El 14 de febrero, la dictadura nicaragüense, a través del Ministerio del Interior, liberó a dos mil presos comunes que pasaron al régimen de convivencia familiar. Esos ciudadanos habían sido condenados por delitos como robo, violencia intrafamiliar y tráfico de drogas.
«Hoy (14 de febrero) dos mil hermanos, dos mil familias fueron beneficiadas con el retorno de sus parientes a sus casas, a sus hogares, luego de haber aprendido tanto, porque aquí en el Sistema Penitenciario Nacional hay cursos de todo tipo que preparan a las personas para defenderse en la vida nueva que emprenden», celebró la vocera gubernamental y segunda al mando en Nicaragua, Rosario Murillo.
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Sin embargo, parte de esos liberados podrían volver a incurrir en delitos. En la comunicación del 14 de febrero, Murillo reconoció que de los más de 48,000 nicaragüenses liberados en la última década, de 2015 a 2025 bajo su administración, el 7.18% ha reincidido en la actividad delictiva. Es decir, que 3,515 exconvictos delinquieron por segunda ocasión, entre estos abusadores, otros denunciados por intento de femicidio y algunos señalados por robo.
«De los 48 mil 964, casi 45 mil personas, el 7.18%, en 10 años, porque esta política de retorno a la familia, de convivencia familiar, inició en el 2015; solo el 7.18% han reincidido, gracias a Dios por tanta bendición”, remarcó la vicedictadora sin especificar cuáles delitos que más han cometido.
En respuesta a las críticas de organizaciones de la sociedad civil que cuestionan estas liberaciones, Murillo, confrontativa, reiteró: «Y para los que tanto hablan, 7.18% son las personas que han reincidido en actividad delincuencial, desde el año 2015 hasta hoy 14 de febrero del 2025. Estamos hablando de que 43 mil 697 personas pasaron a convivencia familiar, esos son los varones y 4 mil 367 mujeres, 48 mil 964 personas en estos 10 años, de las cuales el 7.18% ha reincidido en alguna actividad delictiva, gracias a Dios».
Con ello, el régimen minimiza el incremento de la delincuencia. Un analista político bajo anonimato, consultado por Artículo 66 tras la viralización de videos relacionados a robos en Nicaragua, refirió que las masivas liberaciones de reos comunes, que el régimen de Ortega saca de las cárceles sin que estos cumplan sus respectivas condenas por delitos comunes que cometieron, también son parte de los factores que aumentan los niveles de inseguridad, resaltando que «muchos de ellos salen a reincidir, provocan desconfianza y temor entre la gente».
Por su lado, la activista y analista política Alexa Zamora insistió en que «hay que hacer una lectura minuciosa sobre bajo qué condiciones estas personas son liberadas». Recalcó que es posible que esos liberados bajo perdón presidencial sean integrados posteriormente como «policías voluntarios».
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«Esta liberación de dos mil reos comunes mientras se mantiene presos a 47 personas por el simple hecho de tener opiniones, por tener ideas diferentes al oficialismo, ser disidentes de las políticas oficialistas, es un crimen peor que cualquiera que se pueda cometer, según la visión de la dictadura», sostuvo Zamora.
En los últimos tres años, de 2022 a 2024, el gobierno sandinista ha despejado las cárceles de delincuentes comunes. En 2022 otorgó 4,850 indultos; para 2023, a 7,630 y en 2024 alcanzó el récord de 9,200 liberados.
Sin embargo, en las cárceles de la dictadura hay más de 40 personas en calidad de presos políticos por ser críticos a su gestión.
