La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó su boletín mensual en el que detalla todas las violaciones perpetrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los nicaragüenses. En el informe se destaca la persecución y asedio que sufren los exprisioneros políticos por agentes policiales y paramilitares, por lo que considera que es necesario “desmantelar y desarmar a los elementos progubernamentales”.
El boletín mensual de seguimiento a la situación de Nicaragua incluye todo los hechos registrados del primero de agosto al 30 de septiembre de 2019, en los que el organismo asegura que continuó registrando “detenciones arbitrarias o ilegales, restricciones indebidas al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión; a la vez a defensores y defensoras de derechos humanos, abogados defensores, dirigentes sociales opuestos al Gobierno, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación continuaron siendo víctimas de ataques, hostigamientos y actos de intimidación por parte de agentes del Estado y elementos progubernamentales”.
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La OACNUDH resalta que no “ha tenido conocimiento de ninguna investigación penal abierta contra agentes de policía o elementos progubernamentales por las violaciones mencionadas”. Por lo que considera que es de suma urgencia que “las autoridades competentes adopten medidas eficaces para desmantelar y desarmar a los
elementos progubernamentales, así como para investigar y hacer rendir cuentas a los responsables de las violaciones a los derechos humanos”.
Por todo lo documentado, la OACNUDH recomienda al Gobierno de Nicaragua a que reanude el diálogo y que este sea significativo e inclusivo, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a fin de resolver la crisis sociopolítica en curso.
Intentos internacionales para la búsqueda de una solución a la crisis
Igualmente, el organismo de derechos humanos hace un recuento de los esfuerzos internacionales que se han realizado para la búsqueda de una repuesta a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018. Destacan que el cuatro de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió bloqueos de bienes a altos funcionarios que contribuyen a la represión y violación de derechos humanos en Nicaragua.
Por otro lado, el 11 de septiembre ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet se reunió con exreos políticos y con una de las integrantes de la “Asociación de Madres de Abril”, para conocer y constatar la realidad que atraviesa el país. La alta comisionada de la ONU hizo un llamado al Estado de Nicaragua para que respetara y garantizara la integridad de las personas que participaron en la reunión.
A la vez, el 20 de septiembre comunicaron que el régimen de Ortega rechazó más del 70 % de recomendaciones presentadas por diferentes organismos internacionales y regionales de derechos humanos, a través del Examen Periódico Universal de Nicaragua. Cinco días después la Unión Europea aprobó un marco de sanciones contra funcionarios de la dictadura orteguista.
Persecución a defensores de derechos humanos
En este boletín, el organismo remarca que han documentado el acoso y persecución a defensores y defensoras de derechos humanos, entre el 12 de agosto y el 21 de septiembre. “La OACNUDH recogió cinco testimonios concurrentes de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que informaron haber sido sometidas a controles excesivos por parte de las autoridades de migración y de la policía cuando cruzaban la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, en la localidad de Peñas Blancas”.
A la vez, la Oficina del Alto Comisionado manifestó su preocupación por la situación que viven los abogados quienes prestan asistencia legal a los presos políticos, documentaron dos denuncias de miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH): la suspensión de seis meses del ejercicio de la abogacía a María Oviedo, por otro lado, señalan que Leila Prado tuvo que huir de Nicaragua “tras haber recibido amenazas de elementos progubernamentales en contra de ella y de sus hijos”.