[vc_row][vc_column][vc_column_text]El equipo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la visita in situ, concluyó que la Policía de Nicaragua no siguió los estándares internacionales del manejo de las manifestaciones, ya que hizo uso de “fuerza potencialmente letal”, para reprimir las protestas pacificas desatadas en territorio nicaragüense desde el pasado 18 de abril.
El informe preliminar de la CIDH detalla que los testimonios y pruebas que recogieron en su observación, del 17 al 21 de mayo, que la Policía utilizó contra la población nicaragüense “armas de fuego, de balas de goma y gases lacrimógenos en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones, sin hacer uso de los protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza, aunque la Policía tendría formación en el uso de los mismo”.
Los resultados de las investigaciones de la CIDH desenmascaran las palabras repetidas una y otra vez por Daniel Ortega, durante el acto inaugural del Diálogo Nacional, el presidente de Nicaragua y jefe supremo de la Policía Nacional, negó en todo momento que las fuerzas policiales reprimieran e hicieran uso de armas de fuego en contra de los nicaragüenses.
Los representantes de la CIDH, liderados por la comisionada Antonia Urrejola, relatora de derechos humanos para Nicaragua, le recordaron al Estado de Nicaragua que “la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada para mantener o restituir el orden público”.
La recomendación de la CIDH para el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la aplicación inmediata de “mecanismo que prohíba de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso para las manifestaciones públicas”, además, el equipo de trabajo defensor de derechos humanos hizo hincapié en que el Estado de be de “excluir las armas y respectivas municiones de los operativos de control de las protestas sociales y de todo policial que pudiera entrar en contacto con los manifestantes”.
Los comisionados, relatores y secretarios de la CIDH tuvieron acceso a denuncias y pruebas de todas las arbitrariedades cometidas en contra de los derechos de los nicaragüenses. Las acciones ejecutadas por la Policía de Nicaragua dejaron como resultado 76 asesinatos, que presentaban accesos de balas de fuego y goma, detenciones de más de 400 ciudadanos, los cuales las autoridades gubernamentales aseguran que fueron liberadas, aunque la CIDH constató que la mayoría fue víctima de algún tipo de tortura.
Informe preliminar completo de la CIDH
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