Monteverde pide a Estados Unidos frenar deportaciones de exiliados nicaragüenses

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), conocida como Monteverde, plataforma opositora en el exilio, hizo un llamado este 3 de junio al gobierno del presidente Donald Trump para que detenga las deportaciones de exiliados nicaragüenses bajo riesgo de ser retornados a un país gobernado por una dictadura acusada de crímenes de lesa humanidad.

La organización respaldó públicamente la iniciativa impulsada por la congresista republicana María Elvira Salazar, quien ha propuesto al Ejecutivo estadounidense considerar mecanismos de protección migratoria como la Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés) para miles de solicitantes de asilo nicaragüenses que llegaron al país huyendo de la represión.

En su comunicado, Monteverde expresó: «La CDN solicita al presidente Trump y su administración su intervención en un asunto de gran urgencia y sensibilidad humanitaria: proteger a los exiliados nicaragüenses que han buscado refugio en los Estados Unidos bajo el estatus de parole humanitario y otras vías legales».

Noticia relacionada: Estados Unidos ha deportado a más de 1,500 nicaragüenses en 13 vuelos en lo que va de 2025

La plataforma opositora subrayó que «Estados Unidos es una nación comprometida con los derechos humanos y un bastión de esperanza para quienes huyen de la persecución y la violencia», y recordó que «la dictadura Ortega Murillo es señalada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de cometer crímenes de lesa humanidad, incluidos torturas sistemáticas, persecución política y represión extrema contra disidentes; el propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha reconocido la gravedad de la situación de Nicaragua».

Frente a este contexto, la organización demandó a las autoridades estadounidenses que «exploren opciones que aseguren la protección de estos exiliados, incluyendo la Salida Forzosa Diferida (DED), como lo ha propuesto la congresista de la Florida, María Elvira Salazar».

«Sabemos que la suspensión temporal de las deportaciones aliviaría el sufrimiento de muchos nicaragüenses que desean regresar a su país, pero deben esperar a que se instaure la democracia y exista un Estado de derecho que les permitan un regreso seguro», concluyó Monteverde.

El pronunciamiento se produce al mismo tiempo que las comunidades exiliadas en Estados Unidos han entrado en un proceso de temor por la persecución y las nuevas disposiciones migratorias anunciadas por el gobierno de Donald Trump, que contemplan una posible revisión del parole humanitario y la aceleración de procesos de deportación contra quienes no cuenten con protección legal vigente o no logren demostrar temor creíble.

Un total de 1,546 ciudadanos nicaragüenses han sido deportados desde Estados Unidos hacia Managua en lo que va del año 2025, según confirmó a Artículo 66 un funcionario del gobierno estadounidense. Las deportaciones se han realizado mediante 13 vuelos directos entre el 20 de enero y el 31 de mayo, marcando una continuidad en las políticas migratorias restrictivas que impactan a miles de exiliados y solicitantes de asilo.

De acuerdo con la información oficial, en enero aterrizó un solo vuelo con deportados; en febrero fueron dos; en marzo, otros dos; en abril llegaron tres vuelos más, y en mayo se registró el mayor número hasta ahora, con cinco vuelos cargados de nicaragüenses devueltos a su país de origen.

La fuente del gobierno estadounidense también confirmó que desde febrero de este año, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha rechazado ni impedido el ingreso a ninguno de los deportados enviados en estos vuelos.

Sin embargo, familiares de deportados en Nicaragua han expresado temor por las represalias que enfrentan algunos al llegar al país. En varios casos, los ciudadanos repatriados han sido retenidos hasta por una semana, sometidos a interrogatorios e incluso amenazados por funcionarios del Ministerio del Interior y la Dirección General de Migración. Les advierten que no deben involucrarse en ninguna actividad opositora ni dar declaraciones públicas. Luego, como método de vigilancia e intimidación, las autoridades los escoltan hasta sus casas, lo que representa no solo una advertencia directa, sino también una forma de mantenerlos bajo constante monitoreo.