Estados Unidos ha deportado a más de 1,500 nicaragüenses en 13 vuelos en lo que va de 2025

Un total de 1,546 ciudadanos nicaragüenses han sido deportados desde Estados Unidos hacia Managua en lo que va del año 2025, según confirmó a Artículo 66 un funcionario del gobierno estadounidense. Las deportaciones se han realizado mediante 13 vuelos directos entre el 20 de enero y el 31 de mayo, marcando una continuidad en las políticas migratorias restrictivas que impactan a miles de exiliados y solicitantes de asilo.

De acuerdo con la información oficial, en enero aterrizó un solo vuelo con deportados; en febrero fueron dos; en marzo, otros dos; en abril llegaron tres vuelos más, y en mayo se registró el mayor número hasta ahora, con cinco vuelos cargados de nicaragüenses devueltos a su país de origen.

La fuente del gobierno estadounidense también confirmó que desde febrero de este año, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo «no ha rechazado ni impedido el ingreso a ninguno de los deportados» enviados en estos vuelos.

Las cifras de 2025 reflejan una presión creciente sobre las comunidades migrantes nicaragüenses en Estados Unidos, muchas de las cuales huyeron de la represión política, la falta de libertades civiles y la crisis económica. Pese a que un número significativo de solicitantes de asilo ha logrado obtener estatus temporales, como el parole humanitario o el TPS (Estatus de Protección Temporal), otros continúan expuestos a procesos de detención y deportación, incluso cuando sus casos aún no han sido resueltos por los tribunales de inmigración.

Defensores de derechos humanos han denunciado que en muchos de estos casos no se garantiza el debido proceso ni se evalúan adecuadamente los riesgos de persecución que enfrentan los deportados al regresar a Nicaragua. Para quienes son considerados opositores políticos, líderes sociales o periodistas, volver a Managua puede significar represalias, vigilancia o incluso encarcelamiento.

La información compartida por el funcionario estadounidense no especifica el perfil de los deportados ni el porcentaje de personas que podrían haber tenido solicitudes de asilo pendientes, pero sí refleja el volumen sostenido de repatriaciones y el papel activo que sigue teniendo el gobierno de Daniel Ortega en recibir a sus ciudadanos, aún cuando muchos de ellos se fueron huyendo de su régimen.

Ortega ofrece «brazos abiertos» a deportados, pero con filtros e interrogatorios

En una alocución televisiva la noche del lunes 2 de junio, el dictador Daniel Ortega se refirió públicamente al ingreso de nicaragüenses deportados desde Estados Unidos y aseguró que su régimen los recibe con «los brazos abiertos». Según Ortega, a estas personas se les da atención médica, alimentación y transporte estatal hasta sus comunidades de origen.

«Han estado ingresando en vuelos y aquí se les atiende. Lo primero que hacen es examinarlo, cómo viene el estado de salud. Se les alimenta allí en migración y luego se les traslada a su casa. Entonces, si la casa de ellos está allá en Guaspán, en Quilalí, allá llega, allá llega el Ministerio del Interior a entregárselos a la familia», dijo Ortega en su intervención.

Posteriormente, lanzó una recomendación directa a los migrantes: «Les decimos a los hermanos, no se les ocurra ahorita intentar regresar de nuevo. Sí, no se les ocurra regresar a los Estados Unidos de nuevo porque eso es un terror el que hay. Lo más doloroso es el sufrimiento de las madres y los niños. Cuántas imágenes salen todos los días. Nuestra solidaridad con todas esas familias que se encuentran en los Estados Unidos perseguidas. Nuestra solidaridad con los que han regresado a Nicaragua, que han logrado retornar a Nicaragua y decirles siempre, esta es su tierra, esta es su patria y aquí podrán trabajar en paz».

Pese al discurso oficial, Ortega no especificó cuáles oportunidades laborales existen en un país con altos índices de desempleo, pobreza e informalidad, y donde la inversión extranjera directa ha caído drásticamente por la falta de institucionalidad, las sanciones internacionales y el cerco represivo que asfixia al sector privado.

Además, aunque el régimen no ha rechazado los vuelos de deportación enviados desde Estados Unidos en 2025, tampoco se limita a recibir de forma pasiva a los ciudadanos repatriados. Fuentes de Artículo 66 han documentado que el Ministerio del Interior ha ejecutado interrogatorios arbitrarios y amenazas contra algunos de los deportados que participaron en las protestas de 2018.

Uno de estos casos es el de una joven de 24 años originaria de Chinandega, quien fue deportada en uno de los vuelos recientes. La muchacha, que formó parte de las manifestaciones opositoras, fue detenida por las autoridades migratorias a su llegada a Nicaragua y permaneció bajo interrogatorio durante una semana. Posteriormente fue liberada, pero recibió amenazas explícitas de represalias si llegaba a involucrarse en cualquier actividad contraria al régimen.

La joven dio su testimonio de manera breve y con temor, sin brindar mayores detalles. Su caso, sin embargo, refleja lo que diversas organizaciones de derechos humanos han venido denunciando: que los retornos forzados a Nicaragua bajo el control del régimen orteguista no son una garantía de paz ni de reintegración, sino una extensión del sistema de vigilancia, intimidación y castigo instaurado desde 2018.