[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dos días antes de terminar el 2017, los policías llegaron en la madrugada hasta la comunidad Cerro Colorado, en Matiguás, Matagalpa. Buscaban a un joven campesino, acusado de robarse un saco de arroz, dos pares de botas de hule, un par de sandalias, una calculadora, dos pelotas de jabón, un saco de frijoles y una bomba de fumigar. Lo golpearon hasta cansarse, le rompieron una costilla con la culata de una AK47 y lo arrastraron hasta la camioneta donde lo enchacharon y se lo llevaron para seguirlo golpeando.
Esta escena no la protagonizaron miembros de la Gestapo (la Policía secreta oficial de la Alemania Nazi), los responsables fueron agentes de la Policía Nacional de Nicaragua, la que según la propaganda del Gobierno es la «mejor fuerza de seguridad de Centroamérica». Esta institución sobre la que recaen terribles denuncias de abuso de poder, violación de derechos humanos y detenciones ilegales, al parecer disfruta con sus actos y con el papel que tiene en este juego. Porque hasta la fecha no se han responsabilizado del daño que le causaron a Juan Rafael Lanzas.
A Juan Rafael, lo mantuvieron preso ilegalmente casi un mes y la mitad de ese tiempo lo pasó herido entre los orines y el excremento del baño de una celda en Matagalpa, sus llagas abiertas no recibieron atención médica y las piernas se les pudrieron.
«Estuve 13 días ahí, sin poder levantarme, envuelto en un suéter… se me comenzaron a dormir las canillas y los golpes se comenzaron a poner morados y también agarré un virus».
Tuvieron que ser los otros presos quienes, al ver que Juan se estaba muriendo, comenzaron a gritar y a pedir auxilio para que lo llevaron a recibir atención médica pero el doctor le dijo que solo era una alergia, le recetaron un sobre de amoxicilina y un sobre de acetaminofén y lo volvieron a meter al mismo lugar.
Hoy Juan Rafael Lanzas, está postrado en una vieja cama en la casa de sus suegros, esquelético, con una mirada perdida, cubierto con unas sábanas, y rodeado de estampitas de santos. Sus muñones sangrientos lo hacen parecer un lisiado de guerra.
Su madre Emma Maldonado, hizo la denuncia en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, doña Emma siente que perdió a su hijo porque, según ella, se lo dejaron inservible. Otra madre que sufre por sus hijos, otra Elea Valle que pide justicia, otra Yelka Ramírez, la madre de los dos niños que agentes de la policía mataron el 11 de julio de 2015 en Las Jagüitas.
Las minas terrestres, son quizás una de las armas más devastadoras en una guerra, ya que no están hechas para matar, están diseñadas para incapacitar, para herir de gravedad y sobre todo para mutilar. La policía prácticamente le puso una mina antipersona a Juan Rafael Lanzas, le arrancaron las piernas en una explosión de podredumbre. La misma podredumbre que invade a este órgano de represión.
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