Los 87 nicaragüenses sancionados por Estados Unidos en nueve años

Desde que Estados Unidos comenzó a imponer sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por fraudes electorales, masivas violaciones a los derechos humanos, prácticas corruptas y más recientemente por el caso de las mineras chinas, un total de 24 medidas de este tipo ha emitido la Casa Blanca a partir del año 2017 y en lo que va de 2026, para un total de 87 designados, según una base de datos elaborado por Artículo 66.

La gran mayoría de ellas han sido contra funcionarios públicos o que ejercieron cargos en su momento, testaferros y seis hijos de los dictadores: Laureno y Rafael Antonio, los dos primeros sancionados en 2019; Juan Carlos (2020), Camila (2021), Maurice Facundo y Daniel Edmundo, estos dos últimos en abril de este 2026, todos ellos en posiciones de gobierno y ejecutores de las órdenes de sus padres para el control político del país.

Destacan por igual ministros o ministras de estas carteras: Salud, Transporte e Infraestructura, Hacienda y Crédito Público, Defensa y Trabajo, la última aún en funciones dentro de la dictadura sandinista.

Al igual se encuentran tres viceministros o que lo fueron: Hacienda y Crédito Público, Energía y Minas, e Interior.

Entidades privadas y públicas

En la lista de entidades privadas o empresas, un total de 15, las últimas fueron las mineras chinas y otras nicaragüenses relacionadas con el régimen. Se trata de Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA) y el Grupo Minero Xiloa SA, así como las asiáticas Thomas Metal SA, Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group SA, Brother Metal SA, Zhong Fu Development SA, Santa Rita Mining Company SA. A todas ellas las relacionó Estados Unidos en complicidad de la confiscación de la que fue objeto la minera canadiense-estadounidense BHMB Mining en el segundo semestre de 2025.

Por esta misma razón, sancionaron a dos abogados; uno de ellos asiático, Feiwu Bian, además dey Nelson Francisco Sobalvarro (representante legal de Comintsa). En la lista de este último paquete se encuentra Santiago Hernán Bermúdez Tapia, viceministro de Energía.

Anteriormente sancionaron a Bancorp, Inversiones Zanzibar, Servicios de Protección y  Vigilancia S.A. (Alias «El Goliat»), Difuso Comunicaciones SA, Mundo Digital SA, Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna), Comintsa y Capital Mining Investment Nicaragua.

Alcaldes, diputados y altos funcionarios

Tres alcaldes no escaparon a las medidas estadounidenses: Sadrach Zeledón Rocha (Matagalpa), Leónidas Nicolás Centeno Rivera (Jinotega) y Francisco Ramón Valenzuela Blandón (Estelí). El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y los diputados Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado y Edwin Ramón Castro Rivera, este último jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el Parlamento.

Otros directivos de instituciones gubernamentales han sido el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes; el fallecido presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto José Rivas Reyes, el único al que sancionaron bajo la Ley Global Magnitsky, aprobada por EEUU en 2016 para incluir a personas involucradas en masivas violaciones a los derechos humanos.

Lista de sancionados nicaragüenses por Estados Unidos (2017 – 2026)

La Casa Blanca sancionó también en los últimos años, especialmente después de 2018 cuando estallaron las protestas masivas que la dictadura reprimió con fuerza letal, a entidades públicas. Hasta ahora se trata de cinco en total: Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP-Petronic), Policía Nacional de Nicaragua, Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), Ministerio Público (Fiscalía), Dirección General de Minas, que pertenecía al Ministerio de Energía y Minas, pero que el régimen adscribió recientemente a la Procuraduría General de Justicia.

Jueces y policías no se han librado

Los jueces tampoco han quedado por fuera de las sanciones. Dos de ellos por el despojo de la nacionalidad a 94 nicaragüenses y expulsar del país a 222 exprisioneros políticos, a los que también desnacionalizaron. Se trata de quien fue presidente del Tribunal de Apelaciones de Distrito de Managua, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, y el magistrado y que presidió de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Ernesto Rothschuh Andino. Ambos son ahora magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Al igual la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, quien condenó al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, lo expulsó del país y lo desnacionalizó.

Los comisionados generales de la Policía Nacional de Nicaragua tampoco se han salvado. La lista la integran: Aldo Martín Sáenz Ulloa, Ramón Antonio Avellán Medal, Justo Pastor Urbina, Juan Antonio Valle Valle. Además de Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, jefe de la Policía de León.

De organismos de Inteligencia resaltan Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad y espionaje de la dictadura Ortega-Murillo; Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército; Julio Modesto Rodríguez Balladares y Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, generales de brigada del Ejército y directivos del IPSM; Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, mayor general del Ejército y jefe del Estado Mayor; y Leonel José Gutiérrez López, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército.

Dos de los personajes de mayor confianza de la dictadura y en especial de Rosario Murillo, que figuran como principales ejecutores de la represión ordenada desde El Carmen forman parte de los sancionados. Son, Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de justicia; y Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, pero al que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos Sobre Nicaragua (GHREN) identificó como parte de la política represora dentro y fuera del país a partir de 2018.

Qué instancia ha emitido las sanciones

De los 87 sancionados, 81 fueron designados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC, por sus siglas en inglés), dos de ellas por el Departamento de Estado y cuatro con el uso de la Ley Global Magnitsky.

El Tesoro estadounidense se ampara en varias órdenes ejecutivas: la 13818, por corrupción y violaciones a derechos humanos y la 13851por violaciones a los derechos humanos. Mientras que el Departamento de Estado ha empleado la sección 7031(c)(1)(A) por corrupción significativa en el caso de Ileana Patricia Lacayo Delgado de Rivas, esposa del fallecido presidente del Tribunal Electoral, Roberto José Rivas Reyes, el primer sancionado.

Igualmente, el jefe de la diplomacia norteamericana designó a Luis Roberto Cañas Novoa, viceministro del Interior, fue sancionado el 18 de abril pasado bajo la sección 7031 (c) del Departamento de Estado por violaciones a los derechos humanos.

Entre los últimos sancionados están los directivos de la Unidad de Análisis Financiero Aldo Martín Sáenz Ulloa, quien además es comisionado de la Policía; y Denis Membreño Rivas, mayor retirado del Ejército que está al frente de este despacho que usó la dictadura para eliminar la personería jurídica a miles de organizaciones no gubernamentales en el país bajo la excusa de terrorismo.

La dictadura dice que son sanciones contra el pueblo

Desde que inició la imposición de sanciones, la dictadura sandinista ha acusado a Estados Unidos y a otros países de «atentar contra el pueblo». La propaganda oficial sostiene que al designar a funcionarios, empresas, instituciones y operadores económicos del régimen, y bloquearles el acceso al sistema financiero internacional, se castiga directamente a los nicaragüenses.

El régimen y su maquinaria judicial incluso han condenado por «traición a la patria» a decenas de opositores por pedir sanciones contra los cómplices de la dictadura y contra los ejecutores de la represión.

No obstante, el consolidado elaborado a partir de las listas oficiales muestra otra realidad: las sanciones no están dirigidas contra la población, sino contra figuras vinculadas al poder político, policial, militar, judicial, económico y familiar del régimen Ortega-Murillo.

En la lista aparecen funcionarios señalados por represión, operadores judiciales que participaron en condenas y destierros, mandos policiales, estructuras empresariales vinculadas al círculo gobernante, entidades usadas para administrar recursos estratégicos y los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ninguno de estos casos corresponde a servicios básicos de los que dependa directamente la vida diaria de la ciudadanía.