[vc_row][vc_column][vc_column_text]En una tercera sesión, los dirigentes del nuevo movimiento estudiantil universitario, campesinos y miembros de la sociedad civil debatieron posiciones en la mesa del diálogo nacional que se instauró en el país, después de la matanza de manifestantes que ejecutó el régimen de Daniel Ortega.
El diálgo que cuenta con la mediación de la Conferencia Episcopal fue transmitido en directo a través del canal de televisión de la Iglesia Católica, después de la presión de la ciudadanía que exigía transparencia en una discusión donde se juega el futuro político y social del país.
Informe de la CIDH da sus primeros frutos
En simultaneo que iniciaba la mesa de Dialogo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), brindaba su informe preliminar sobre la represión policial y de las fuerzas paramilitares del régimen de Ortega, que según la organización dejó 76 personas asesinadas, más de 800 heridos y cerca de 450 detenidos, entre estudiantes, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
La CIDH además definió 15 recomendaciones, entre las que destacan el cese inmediato de la represión, el respeto al derecho constitucional a la protesta, el control y desmantelamiento de los grupos de choque del Gobierno, la investigación de los crímenes contra los ciudadanos en protesta, el cese de la persecución contra periodistas, activistas y manifestantes, entre otras.
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Estos 15 puntos fueron asumidos por los representantes de las delegaciones en la mesa de diálogo, quienes además aceptaron por consenso agendar nuevas visitas del alto organismo de derechos humanos a Nicaragua.
Los interlocutores gobiernistas se esforzaron en todo momento por intentar convencer a los estudiantes, empresarios y miembros de la sociedad civil para que desmovilicen a los campesinos que mantienen tranques en las principales carreteras del interior del país. El argumento de los delegados de Ortega eran las pérdidas económicas que estaría impactando al país, las afectaciones a la producción, al comercio y al turismo.
“Hacemos de la manera más cordial un llamado a todos los sectores aquí representados, a que tomemos el retiro de los tranques como una medida humanitaria, por último, como una medida solidaria con todos los nicaragüenses, como una medida de sentido de responsabilidad con la economía del páis, con la seguridad alimentaria, con la seguridad médica, también”, dijo el canciller Denis Moncada Colindes.
Moncada, quien funge como jefe de la delegación gubernamental además argumentó la necesidad de garantizar “la libre movilización, que es un derecho constitucional del pueblo nicaragüense”.
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Por su parte, el representante del Consejo de la Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres secundó a los funcionarios oficiales en la petición de suspender los tranques. “Si hay tranque o no hay tranque, al Gobierno quizá ni le interesa. Somos los pequeños y medianos empresarios los que estamos siendo golpeados”, dijo Torres.
Los tranques seguirán
El representante del movimiento campesino, Medardo Mairena rechazó la posibilidad de desarticular los tranques. “Lo que el pueblo está demandando es la renuncia de Ortega. Pero aquí no podemos quitar ese derecho de manifestarse, que es lo único derecho que les ha quedado” dijo Mairena.
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El líder campesino responsabilizó al mismo régimen de Ortega como el responsable de las afectaciones económicas que se deriven de la crisis política. “Aquí cada día más que Ortega continúa en el poder la economía se va a seguir cayendo”, refutó Mairena.
En tanto, la dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, Azahálea Solís, rechazó el intento gubernamental de pretender “la criminalización de la protesta, que es un derecho establecido que tenemos los ciudadanos. El pueblo al que ustedes han estado reprimiendo de distintas maneras, está haciendo uso de su única herramienta que tiene, que es el derecho a la protesta”.
Solís insistió que “aquí solo hay un objetivo que es la renuncia de Ortega y la buena fe solo se puede medir a partir de eso”.
En ese sentido el presidente de la Unión de productores Agropecuario de Nicaragua (UPANIC), Michael Healy dijo que tenían que hablar de la democratización del país. Y afirmó que «Todos estamos dispuestas a pagar ese coste económico con tal de que se vaya Daniel Ortega».
Los obispos sometieron a votación, primero, la propuesta de adherirse a los 15 puntos recomendados por la CIDH, la cual fue aprobada por unanimidad, sin embargo, la segunda propuesta de “frentar la violencia venga de donde venga” y la suspensión de los tranques se quedó sin concenso por la votación en contra de estudiantes, empresarios y sociedad civil.
La tercera jornada de trabajo se llevará a cabo este miércoles 23 de mayo. Se desconoce si en esa ocasión también será televisado, aunque el obispo auxiliar, monseñor Silvio Báez explicó que la decisión de transmitirlo a través del canal de católico, fue “una flexibilidad” de la Conferencia Episcopal para darle transparencia al proceso.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
