La vocera del régimen de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció este mediodía, a través de su acostumbrada alocución en los medios oficialistas, que la dictadura de Daniel Ortega liberará a 1,700 presos comunes de los distintos centros penitenciarios del país, bajo el argumento de garantizar «convivencia familiar» en ocasión del llamado “Día de la Dignidad Nacional”.
Murillo detalló que la liberación de estos reclusos, que incluye a 159 mujeres y 1.541 hombres, se efectuará el próximo domingo, cuatro de mayo. Según explicó, la medida tiene como propósito brindar una «oportunidad para una vida nueva» y «una vida comprometida con el trabajo, la seguridad y la paz».
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«Todos los seres humanos somos dignos y tenemos derecho a nuevos caminos, a rectificar errores, conductas y emprender nuevos caminos, asegurando el trabajo, asegurando la paz, asegurando la armonía en nuestra Nicaragua bendita», expresó Murillo durante su intervención.
Los liberados provienen de diversos penales del país, incluyendo 606 internos del Sistema Penitenciario de Tipitapa, 300 de Matagalpa, 274 de Granada, 154 de Chinandega, 111 de Juigalpa, 97 de León, 84 de Estelí y 74 de Bluefields.
Calla sobre presos políticos y desapariciones
Mientras el régimen anuncia la liberación masiva de presos comunes, alrededor de 100 prisioneros políticos permanecen en las cárceles del país, sin que Murillo haya hecho mención alguna sobre su situación. Entre ellos, varios están en condición de desaparición forzada, luego de que sus familiares y abogados han denunciado meses de incomunicación absoluta, sin acceso a visitas ni información sobre su estado de salud.
La decisión de excarcelar a reclusos comunes contrasta con la política de represión y encarcelamiento sostenido contra opositores, activistas, defensores de derechos humanos, líderes religiosos y periodistas críticos al régimen.
Impacto en la inseguridad ciudadana
La liberación masiva de presos comunes también ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad nicaragüense. Organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y expertos en seguridad ciudadana han alertado sobre los riesgos que implica esta práctica recurrente impulsada por el régimen de Ortega.
En informes recientes, se ha advertido que varios de los beneficiados por estas medidas de excarcelación han sido procesados por delitos graves, incluidos casos de violencia intrafamiliar, robos agravados, abusos sexuales y homicidios.
De hecho, la propia Policía Nacional, en un reporte divulgado semanas atrás, reconoció que al menos el 8 % de los excarcelados reinciden en la comisión de delitos. Algunos casos documentados incluyen agresores que, tras ser liberados, terminaron completando los crímenes por los cuales inicialmente fueron detenidos.
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Analistas de seguridad han señalado que estas liberaciones incrementan la sensación de inseguridad en las comunidades y debilitan la confianza ciudadana en el sistema de justicia penal. Asimismo, han denunciado que el régimen utiliza estas medidas para proyectar una imagen de “humanismo” mientras persiste en el encarcelamiento de presos políticos bajo condiciones inhumanas.
El anuncio de Rosario Murillo se produce en un contexto de creciente crítica internacional contra el régimen de Nicaragua por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y represión contra toda forma de disidencia.
