La mañana del miércoles, 5 de diciembre, policías orteguistas vestidos de civil secuestraron al ciudadano Isaac Rojas, de 34 años, en el municipio de Mateare, según denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), su pareja Jessenia Gómez.
Según Gómez, semanas antes de su detención la dirigente del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) de la zona los acosaba y los señalaba como “terroristas” por participar en las marchas que se realizaban en el municipio, a raíz de la crisis de abril.
La esposa del detenido detalló que horas antes del secuestro de su pareja, una camioneta Hilux y motociclistas se estacionaron a dos cuadras de su casa, los cuales emboscaron a Rojas mientras se dirigía a la venta, y sin una orden de detención lo trasladaron a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.
“Esto es político y el único delito que hemos cometido fue andar en las protestas y unirnos a la lucha… El salió a la venta y a las dos cuadras lo emboscaron, salieron las motocicletas que estaban más adelante”, narró Gómez.
Rojas ha sido líder en Mateare del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL); su esposa exige la libertad de su pareja y no continuar con las detenciones arbitrarias porque los ciudadanos tienen derecho a protestar y demandar justicia por los crímenes ejecutados por la dictadura y sus grupos armados contra los ciudadanos nicaragüenses.
CPDH acompañará el caso
Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, aseguró que ya tienen elaborado el recurso de exhibición personal para presentarse mañana, cuando se cumplen 48 horas de su arresto; asimismo catalogó como detención ilegal y con características de secuestro el encarcelamiento de Rojas.
“Recordemos que en la Constitución en el Código Procesal Penal, establece procedimientos para que la autoridad policial detengan a un ciudadano”, explicó Cuevas.
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Cuevas resaltó que la participación de Rojas en actividades políticas es un derecho constitucional y ninguna de estas acciones lo pone al margen de la ley para que sea detenido. Además, el abogado espera que la DAJ respete la orden del juez ejecutor cuando ordene la libertad de Rojas, a como lo manda la Constitución Política.
Los organismos de derechos humanos en Nicaragua reportan desde el 18 de abril hasta el 3 de diciembre, más de 500 detenciones arbitrarias, los cuales han sido llevados a los juzgados de la capital con testigos falsos y sin pruebas que los incriminen, según han denunciado los abogados defensores.
