Organizaciones internacionales en alerta por las «acciones represivas» del régimen de Nicaragua que «trascienden las fronteras del país» 

La organización de derechos humanos Raza e Igualdad, a través del Colectivo 46/2, coalición dedicada a monitorear la implementación de las 14 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua; denunció ante la comunidad internacional el asesinato del mayor en retiro del Ejército, Roberto Samcam, ocurrido en Costa Rica, y exigió protección inmediata para los exiliados nicaragüenses.

El organismo calificó el asesinato como un crimen con «fundadas sospechas» de que tenga un carácter político y con posibles vínculos transnacionales, debido al perfil de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió.

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«Este crimen debe analizarse e investigarse como parte de una estrategia más amplia de represión transnacional impulsada por el régimen nicaragüense para perseguir y silenciar a la disidencia fuera de sus fronteras, en abierta violación de los derechos humanos de las personas refugiadas y exiliada», alertaron las organizaciones en un comunicado.

Samcam, de 66 años, se exilió en Costa Rica en 2018 tras denunciar que el Ejército era un pilar fundamental del terrorismo de estado aplicado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde su destierro, denunció una red de espionaje contra opositores refugiados, y en febrero de 2023 fue despojado de la nacionalidad nicaragüense junto a otros 94 ciudadanos; posteriormente obtuvo la nacionalidad española.

Documentación de represión transnacional

En el texto, el Colectivo 46/2 también alertó sobre una escalada de la represión transnacional contra los opositores nicaragüenses, señalando casos anteriores, como los dos atentados que sufrió Joao Maldonado, el hallazgo sin vida del opositor Rodolfo Rojas en Honduras en 2022 y el asesinato de Jaime Luis Ortega en Upala en 2024.

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«Las acciones represivas del Gobierno trascienden las fronteras del país y afectan a personas opositoras o percibidas como tal en el exterior. El Gobierno también ha continuado atacando a familiares de opositores dentro de Nicaragua, incluyendo niños, por simple asociación, como una forma de castigar a los opositores y disuadirlos de hablar dondequiera que se encuentren».

Demandas a la comunidad internacional

Ante la gravedad de estos crímenes, el colectivo hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que exija al Estado de Nicaragua el cese inmediato de toda forma de persecución, vigilancia y violencia dirigida contra la disidencia fuera de sus fronteras.

Entre las peticiones, exigen que el reciente asesinato sea investigado como un delito político, dadas sus posibles ramificaciones transnacionales. Asimismo, instaron a proteger a los nicaragüenses en el exilio, reforzando los mecanismos de seguridad en los países que los han acogido.

El colectivo también demanda que la comunidad internacional refuerce el apoyo político, técnico y financiero a los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos en el exilio. Finalmente, hicieron un llamado a garantizar la justicia y la verdad a través del seguimiento de casos por parte de organismos independientes.