El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) informó que sus cuentas de bancos fueron congeladas «sin que la entidad bancaria correspondiente nos haya informado quién es la autoridad que adoptó esta resolución y qué procedimiento legal se siguió para ordenar dicha inmovilización previa y sin derecho a defensa».
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El IEEPP es una organización que hasta hace un par de meses estaba encabezada por Félix Maradiaga, a quien el orteguismo ha señalado de diversos crímenes. El pasado 28 de septiembre las instalaciones de la organización fueron allanadas por orden del Ministerio Público y ejecutada por la Policía orteguista. De las oficianasse llevaron libros contables, documentación relacionada a los movimientos bancarios de la organización y varias computadoras. El IEEPP, en su comunicado, señala que estas acciones deben de ampararse en los artículos 40 y 41 de la Ley No. 977 Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, del 20 de julio de 2018, y por lo tanto «dicha acción debería ser convalidada ante una autoridad judicial en un plazo de 24 horas».
«Desde el pasado 28 de septiembre, previo al allanamiento de nuestras instalaciones por parte de la Policía Nacional y del Ministerio Público en cumplimiento de una Orden de Allanamiento dictada por el Juez Julio César Arias, se nos informó de una investigación penal en contra de nuestro Director Ejecutivo, Académico Félix Maradiaga, aclarando las autoridades que no era en contra de nuestra institución»
«En un gesto de responsabilidad institucional, ofrecimos toda nuestra colaboración con las autoridades, sin que hasta el día de hoy se nos haya notificado ningún hallazgo relevante o ampliación en contra de nuestra institución», señala la nota del IEEPP.
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Los directivos del organismo fueron citados el 29 de noviembre, por el Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación.
«El IEEPP es una organización académica que ha cumplido, cumple y seguirá cumpliendo en todo momento con el marco jurídico nacional y con los estándares internacionales para Organizaciones Sin Fines de Lucro», finalizó la nota.
Desde el inicio de su gobierno, Daniel Ortega ha emprendido una campaña contra las organizaciones de sociedad civil. En el 2009, el régimen allanó las oficinas del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), organización dirigida por el periodista Carlos Fernando Chamorro. Casi 10 años después, la Fiscalía guarda silencio sobre los resultados de aquella investigación.
El pasado 29 de noviembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de la organización no gubernamental Centro de Información y Servicios en Salud (CISAS), que dirigía la activista feminista Ana Quirós, quien fue deportada hacia Costa Rica. El Parlamento se arrogó las funciones de juez y también mandó a congelar cuentas y a confiscar los bienes de CISAS.