Perfil | Roberto Samcam: del Ejército sandinista a una muerte con sicarios en el exilio

El asesinato de Roberto Samcam este 19 de junio en Costa Rica ha puesto de manifiesto la compleja realidad de la disidencia nicaragüense. Samcam, mayor retirado del Ejército de Nicaragua, tuvo una vida marcada por un giro radical: sus inicios fueron con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y como miembro de las fuerzas castrenses, pero posteriormente fue una de las voces más críticas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Durante los últimos años, Samcam se había convertido en un referente para quienes han mostrado una posición frontal en contra del régimen. En diversas entrevistas y publicaciones, denunció lo que él consideraba «una secta criminal y terrorista» y cómo el ejército de Nicaragua se había convertido en un «pilar fundamental de un terrorismo de Estado».
Aunque emergió a la palestra pública de Nicaragua como una figura asociada al sandinismo, donde desempeñó cargos clave en diversas unidades militares, su ruptura con Daniel Ortega y Rosario Murillo se hizo evidente y notoria a partir de la crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua en abril de 2018. Este periodo marcó un antes y un después en su posición política.

Las jornadas de represión, según sus propias declaraciones, lo llevaron a desmarcarse de lo que él consideraba como una organización distanciada de los principios del sandinismo.
El exilio de Roberto Samcam
Roberto Samcam Ruiz era el segundo de cuatro hermanos. Nació el 1 de noviembre de 1958 en Jinotepe, Carazo. Tras sufrir persecución y asedio, se exilió de manera forzada en Costa Rica en agosto de 2018. Desde allí, intensificó su activismo y recurrentemente opinaba y denunciaba los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua por la administración Ortega-Murillo.
En varias ocasiones, calificó al gobierno de Nicaragua como «una dictadura que ha traicionado los ideales de la revolución» y a la pareja presidencial como «usurpadores del poder».
Durante los últimos años, Samcam Ruiz criticó duramente los procesos electorales en Nicaragua. «Debemos profundizar la vía cívica con el apoyo de la comunidad internacional para restablecer los derechos y garantías democráticas, para que la gente pueda salir a la calle, que haya libertad de prensa y se restaure la libertad de expresión», dijo en 2021 durante una entrevista publicada por el diario El Comercio de Perú.
El 15 de febrero de 2023, a Samcam le fue retirada su nacionalidad nicaragüense junto a un grupo de más de 90 desnacionalizados por el régimen de Nicaragua. Un año antes, publicó su libro «Ortega, el Calvario de Nicaragua», donde narraba parte de su experiencia como perseguido político.
Durante una de sus últimas entrevista a Artículo 66, Samcam manifestó tener aun la esperanza de que se hiciera justicia a todas las víctimas de la dictadura. «Queda resistir, mantener la memoria de los caídos, la justicia va a llegar, va a llegar a Nicaragua, no sé cuando, pero sí va a llegar. Los regímenes tienen fecha de caducidad, no son eternos y hay que prepararse para eso».
Su asesinato en Costa Rica ha generado consternación en la comunidad nicaragüense y en organismos internacionales, que lo consideran una víctima más de la persecución política que ha marcado los últimos años en Nicaragua.
Su voz desnudando los crímenes del Ejército
Durante más de cinco años de exilio en Costa Rica, el mayor Samcam se convirtió en una de las voces más lúcidas, documentadas y contundentes contra la participación del Ejército de Nicaragua en la represión que siguió al estallido social de abril de 2018. Su formación dentro del Ejército Popular Sandinista, su experiencia como oficial de artillería y su vinculación posterior con espacios democráticos de oposición le dieron una autoridad singular al momento de desmenuzar la cadena de mando y el operativo militar oculto tras la violencia estatal.
Samcam denunció que la represión fue también parte de una operación militar encubierta, diseñada con precisión y ejecutada con armas de guerra. Denunció ataques ordenados desde el poder político y ejecutados con logística, armamento y personal proporcionado por el Ejército de Nicaragua. Fue uno de los primeros analistas en afirmar que los crímenes cometidos en Jinotepe, Diriamba y otras ciudades durante la llamada «Operación Limpieza» fueron crímenes de lesa humanidad, al involucrar armamento de uso exclusivo militar y la participación activa de estructuras militares y paramilitares coordinadas.
«Los RPG-7, las PKM, los Dragunov, los M-16 que se usaron en Carazo no están en ninguna armería, están en las bodegas del Ejército. Y si salieron de ahí, es porque alguien con grado las autorizó», advertía Samcam en una entrevista que brindó a este medio en el 2023. En los espacios públicos en los que hablaba, Samcam detallaba cómo altos mandos del Ejército permitieron y facilitaron el uso de esas armas por parte de civiles armados al servicio del régimen, y cómo las cadenas logísticas y operativas evidenciaban una participación institucional deliberada. «Esas armas salieron de las bodegas del Ejército», acusó directamente.
Señaló directamente a la jefatura militar —encabezada por el general Julio César Avilés— como subordinada a los intereses del poder político, y como ejecutora de una estrategia de represión sistemática. Afirmó que oficiales en activo y retirados no solo consintieron el traslado de armas, sino que también entrenaron y dirigieron células parapoliciales, a menudo disfrazadas de fuerzas espontáneas del FSLN.
«Lo que ocurrió en 2018 fue una operación militar camuflada de restauración del orden. Pero cuando usás lanzacohetes y francotiradores contra civiles, eso ya es terrorismo de Estado», dijo en una de sus últimas apariciones. Esa claridad lo convirtió en blanco de amenazas y ataques directos. En múltiples ocasiones denunció seguimientos, hostigamiento y presiones, tanto en Nicaragua como desde su exilio en Costa Rica.
Roberto Samcam fue uno de los pocos militares nicaragüenses que rompió el pacto de silencio institucional. Su voz sirvió para documentar y contextualizar lo que diversos organismos internacionales, como la ONU y la CIDH, han calificado como crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega-Murillo. Su asesinato ocurrido en su casa, en el reparto Moravia, en San José, Costa Rica, ha conmocionado a los opositores y refugiados que viven en este país, donde ya antes habían ocurrido otros atentados contra opositores.

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