“Lamentamos el camino que han tomado las autoridades de actuar bajo las sombras y sin transparencias”, explica el comunicado emitido la mañana de este martes, 11 de diciembre, por los directivos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), después de conocer la decisión de la Asamblea Nacional de cancelar su personería jurídica.
La diáspora nicaragüense pidió a los senadores estadounidenses sancionar al dictador de Nicaragua, sus hijos, militares, policías y unos cien colaboradores del régimen, una vez que se apruebe la Ley Renacer.
Durante 15 años, dicho organismo se ha encargado de realizar investigaciones sobre presupuesto nacional y municipal, transparencia pública, seguridad ciudadana, trata de personas, educación y salud.
Dayra Valle, quien fungió como subdirectora del IEEPP, dijo que la primera acción a tomar ante la decisión de la Asamblea Nacional es conformar una junta liquidadora para determinar el patrimonio del instituto y la solvencia de las prestaciones laborales.
En el caso de los trabajos que estaban próximos a presentarse se van a publicar desde su portal web y van a tener información actualizada del 2019.
“Nosotros teníamos un proyecto de seguimiento al gasto público, un observatorio virtual en el tema que lo vamos a dejar funcionando y va a tener información actualizada sobre el 2019. Estábamos cerrando un proyecto acerca del tema de trata (de personas) por la crisis sociopolítica y económica que se está dando; teníamos un tema vinculado con seguridad y otros temas relacionados a la inclusión social”, detalló.
No hay notificación de irregularidades
Por otro parte, en el comunicado rechazan los señalamientos del diputado orteguista Wilfredo Navarro, de recibir fondos de instituciones no constituidas en Nicaragua o en otros países y recursos de personas individuales. Además denuncian no haber recibido ninguna notificación sobre dichas acusaciones.
“Desde nuestros inicios hemos reportado año con año los ingresos ante el Ministerio de Gobernación y también hemos cumplido debidamente con las obligaciones fiscales y laborales”, asegura el comunicado.
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Asimismo, resaltan que desde septiembre de este año han colaborado en responder las inquietudes y entregado la documentación solicitada al Ministerio Público, y en noviembre, con el Ministerio de Gobernación, para que conozcan el manejo de los recursos del Instituto.
Las oficinas del IEEPP fueron allanadas en un operativo policial, en septiembre pasado. Los efectivos de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía secuestraron computadoras, libros contables y decenas de libros con información administrativa. El 5 de diciembre, el instituto informó que sus cuentas de bancos fueron congeladas sin que las entidades financieras les hayan informado sobre la resolución ni los procedimientos adoptados.
