EE. UU. pone en la mira el oro y al IPSM con proyecto REFORMA que extendería la NICA Act hasta 2035
El nuevo proyecto de ley presentado en el Senado de Estados Unidos para reforzar las sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo apunta directamente al sector del oro de Nicaragua y a funcionarios del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), además de ampliar las medidas contra responsables de persecución religiosa y condenas políticas.
La iniciativa S. 5369, denominada Restoring Electoral Fairness and Opposition Rights through Mandates for Accountability Act of 2026, que se traduce como «Ley de 2026 para Restablecer la Equidad Electoral y los Derechos de la Oposición mediante Mandatos de Rendición de Cuentas» (REFORMA, por sus siglas en inglés), fue introducida el 7 de agosto por el senador republicano Ted Cruz, con el senador demócrata Tim Kaine como copatrocinador. Fue leída dos veces y remitida al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Por tanto, todavía es un proyecto de ley y sus nuevas disposiciones no están vigentes.
El texto busca reautorizar y ampliar la Nicaragua Investment Conditionality Act de 2018, conocida como NICA Act, cuyo régimen actualmente tiene como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2026. Si S. 5369 supera el proceso legislativo y se convierte en ley, prolongaría ese marco hasta el 31 de diciembre de 2035.
El oro entra expresamente en la NICA Act
Uno de los cambios de mayor alcance aparece en la sección 5 del proyecto. La reforma propone incluir entre las personas extranjeras susceptibles de sanciones a aquellas que el Gobierno estadounidense determine que operan o han operado en el sector del oro de la economía nicaragüense.
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Además, concede al secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro, la posibilidad de identificar otros sectores de la economía de Nicaragua cuyos operadores también podrían quedar sometidos a este régimen de sanciones.
Esto no significa que la aprobación del proyecto S. 5369 produciría automáticamente un embargo general sobre todo el oro nicaragüense. Lo que haría es incorporar expresamente a la NICA Act la participación en el sector aurífero como fundamento legal para que el Ejecutivo estadounidense designe y sancione a personas o entidades extranjeras.
La presión sobre el oro nicaragüense no comienza con este proyecto. Desde octubre de 2022, la Orden Ejecutiva 14088 ya autoriza al Gobierno estadounidense a sancionar a personas que operen o hayan operado en el sector aurífero de Nicaragua, y el Departamento del Tesoro ha utilizado esa autoridad para designar empresas vinculadas a esta actividad. La diferencia es que el proyecto REFORMA pretende incorporar ese criterio directamente al marco legislativo de la NICA Act y mantenerlo vigente hasta 2035.
Funcionarios del IPSM, entre los blancos prioritarios
Otra disposición apunta al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), organismo que aglutina un holding de empresas de distinto tipo vinculado al Ejército de Nicaragua.
El proyecto de ley REFORMA propone modificar la RENACER Act de 2021 para añadir específicamente a los funcionarios del IPSM a la lista de personas que el presidente de Estados Unidos debe examinar de manera prioritaria para determinar si han participado en conductas sujetas a sanciones.
El texto no sanciona automáticamente al IPSM ni a todas las empresas relacionadas con el Ejército, sino que coloca expresamente a sus funcionarios dentro del grupo de potenciales objetivos que deberán ser revisados bajo el régimen de sanciones.
La RENACER Act ya ordenaba priorizar el análisis de funcionarios del régimen Ortega-Murillo, miembros de la familia gobernante, altos mandos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, funcionarios electorales y otras personas vinculadas con corrupción y ataques contra la democracia. La nueva iniciativa incorpora ahora específicamente a los funcionarios del IPSM.
Persecución religiosa y condenas políticas también serían causales
El proyecto REFORMA también amplía las conductas que pueden dar lugar a sanciones.
El texto incluye expresamente el arresto o procesamiento de personas por ejercer legítimamente su libertad religiosa, mencionando de manera específica a miembros, voluntarios o trabajadores de la Iglesia católica y de iglesias evangélicas.
Asimismo, contempla la condena y sentencia, bajo cargos políticamente motivados, de actores políticos democráticos o integrantes de organizaciones independientes de la sociedad civil.
