[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Grupo Cocibolca se pronunció ante la promulgación del decreto 20-2017 en el que la empresa privada y el Gobierno de Nicaragua acordaron una simplificación de los procesos en el nuevo Sistema de Evaluación Ambiental. Los defensores del medioambiente consideran que este tipo de ordenanzas del Ejecutivo son una «aberración» y aseguran que a esa «simplificación de procesos que tanto aplaude la empresa privada», en realidad, se le debería llamar «desmantelamiento de las áreas protegidas».
Para el especialista en medioambiente Jaime Íncer Barquero, el decreto de 76-2016, derogado este año, era uno de los más completos, pues «tenía el contenido necesario para las regulaciones». Lo que sucedió fue que «el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) nunca los divulgó ni los ejecutó y ahora, simplemente, por intereses personales, de gente ligada a la explotación de los recursos naturales, han logrado filtrar, a través del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), un cambio con ese nuevo decreto para minimizar los estudios del impacto ambiental y poder así entrarle de lleno a la explotación de los recursos naturales», manifestó el científico, quien, además, es «asesor en temas ambientales del Gobierno».
Íncer cataloga como «aberrante y cruel» ese tipo de resoluciones de parte del Gobierno porque «lo que buscan es facilitarles los procesos a los explotadores irracionales de los recursos naturales con la simplificación de los trámites».
A su vez, el Grupo Cocibolca realizó un análisis legal del Decreto 20-2017 —en vigor desde el 29 de noviembre—, en el que destacan la «regulación parcial» de las licencias y el comercio de especies de flora y fauna. De igual manera, especifican la violación de leyes, como la Forestal, de Pesca y la Ley 290 de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, que orientan que las regulaciones de impacto ambiental sean asumidas por sus respectivos ministerios.
Los expertos en derecho ambiental detallaron que este tipo de disposiciones del Gobierno central se anteponen a la ley de manera irregular, debido a que establecen que el Marena sea el nuevo encargado de esos procedimientos. De acuerdo con Íncer, esta es una institución que «nunca ha tenido interés, capacidad técnica, administrativa y financiera para controlar el impacto ambiental de los proyectos»; por lo que, todos esos cambios legales «propician la evasión de controles ambientales gracias a la corrupción que hay en el país».
Además, en el análisis de ese mandato, el Grupo señaló que no se refleja ningún tipo de simplificación de los procesos, al contrario, se han incrementado y concentrado las funciones en «una institución que ha mostrado clara incapacidad institucional para cumplir con ese tipo de funciones legales, no solo por falta de recursos presupuestarios, sino por la falta de personal con las capacidades requeridas».
Estas acciones, que impactan directamente al medioambiente, se deben a «tres o cuatro grupos que, bajo el paraguas del Cosep, están buscando no tener controles para poder hacer todas las aberraciones que ya están haciendo en el país», aseguró el doctor Íncer.
Para el Grupo Cocibolca, Nicaragua, en vez de avanzar, está retrocediendo en materia de protección ambiental. Los defensores de los recursos naturales están seguros de que «hoy el territorio (de Nicaragua) está abierto a expoliación» gracias a este tipo de disposiciones gubernamentales. Por esa situación, llaman al Estado a poner un “alto por el bien de sus habitantes y de un mejor futuro”.
Vea el pronunciamiento íntegro:
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