diga la verdad sobre los crímenes ejecutados en los meses anteriores, que se sancione a los responsables, que se abra un mecanismo de reparación a las víctimas de la represión y se realicen reformas institucionales necesarias para restituir la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
En el mismo documento, el GIEI agregó que la búsqueda de justicia para las víctimas incluye la revisión y sanción de la actuación de la policía orteguista, sobre quien caen los señalamientos por los más de 320 asesinatos, según la CIDH y los más de 530, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
“La estrategia debe estar acompañada de procesos de sanción en los tribunales de justicia a los responsables de las violaciones a los derechos humanos e incluir el desarme de todos los grupos paraestatales”, dijo el GIEI en ese entonces.
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Según el anuncio de la Asamblea orteguista, la iniciativa de Ley entraría al plenario después del nueve de enero, cuando está previsto se realice la elección de la nueva Junta Directiva del Legislativo.
No hay palabras para definir a estos diputados, de que diablo hablan, el 80% de la población no cree en este dialogo que tortura, mata, reprime a la población, cuanto más tendremos que aguantar.