Cómo el Ejército dirigió la represión en Nicaragua: armas, inteligencia y ejecuciones extrajudiciales
- Un informe revela que las fuerzas armadas suministraron armas, inteligencia y entrenamiento a la Policía y grupos paramilitares
Un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU confirma la participación del Ejército de Nicaragua en la represión de las protestas que estallaron en abril de 2018, desmintiendo la versión oficial del régimen de Daniel Ortega, que ha asegurado que los militares se mantuvieron al margen del conflicto.
El documento, presentado en Ginebra este miércoles, sostiene que el Ejército no solo intervino de forma directa en la represión de manifestantes, sino que también suministró armamento de uso exclusivo militar, inteligencia y entrenamiento a la Policía Nacional y a grupos paramilitares para sofocar el levantamiento cívico. Además, detalla que hubo ejecuciones extrajudiciales, un uso letal de francotiradores y un trabajo coordinado entre los altos mandos militares, la Policía y el aparato de seguridad estatal para desarticular la resistencia ciudadana.
Este hallazgo sitúa a la institución castrense como un pilar fundamental en la estrategia represiva del régimen de Ortega y Rosario Murillo, lo que podría derivar en investigaciones internacionales por crímenes de lesa humanidad.
Pieza clave en la represión estatal
Desde 2018, el Ejército de Nicaragua ha mantenido públicamente un discurso de neutralidad, asegurando que su labor se ha limitado a la protección de infraestructuras estratégicas. Sin embargo, el informe de la ONU documenta pruebas que desmontan esta versión y revelan su involucramiento directo en la represión.
El Grupo de Expertos detalla que las fuerzas armadas, bajo el mando del general Julio César Avilés, proporcionaron armamento militar a la Policía y a grupos paramilitares, realizaron operaciones de inteligencia para identificar y perseguir a manifestantes, y adiestraron a civiles afines al régimen en tácticas de combate urbano. Estas acciones fueron ejecutadas con el propósito de garantizar la permanencia de Ortega y Murillo en el poder y reprimir cualquier intento de resistencia social.
«El Ejército de Nicaragua participó activamente en la represión de 2018 y cometió ejecuciones extrajudiciales, aunque haya declarado públicamente que su papel durante la crisis se limitó a proteger activos estratégicos», señala el informe. La ONU concluye que la institución castrense no actuó como un ente neutral, sino que desempeñó un rol operativo crucial en la consolidación del aparato represivo estatal.
Reunión del 20 de abril de 2018: la orden de «neutralizar» manifestantes
Uno de los aspectos más reveladores del informe es la confirmación de una reunión secreta celebrada el 20 de abril de 2018, apenas dos días después del estallido de las protestas, en la que mandos militares habrían recibido instrucciones para reprimir violentamente a los manifestantes.
Según los expertos de la ONU, en ese encuentro participaron oficiales del Comando de Operaciones Especiales del Ejército, así como las direcciones de Doctrina y Enseñanza, Inteligencia Militar, Contrainteligencia y Personal. Durante la reunión, el mayor general Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor, leyó una orden presidencial en la que se instruía a los jefes de las unidades militares a «neutralizar» la protesta social, bajo el argumento de que se trataba de un intento de «golpe de Estado» promovido por fuerzas opositoras.
La directriz, según el informe, marcó el punto de inflexión para la entrada abierta de militares en el conflicto. De hecho, desde ese momento el Ejército intensificó sus operaciones conjuntas con la Policía Nacional y grupos paramilitares, utilizando estrategias propias del combate militar para aplastar la resistencia ciudadana.
El comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, habría autorizado la ejecución de estas órdenes a sabiendas de que implicarían la muerte de civiles. La ONU destaca que la represión no fue una respuesta improvisada, sino parte de una estrategia deliberada diseñada desde la cúpula del poder, con Ortega y Murillo al frente, para aplastar el movimiento de protesta.
Coordinación con la Policía y grupos paramilitares
El informe también detalla que el Ejército actuó en estrecha coordinación con la Policía Nacional y estructuras parapoliciales, fusionando sus recursos y estrategias para maximizar el impacto de la represión.
Entre las acciones documentadas en el informe se incluyen:
• Suministro de armamento y municiones de uso exclusivo militar a la Policía y a grupos paramilitares.
• Operaciones conjuntas de inteligencia para identificar, perseguir y capturar a opositores.
• Entrenamiento táctico y militar a civiles afines al régimen, incluidos miembros de la Juventud Sandinista.
• Despliegue de personal militar encubierto, operando bajo apariencia de policías o civiles, para reforzar a las fuerzas represivas en el terreno.
• Uso de francotiradores del Ejército, coordinados con unidades especiales de la Policía, para disparar con la intención de matar a manifestantes.
Según el informe, estas tácticas demuestran que la represión no solo fue planificada y sistemática, sino que tuvo un alto nivel de letalidad, lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad.
Altos mandos militares responsables
El informe también señala con claridad a la cúpula militar como responsable de la represión y señala los nombres de los oficiales que jugaron un papel clave en las operaciones:
Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército: Autorizó la participación del Ejército en la represión y permitió la entrega de armas a fuerzas paramilitares.
Bayardo Rodríguez Ruiz, Jefe del Estado Mayor: Leyó la orden presidencial para «neutralizar» a los manifestantes y coordinó las operaciones con la Policía Nacional.
Rigoberto Balladares Sandoval, Jefe de la Dirección de Información para la Defensa: Encargado de la inteligencia militar y de vigilar a opositores dentro y fuera del país.
La ONU subraya que todos estos oficiales continúan en sus cargos y mantienen su lealtad absoluta a Ortega, lo que refleja la consolidación del Ejército como un brazo represivo al servicio del régimen.
El Ejército en la represión posterior a 2018
El informe también denuncia que la participación del Ejército en la represión no se limitó a 2018, sino que se intensificó en los años siguientes con tareas de vigilancia, persecución y destierro de opositores.
Desde 2019, el Ejército ha estado involucrado en:
• Expulsiones forzadas de opositores y presos políticos, como la deportación de los 222 desterrados en febrero de 2023 y los 135 exiliados en septiembre de 2024.
• Control de aeropuertos y fronteras para impedir el retorno de nicaragüenses considerados enemigos del régimen.
• Supervisión de la «policía voluntaria», un cuerpo creado en 2025 con miles de exmilitares y expolicías encargados de reforzar la represión interna.
Posibles consecuencias internacionales
El informe de la ONU abre la puerta a que la comunidad internacional tome medidas contra los altos mandos del Ejército nicaragüense. En particular, el principio de jurisdicción universal podría permitir que otros países inicien procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.
Además, la ONU ha instado a la comunidad internacional a reforzar sanciones individuales contra los responsables de la represión y a explorar mecanismos de justicia internacional, como un posible caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Mientras tanto, el régimen de Ortega se mantiene hermético, reafirmando su confianza en Avilés y el alto mando militar, lo que sugiere que el Ejército seguirá siendo un pilar fundamental en la maquinaria represiva del Estado.
Con este informe, la ONU coloca a la cúpula castrense bajo el escrutinio global, abriendo una nueva fase en la búsqueda de justicia para las víctimas de la represión en Nicaragua.
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