Otra disposición incorpora como actividad sancionable el suministro de bienes, servicios o tecnología significativos desde o hacia Nicaragua que sirvan de apoyo al Gobierno de Rusia, desde el 24 de febrero de 2022, o al Gobierno de Irán, desde el 11 de febrero de 1979.
¿Qué tendría que ocurrir para que termine este régimen de sanciones?
La REFORMA establece una fecha límite: las disposiciones de la NICA Act y las sanciones impuestas bajo ese marco terminarían el 31 de diciembre de 2035, a menos que antes exista una salida a la crisis política nicaragüense que cumpla determinadas condiciones.
El proyecto establece que el régimen podría terminar anticipadamente 90 días después de que el presidente de Estados Unidos certifique ante el Congreso que se alcanzó una solución a la crisis política de Nicaragua que incluya tres elementos fundamentales: un compromiso del Gobierno nicaragüense de celebrar elecciones competitivas, libres y justas, bajo estándares democráticos y con observación internacional creíble; el cese de la violencia contra civiles por parte de la Policía Nacional y grupos armados respaldados por el Gobierno; y que se realicen investigaciones independientes sobre los asesinatos de manifestantes.
Por tanto, el proyecto no plantea que una simple convocatoria electoral o un anuncio político sea suficiente para poner fin a las medidas contempladas en la iniciativa de ley. La certificación tendría que abarcar las condiciones que el propio texto enumera.
Además, la NICA Act vigente contiene mecanismos de exención temporal vinculados a certificaciones sobre avances democráticos, Estado de derecho, derechos civiles y políticos, lucha contra la corrupción, rendición de cuentas y elecciones libres. La S. 5369 no elimina esos mecanismos.
Estados Unidos también tendría que prepararse para una transición
La iniciativa incorpora otra disposición de especial relevancia política: ordenaría al Departamento de Estado realizar una evaluación de las condiciones necesarias para una eventual transición democrática en Nicaragua.
El análisis tendría que abordar el establecimiento de una autoridad electoral imparcial, la independencia del Poder Judicial, una reforma policial, el fortalecimiento de las instituciones del Estado, la asistencia humanitaria y la incorporación de disidentes y líderes opositores nicaragüenses en el proceso de transición.
El secretario de Estado tendría 90 días después de la eventual promulgación de la ley para presentar esa evaluación a los comités de Relaciones Exteriores del Senado y de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
La NICA Act nació durante el primer Gobierno de Trump
La iniciativa actual parte de una legislación que comenzó a gestarse en 2017. La entonces congresista republicana por Florida Ileana Ros-Lehtinen presentó el 5 de abril de ese año el proyecto H.R. 1918, denominado inicialmente Nicaraguan Investment Conditionality Act, (NicaAct), respaldado por legisladores de ambos partidos.
Después de su aprobación en el Congreso y de modificaciones durante el proceso legislativo, el entonces presidente Donald Trump la firmó el 20 de diciembre de 2018, convirtiéndola en la Ley Pública 115-335.
La legislación estableció, entre otras medidas, que los representantes estadounidenses en organismos financieros internacionales utilizaran la voz, el voto y la influencia de Estados Unidos para oponerse a determinados préstamos y asistencia al Gobierno de Nicaragua, con excepciones para necesidades humanas básicas y programas de promoción de la democracia.
También creó un sistema de sanciones individuales, incluido el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y restricciones migratorias, contra personas responsables de graves violaciones de derechos humanos, corrupción o acciones contra las instituciones y procesos democráticos de Nicaragua.
En 2021, la RENACER Act volvió a ampliar ese entramado de presión y estableció formalmente la denominación Nicaragua Investment Conditionality Act of 2018 o NICA Act, además de ordenar una mayor priorización de sanciones contra funcionarios y personas vinculadas al régimen.
Proyecto llegó tras anuncio de Ortega contra las elecciones
La presentación del proyecto REFORMA ocurre además inmediatamente después de que Daniel Ortega anunciara públicamente el pasado 19 de julio que en Nicaragua no volverían a realizarse elecciones competitivas.
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