Régimen de Ortega y Murillo libera a 1,700 presos comunes y mantiene en la cárcel a más de 100 presos políticos, algunos desaparecidos

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberó este sábado 4 de mayo a 1.700 presos comunes bajo el régimen de convivencia familiar, en un acto oficial realizado en el Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa y replicado en otras cárceles del país. La excarcelación, anunciada previamente por Murillo el 25 de abril, fue presentada como parte de la conmemoración oficialista del llamado «Día de la Dignidad Nacional».

Sin embargo, mientras se conceden beneficios legales a personas condenadas por delitos como robo, violencia intrafamiliar y tráfico de drogas, más de 100 presos políticos continúan encarcelados en Nicaragua, muchos de ellos en condiciones inhumanas y algunos en situación de desaparición forzada, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.

Entre los liberados, según el Ministerio del Interior (MINT), se encuentran 159 mujeres y 1.541 hombres, distribuidos en distintos centros penitenciarios: 606 en Tipitapa, 300 en Matagalpa, 274 en Granada, 154 en Chinandega, 111 en Juigalpa, 97 en León, 84 en Estelí y 74 en Bluefields.

La titular del MINT, María Amelia Coronel Kinloch, afirmó que la orden de liberar a estos reos fue una instrucción directa de los «copresidentes», como denomina el régimen a Ortega y Murillo. «Queremos que tengan una mejor y mayor vida», declaró Coronel, pidiendo a los excarcelados y sus familias disciplina y responsabilidad.

Más de 52 mil presos comunes liberados desde 2015

Con esta nueva excarcelación de 1.700 reclusos, el régimen de Ortega y Murillo acumula un total de 52.664 presos comunes liberados en los últimos diez años. Según declaraciones oficiales ofrecidas el pasado 14 de febrero, cuando se liberaron otros 2.000 reos, entre el 2015 y el inicio de 2025 ya se habían otorgado medidas de convivencia familiar a 48.964 personas condenadas por delitos comunes.

Las excarcelaciones masivas han sido recurrentemente utilizadas por el régimen como parte de sus actos oficiales o en fechas simbólicas para el oficialismo. Sin embargo, han sido también cuestionadas por víctimas de delitos y por organismos que critican el uso político de estas liberaciones.

Una reincidencia del 7.18 %: ¿cuántos han delinquido de nuevo?

En febrero de este año, Rosario Murillo aseguró que, de los 48.964 liberados hasta ese momento, solo el 7.18 % había reincidido en delitos, es decir, aproximadamente 3.516 personas. Si se aplica este mismo porcentaje a los 52.664 liberados hasta el 4 de mayo, el número estimado de reincidentes alcanzaría los 3.794 individuos, aunque el régimen no ha proporcionado datos detallados sobre los delitos en que habrían reincurrido ni las medidas adoptadas.

Presos políticos y hasta desapariciones

Mientras el régimen hace gala de su política de reinserción para los presos comunes, más de un centenar de presos políticos continúan en las cárceles del país, bajo condiciones de aislamiento, tortura, incomunicación o con paradero desconocido. Algunos, como los exaspirantes presidenciales, líderes campesinos, religiosos, defensores de derechos humanos y periodistas independientes, permanecen encarcelados sin juicio o en condiciones degradantes, lo que ha sido denunciado como crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales como el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU.

El contraste entre la masiva excarcelación de reos comunes y la persecución sostenida contra voces disidentes refuerza las denuncias sobre la manipulación del sistema judicial y penitenciario por parte del régimen Ortega Murillo. Organizaciones como el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas han alertado además que algunos presos de conciencia han sido trasladados a lugares desconocidos, sin contacto con sus familiares ni abogados, lo que configura una forma de desaparición forzada.

El régimen insiste en presentar estas liberaciones como una muestra de benevolencia y reconciliación, pero las estadísticas y testimonios reflejan una estrategia de doble rasero, en la que se otorgan beneficios a reos comunes mientras se reprime con severidad a quienes expresan pensamiento crítico o luchan por la democracia.