Régimen pide $687,710 al Fondo Verde pese al despojo ambiental que ejecuta
El régimen de Daniel Ortega pidió $687,710 al Fondo Verde para fortalecer su política climática, mientras en Nicaragua persisten denuncias por despojo de territorios indígenas y afectaciones a los bosques.
La nueva propuesta, por 687,710 dólares y 24 meses de ejecución, está orientada a capacitar funcionarios, elaborar instrumentos de política climática y mejorar la capacidad del Estado para diseñar proyectos que puedan acceder a más financiamiento internacional.
Las autoridades responsables identificadas en el documento son la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia (SCCP) y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA).
Ambas entidades están representadas ante el Fondo Verde por Javier Gutiérrez Ramírez, ministro del MARENA y secretario de Cambio Climático, en calidad de punto focal principal, acompañado por Vanessa Molina Cruz, directora de Proyectos del MARENA, como contacto secundario. Mientras que la ejecución del proyecto serán responsabilidad del Global Green Growth Institute (GGGI).
La solicitud resulta llamativa por el contraste entre lo que el régimen promete ante el Fondo. La propuesta habla de fortalecer la protección ambiental, los conocimientos climáticos y la participación de sectores vulnerables, mientras organismos internacionales continúan documentando despojo territorial, concesiones mineras sin consulta y violencia contra comunidades indígenas.
El antecedente del régimen
El principal antecedente que el régimén tiene con el Fondo Verde es Bio-CLIMA, un proyecto de 116.6 millones de dólares destinado a reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las reservas de Bosawás y Río San Juan.
El Fondo Verde canceló ese proyecto en marzo de 2024. La decisión estuvo relacionada con incumplimientos de las políticas y procedimientos del Fondo sobre salvaguardas ambientales y sociales.
La cancelación se produjo después de una denuncia presentada ante el mecanismo independiente de rendición de cuentas del FVC por posibles afectaciones a pueblos indígenas y afrodescendientes. El caso nicaragüense, identificado como C-0006, fue cerrado después de la investigación y el proyecto terminó en julio de 2023, según el registro del propio mecanismo.
El régimen respondió entonces acusando al Secretariado del Fondo de actuar de manera «no transparente» y «no ética» y rechazó la cancelación del programa.
Ahora, sin que ese historial haya desaparecido, Nicaragua presenta una nueva solicitud de preparación ante el mismo organismo.
Una millonada para preparar más proyectos
La propuesta no busca financiar directamente reforestación, restauración de bosques o protección de comunidades. El dinero pretende fortalecer las capacidades del Estado para formular políticas y proyectos climáticos.
El documento identifica cinco obstáculos: conocimientos limitados para diseñar proyectos y acceder a financiamiento, capacidades técnicas insuficientes, falta de una estrategia climática de largo plazo, ausencia de una plataforma amplia de capacitación y poca integración del cambio climático en la educación.
Entre las actividades previstas están capacitaciones a funcionarios sobre los criterios de inversión del Fondo Verde, talleres sobre adaptación, mitigación, pérdidas y daños, transparencia climática y seguimiento de la política nacional de cambio climático.
También contempla elaborar una hoja de ruta para una estrategia climática de largo plazo, revisar la contribución nacional de Nicaragua ante Naciones Unidas y desarrollar materiales técnicos para distintos sectores.
El proyecto incluye además una plataforma educativa en línea para funcionarios, estudiantes y empresas, así como intercambios con otros países de América Latina.
Choca con la realidad ambiental
La propuesta sostiene que Nicaragua necesita fortalecer sus instituciones para cumplir sus compromisos climáticos. Sin embargo, el deterioro ambiental que afecta a comunidades indígenas continúa.
Un informe de la CIDH recomienda al Estado suspender la aprobación y entrega de concesiones mineras, forestales, ganaderas y de monocultivos en territorios indígenas y afrodescendientes hasta garantizar procesos de consulta previa, libre e informada.
Un monitoreo de Artículo 66 indentifica 83 lotes mineros que afectan directamente a 18 territorios indígenas y afrodescendientes, con una extensión de más de 1,276,347.36 hectáreas.
A esto se suma el encarcelamiento de ocho guardabosques mayangnas que, según la Fundación del Río, cumplen condenas por su labor de defensa territorial frente a invasores y actividades extractivas.
Indígenas aparecen como beneficiarios.
Demanera contradiuctoria, la propuesta incluye a pueblos indígenas y afrodescendientes dentro de los grupos que deberían beneficiarse de las políticas climáticas. También menciona derechos sobre la tierra y participación de comunidades en algunos materiales y procesos de capacitación.
Pero el documento no identifica a organizaciones indígenas concretas como participantes en el diseño de la solicitud.
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